GUARDERÍA ABC. Un caso de impunidad

El 5 de junio de 2009, mientras las y los niños dormían la siesta en la Guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, un corto circuito inició un incendio en una bodega contigua que era arrendada por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora. Con el papel archivado y el material altamente inflamable del que estaba hecho el techo, el incendio pronto se extendió hacia la guardería. Rápidamente, todas las instalaciones se llenaron de calor y de humo denso y tóxico que produjo una oscuridad casi total. Como consecuencia de estos hechos, fallecieron 49 niños y niñas y 104 resultaron lesionados.

Para investigar estos hechos; el 6 de agosta de 2009, el Pleno de la Suprema Corte (SCJN) decidió ejercer la facultad de investigación (hoy extinta) que estaba prevista en el artículo 97, segundo párrafo, de la Constitución Federal, y que permitía a la SCJN revisar hechos que constituyeran graves violaciones a los derechos humanos. Para tal efecto, las y los ministros aprobaron un protocolo de investigación y comisionaron a dos magistrados para que hicieran la investigación y les presentaran un informe preliminar de lo ocurrido. Luego, designaron al Ministro Arturo Zaldivar, tan sólo a tres meses después de haber llegado a la Corte, para elaborar el proyecto de dictamen de la facultad de investigación sobre estos hechos. La decisión de la SCJN no tenía efectos vinculantes, pero permitía a la SCJN investigar los hechos e identificar a los responsables de violaciones graves de derechos humanos.

En el proyecto de dictamen de la facultad de investigación que derivó de estos hechos el Ministro Ponente Arturo Zaldivar denuncio la existencia de un desorden generalizado en las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y propuso atribuir responsabilidad a las autoridades que no cumplieron con sus obligaciones de implementar medidas doblemente reforzadas para proteger a las niñas y niños que estaban en la Guardería ABC -bajo el cuidado del Estado- el día del incendio. En la propuesta, enfatizó la responsabilidad de los altos mandos de los tres niveles de Gobierno por las fallas estructurales de las instituciones que propiciaron que esta tragedia alcanzara la magnitud que tuvo. Señalo el Ministro que en los asuntos previos en los que la Corte había ejercido su facultad de investigación realmente no se le había dotado de contenido.

Claro estaba que la SCJN no asumía el costo político de adjudicar responsabilidades. Por ello, a partir de este caso, fue muy incómodo para las altas autoridades dejar esta facultad en manos de la Suprema Corte, tanto así que ya no cuenta con esa potestad. Lo que propuso el Ministro Arturo Zaldivar fue que la Corte analizara y determinara si derivado de la violación grave de los derechos humanos había una responsabilidad: no penal, administrativa o civil, sino política, constitucional y ética. A su parecer, correspondía a la Corte ejercer el rol como garantes supremos de los derechos consagrados en la Constitución, señalar a las autoridades involucradas y reprochar firmemente la comisión de las violaciones a los derechos humanos de estos niños y niñas, lo que debería tener consecuencias en la trayectoria pública de los funcionarios. Sin embargo, el término ética propuesto por el Ministro Arturo Zaldivar causó polémica entre sus compañeros y compañeras porque no se entendió como una ética laica que deriva de los principios derivados de la Constitución.

Lamentablemente por mayoría de ocho votos, se decidió no aprobar la propuesta para definir la naturaleza de la facultad de investigación, lo que en opinión del Ministro Ponente impactó negativamente el alcance del dictamen de la Suprema Corte, pues suavizó la censura de las omisiones de las autoridades y obstaculizó la necesidad urgente de adoptar medidas para la no repetición de tragedias como ésta. Así las cosas el proyecto planteaba que había un desorden generalizado en el otorgamiento, operación y vigilancia del sistema de guarderías subrogadas del IMSS, que explicaba en gran medida lo acontecido en la Guardería ABC. Las irregularidades encontradas en el otorgamiento del contrato de dicha guardería, así como en su operación y supervisión eran similares a las encontradas en la mayoría de las guarderías subrogadas del IMSS.

Esta tragedia ocurrió en la Guardería ABC, pero podría haber ocurrido en cualquier otra, pues en adición al desorden no existían controles para garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes, especialmente las de protección civil. Las conclusiones del Ministro Arturo Zaldivar tenían un sustento robusto en los hechos identificados por los magistrados de la Comisión Investigadora, quienes llevaron a cabo una auditoría jurídica a todas las guarderías y una inspección ocular a un número representativo conforme a una muestra estadística elaborada por diversos peritos, concluyendo que únicamente 14 contratos de 1,480 satisfacían todos los requisitos que las normas exigían y sólo 0.3% cumplía con los requisitos para su funcionamiento. Además, de los resultados de la Comisión se advertía que las irregularidades eran o debían haber sido del conocimiento del Instituto y, específicamente, que la vigilancia y supervisión del cumplimiento de las medidas de protección civil fue un aspecto olvidado por las autoridades. Estos datos coincidían con las observaciones que después hizo la Auditoría Superior de la Federación al IMSS en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 2008.

En específico, la Guardería ABC carecía de los elementos de seguridad requeridos por las leyes. Era, en pocas palabras, un establecimiento improvisado. Por ello, en cuestión de minutos se convirtió en un infierno que acabó con la vida de 49 niños y niñas. La guardería estaba situada junto a una vulcanizadora, a 43 metros de una gasolinera y formaba parte de una nave industrial que estaba dividida por un muro con orificios. De un lado estaba la bodega arrendada por la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora y del otro lado estaba la guardería. El techo de la bodega se comunicaba con el de la guardería. En la bodega, supuestamente, se almacenaban placas, pero en realidad también archivaban toneladas de papel. Además, el material del techo el mismo que el de la bodega era altamente inflamable.

Por otra parte, las salidas de la guardería estaban bloqueadas con muebles, no eran lo suficientemente amplias, tenían mecanismos de cerradura o abrían hacia adentro, lo que dificultó su uso en las condiciones de la emergencia. Tan es así que muchos niños y niñas tuvieron que ser evacuados por boquetes que hicieron las y los vecinos en las paredes de la guardería. Ninguna autoridad verificó el cumplimiento de las disposiciones relativas a la constitución de unidades internas ni la aprobación de programas internos de protección civil. Esta acumulación de riesgos no prevenidos ni detectados por las autoridades provocó que el incendio se propagara rápidamente hacia la guardería; que no se pudiera hacer un rápido rescate; que más de 200 niños y niñas y sus familias vivieran un horror que pudo y debió haberse evitado. Por estos lamentables hechos, en el proyecto que presento el Ministro Ponente al Pleno de la Corte, proponía atribuir responsabilidad constitucional a varios servidores públicos, con especial énfasis en los altos mandos de los tres niveles de gobierno, a saber, el Director General del IMSS, al Gobernador del Estado de Sonora y el Presidente Municipal de Hermosillo. Eran ellos los responsables con forme a la Norma de implementar políticas efectivas que tuvieran como objetivo verificar el cumplimiento de todos los requisitos legales, incluidos las medidas de seguridad y protocolos de actuación relacionados con el sistema de guarderías, con la finalidad de salvaguardar la vida de las niñas y los niños.

Esta injusticia quedó impune desde el punto de vista legal, ya que solamente los niveles más modestos de la cadena de mando fueron señalados como responsables.

Otro hecho lamentable es que con estos actos investigados por la Corte, provocaron que el poder político lograra derogar el 10 de junio de 2011 la facultad de investigación de la Corte y trasladar este mecanismo de control constitucional a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.[1]