La farsa del Sistema Anticorrupción en Morelos

Controlar las instituciones públicas que auditan y castigan la corrupción en una de las acciones prioritarias para los gobernadores y diputados locales. No importa si hay que eliminar y crear nuevamente las instituciones, no importa si hay que invertir más en el congreso, no importa si hay que violar la ley.

El Sistema Anticorrupción de Morelos está compuesto por titulares de 8 instituciones públicas que son: Instituto de Transparencia (IMIPE), Comité de Participación Ciudadana (CPC), Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), Contraloría de Cuernavaca, Contraloría del Gobierno estatal, Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Fiscalía Anticorrupción y Tribunal Superior de Justicia (TSJ). La autonomía o independencia en las decisiones de cada una de ellas es una farsa. Para ello, hay que revisar los antecedentes:

Los Comisionados del IMIPE son elegidos por las cuotas y cuates de los partidos políticos en el Congreso, hasta ahora con afiliación al PRD, PRI y PAN como la actual comisionada. Al llegar a sus cargos pagan favores a los legisladores contratando a familiares o renta de inmuebles como oficinas de la institución. Hoy el IMIPE navega en la inoperancia, con una Comisionada que miente en el atraso de los recursos de revisión, que no hace nada por transparentar el uso de recursos en la contingencia, que gasta recursos en hamburguesas y helados, que ha dejado olvidadas las denuncias por incumplir en la publicación de información de la Plataforma Nacional de Transparencia y que detesta el gobierno abierto. Ahora encuentra respaldo en los aliados del ejecutivo.

El Comité de Participación Ciudadana surgió de una necesidad de representación ciudadana, que finalmente terminó representándose así mismo por cuatro de los cinco comisionados, Roberto Coranguez y Edgar López con su propuesta (opaca) de terna para el Secretario Técnico y Penélope Picasso con Alejandro Enríquez quienes traicionaron sus propios principios y palabras para actuar al igual que Roberto y Edgar, engañando a la única comisionada (Juana Damiana Herrera) que ha defendido la transparencia en el CPC. Si ya habían manifestado su postura de transparencia, quién o qué los hizo cambiar de opinión.

La Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización que ha sido destruida y creada en dos ocasiones (2008 ASG y 2015 ASF) para ajustarse a los intereses de los gobernadores en turno, apoyados por los legisladores locales (propuesta de la Dip Lucía Meza 25 feb 2015 para extinguir la Auditoría Superior de Fiscalización y crear la ESAF). Hoy está capturada desde el Congreso y el ejecutivo en la figura de su presidente Alfonso Sotelo y aliados, con 18 meses sin titular. Mientras la Auditoría Federal estima que se pueden recuperar en Morelos más de 14 mil millones de pesos de los últimos 20 años, la auditoría local ha dejado que prescriban auditorías millonarias y no da muestras de transparencia y profesionalismo.

Para autorizar la aprobación del legislativo de permitir la llegada de César Santana Nava en la Contraloría estatal fue necesario que los legisladores “violaran la constitución”. En el periódico oficial Tierra y Libertad número 5643 del 17 de octubre de 2018 puede corroborarse que el hoy secretario de la Contraloría no cumple los requisitos del artículo Constitucional 84 bis que dice: “deberá contar con cinco años de experiencia en materia de control, auditoría financiera y de responsabilidades …” El currículum público y el que se encuentra en el mismo periódico, dan muestra que César Santana no cuenta con la experiencia señalada en la constitución, pero tuvo la suerte de ser el Titular de la Unidad de Transparencia de Cuernavaca en la administración del hoy gobernador. El 2019 fue el año con menos sancionados (en los últimos 8) por la contraloría, con tan solo una persona sancionada.

El Tribunal de Justicia Administrativa lo mismo que la Fiscalía Anticorrupción fueron creados y asignados de forma opaca por la 52 legislatura. El 10 de junio de 2015, de forma anticipada al mandato federal, Lucía Meza y Javier Bolaños presentaron una iniciativa (hecha por Graco Ramírez) para la creación del Sistema Anticorrupción y logrando el reparto de cargos dos días antes de concluir su legislatura. Así en el Tribunal de Justicia Administrativa llegaron aliados del PRD y PAN, en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, fue designado Juan Salazar Núñez, ex Consejero Jurídico de Graco Ramírez y quien muy probablemente redacto la creación del Sistema Anticorrupción, para continuar hoy por varios años más en el cargo y con un claro conflicto de interés con el ex Gobernador y compañeros de gabinete. Recordamos también que incluso eligieron un Comité de Participación Ciudadana que fue eliminado porque se realizó de forma indebida a lo aprobado a nivel nacional.

El Tribunal Superior de Justica ha demostrado su división al interior, se han denunciado ineficiencias, nepotismo y corrupción al interior del Poder Judicial, que hoy se mantiene inoperante e impune.

¿Cómo puede creerse el combate a la corrupción en Morelos? ¿Cómo puede creerse la autonomía y profesionalismo de las instituciones? La aplicación de la Ley parece aplicarse solo contra quienes no estén en el Poder en turno, a favor de quien controla los recursos.

Ningún partido, gobernante y legislador ha aceptado el daño que le causan a la sociedad con el reparto de cargos, se dicen diferentes y resultan peores, buscan controlar los organismos de auditoría y sanción para cubrir su corrupción, la de sus amigos y aliados. Hoy el Sistema Anticorrupción está dividido en dos bloques, los elegidos en tiempos de Graco y los que respaldan desde el Congreso y el Ejecutivo. Así, seguirá siendo una farsa el combate a la corrupción. ¡Pobre Morelos!