Juego de Manos - Tik Tok vs. El Capitolio

Tik Tok acaparó los reflectores cuando su CEO, Shou Zi Chew, compareció ante el comité del Congreso de los Estados Unidos, en torno al destino y resguardo de los datos que las y los usuarios comparten con la plataforma; así como la permanencia o prohibición de la plataforma a partir de la opinión de las y los legisladores.

En el marco del juicio, un conglomerado de creadoras y creadores de contenido de esta plataforma se manifestaron a las afueras del Capitolio, para abogar en favor de la aplicación. Con pancartas enfocadas en las virtudes que ha brindado esta red social en sus vidas, llamaron a la no prohibición de esta herramienta tecnológica.

Como ya es costumbre en los juicio que llaman (o que se pretende que llamen) la atención de los medios de comunicación, el CEO de la aplicación china emitió un comunicado a través de Tik Tok previo y posterior a su comparecencia donde, aunado a una declaración pública de su postura, aprovechó para emitir un mensaje contraargumentativo a los señalamientos que se han emitido hacia su empresa, principalmente respecto a la seguridad de los datos de las y los usuarios. Ello, en un tono amigable y casual.

A todo esto, ¿qué podemos rescatar de este acontecimiento? Primero, que como ya hemos visto en otros procesos judiciales y comparecencias, la contienda por la opinión pública juega un papel importante en la resolución del conflicto en favor de una u otra parte. Si bien no podemos asegurar que la opinión pública tiene la última palabra sobre el resultado de estos procesos, sí podemos dar por hecho que el acceso a más tecnologías de comunicación y público hace posible ejercer presión sobre los temas en la agenda. En otras palabras, los juicios se luchan al interior y exterior de la sala. 

Visto desde esta trinchera parecería sencillo abogar por la injerencia de la sociedad en la resolución de asuntos judiciales, vaya, la defensa de una aplicación que probablemente utilizamos y que nos entretiene podría escudarse bajo el derecho a la libertad de expresión; pero, ¿qué ocurre cuando se ejerce una presión social en escenario que generan debate? Por ejemplo, cuando un grupo social se manifiesta por la libertad de personas acusadas de delitos graves, con la motivación de los apoyos que ella ha brindado a la comunidad . La presión social puede parecer atractiva, pero es un error pensar que el pueblo es siempre sabio.

Finalmente, como tema aparte, es interesante observar la brecha digital y la desventaja que implica el desarrollo tecnológico hacia las generaciones de edad avanzada. La acelerada evolución, obsolescencia y surgimiento de nuevas herramientas implica un desafío importante para las personas no nativas o no usuarias, lo que pone en riesgo la oportuna actualización de marcos normativos y el análisis de la tecnología que surge. La correcta asesoría es imperativa.

¿Reinserción social?

En las últimas semanas han llamado la atención dos casos particulares de violencia entre jóvenes, los cuales vale la pena analizar para, posteriormente, hacer una reflexión respecto a los tiempos en que vivimos, y el camino sobre el que estamos caminando como sociedad. Vamos por partes.

Hace un par de semanas surgió un video en redes sociales en el que se observa a un grupo de estudiantes del Colegio de Bachilleres de Chihuahua que hacen bullying a uno de sus compañeros en el baño de la escuela. La víctima, que se encuentra dentro de espectro autista, es sujeto de insultos y agresiones física.

En la inmediatez, llama la atención que a partir de estos lamentables hechos fueron identificados 3 de los atacantes, quienes serán reprendidos con sesiones de terapia psicológica, aunque se asegura que podrían ser acreedores de otras sanciones (al momento en que se escribe este apartado, eso es un contundente “vemos”).

Por otro lado, a finales del mes de febrero, dos mujeres estudiantes de la Escuela Secundaria No. 518 —anexa a la Normal de Teotihuacán, Estado de México— se dieron cita para un enfrentamiento a golpes. Norma Lizbeth, quien había sido víctima de agresiones de bullying y hostigamiento, acudió a la convocatoria de una de sus compañeras, así como estudiantes de su escuela que alentaron el conflicto.

El video del enfrentamiento se hizo público y se puede apreciar como la atacante agrede a Norma con una piedra y, al finalizar el enfrentamiento, ella está sangrando. Hasta ahí, la pelea podría ser parte de la cotidianidad; no obstante, hace una semana surgió la noticia de que, a partir de las heridas de aquel combate (específicamente una lesión cráneo encefálica) Norma perdió la vida.

Ante ello, la comunidad digital clamó justicia por Norma Lizbeth y responsabilizó a padres de familia y personas trabajadoras de aquel plantel educativo por no haber contenido los actos de violencia y hostigamiento. La joven agresora ha sido detenida y podría enfrentar una pena de hasta 5 años de prisión por sus actos. Ante esta noticia, las redes se enardecieron al considerarla una pena muy “blanda”. 

Si bien es comprensible la expectativa de un castigo duro como consecuencia de actos inadmisibles, surge la pregunta sobre el resultado que podría tener el encarcelamiento de la menor de edad, que podría resultar en una reforma negativa, una agudización de su mala conducta que podría llevarle a cometer más delitos una vez fuera de las rejas. Sin tener un sistema de reinserción social efectivo, las cárceles son espacios de profesionalización y formación de redes delincuenciales, incapaces de cumplir su cometido de reformar para bien la conducta de las personas que ingresan. 

Por cierto

El senador morenista y presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Alejandro Armenta, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 94 de la Constitución, con la finalidad de que las y los integrantes del poder judicial sean sometidos al voto popular, de acuerdo con lo establecido dentro de la ley electoral.

Para comprender la motivación de esta iniciativa hay que tener presente el contexto en el que suscita. El presidente de la República (y, por ende, el partido en el poder) ha cuestionado en repetidas ocasiones el papel de la recientemente electa ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña; y ha sostenido una pugna con motivo del Plan B electoral —posicionado en la agenda opositora bajo la frase de “El INE no se toca”— que recientemente fue suspendido de manera indefinida por la máxima corte del país, a lo que el Ejecutivo Federal respondió que está es parte de la mafia del poder.

La iniciativa difícilmente logrará concretarse debido a que, para aprobar una reforma constitucional, es necesario (para empezar) contar con el voto afirmativo de dos terceras partes de Congreso de la Unión, algo sumamente difícil en el presente y que se complicará día con día, con la agudización de las divisiones oficialistas-opositoras —en la cual la SCJN representa, mediáticamente, un contrapeso importante para Palacio Nacional— y el acercamiento del proceso electoral 2024, que debilita el poder de las y los hoy protagonistas de la política nacional.

El tiempo erosiona:

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