Serpientes y escaleras - Uriel Carmona

Las alarmas se han encendido en la fiscalía estatal; su titular está en la mira de la FGR.

Uriel Carmona

Una vez más el Fiscal General de Morelos se encuentra en el ojo del huracán, de nueva cuenta es acusado, aunque esta vez se le atribuyen delitos del orden federal, por lo cual la Fiscalía General de la República ha iniciado una investigación en su contra. El congreso de la unión ha recibido la solicitud de Declaración de Procedencia con el objeto de retirarle el fuero para poder procesarlo; el aludido no ha dicho nada al respecto.

Pongamos en contexto las cosas: el Fiscal General del Estado de Morelos Uriel Carmona Gándara fue nombrado por la Legislatura 53, su nombre surgió de una terna enviada al congreso local por el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu; unos meses antes ese mismo abogado recibió del jefe del ejecutivo la patente de una notaría y al tiempo de ser designado fiscal general por nueve años, nombró a Juan Salazar Núñez como titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la corrupción.

El nombramiento de los dos fiscales al final del sexenio perredista provocó molestia en distintos sectores de la sociedad, porque se interpretó como una manera de proteger a Graco Ramírez; había razones para considerarlo así, ambos abogados tenían fuertes compromisos con el tabasqueño: Uriel Carmona acababa de recibir la titularidad de una notaría seis de la primera demarcación notarial del estado en tanto que Juan Salazar Núñez fungió como consejero jurídico del gobierno justo antes de ser nombrado fiscal anticorrupción.

Pero la incomodidad por tales nombramientos no se basaba solo en la cercanía personal e intereses que compartían los abogados con el gobernador Ramírez Garrido: antes de ser designados, el congreso morelense de mayoría perredista reformó las leyes para proteger a ambos personajes de cualquier intento de removerlos del cargo. En el caso del titular de la FECC, incluso, los diputados omitieron definir la forma como este podría ser relevado del cargo.

Lo ocurrido en Morelos con la designación de dos súper fiscales al final del gobierno estatal es lo mismo que hicieron otros gobernadores, como Javier Duarte en Veracruz; la estrategia fue evidente: con fiscales a modo el gobierno saliente protegía al gobernador y a sus funcionarios de cualquier intento de procesarlos, situación que ha quedado de manifiesto a dos años de que comenzó la administración de Cuauhtémoc Blanco.

El propio Andrés Manuel López Obrador criticó desde sus mañaneras estas designaciones e hizo hincapié que se trataba de acciones indebidas; la autonomía otorgada a las fiscalías no tenía como objetivo fortalecer la procuración de justicia, sino garantizar la impunidad de las administraciones salientes. “Es una burla” dijo el presidente de México en una de sus conferencias.

La lucha del gobierno de Cuauhtémoc Blanco contra los fiscales ha sido ardua desde el principio; en repetidas ocasiones han buscado la manera de removerlos del cargo, pero nunca han logrado los votos necesarios para hacerlo. Desde que inició la legislatura la bancada de Morena se opuso tajantemente y hasta la fecha esa corriente política se ha ocupado de proteger al fiscal a pesar de que por sus resultados ha quedado de manifiesto que Uriel Carmona Gándara no está a la altura del encargo.

La operación para sostener políticamente al Fiscal General de Morelos no es exclusiva de los actores locales, el titular de la FGE mantiene una estrecha relación con el subsecretario de gobernación Rabindranath Salazar Solorio y es desde esas oficinas, dicen, que se continúa operando para evitar su remoción.

Sin embargo lo que se dio a conocer esta semana camina por una vertiente distinta a lo antes visto; detrás de la actuación de la Fiscalía General de la República aparecen las manos de algunos actores políticos, pero la forma como se está llevando el tema hace pensar que habría elementos de tipo penal y acciones fuera de la ley que colocarían al fiscal morelense en una lógica distinta a la que hemos podido ver hasta ahora.

Localmente algunos diputados han denunciado que dentro de la Fiscalía General del Estado de Morelos se están cometiendo actos ilícitos, refieren que se brinda protección a grupos criminales y que además existe una investigación que tiene que ver con el robo de autos. La sorpresiva aparición de una agente del Ministerio Público Federal adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas muestra que el tema que los mueve va más allá de las grillas políticas locales.

El objetivo de la FGR, dice la agente Montserrat Marilú Reyes González es que el Congreso de la Unión declare la procedencia en contra del Fiscal Uriel Carmona Gándara para de esa manera proceder penalmente en su contra; añade que la petición deriva de las investigaciones que realizan a partir de las denuncias que han presentado, lo cual expondría que las autoridades federales ya tienen elementos de prueba para actuar penalmente en contra del fiscal morelense.

Vale la pena recordar que hace menos de dos meses el columnista Héctor de Mauleón publicó en su columna de El Universal la historia de un celular asegurado al líder del cártel de Los Rojos, Santiago Mazari Miranda alias El Carrete; según lo expuesto por el periodista el dispositivo contenía 11 mil 699 mensajes de audio, los cuales incluían conversaciones entre Mazari con diversos de sus colaboradores y autoridades federales, estatales y municipales.

“El celular quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado, que lo conserva como evidencia. Inexplicablemente dicha evidencia que podría desentrañar la red de vínculos que el líder de Los Rojos estableció con el poder político en Morelos y Guerrero permanece bajo llave: el fiscal Uriel Carmona lo conserva en un cuarto de evidencias” dice De Mauleón.

Parte de las acciones que el Fiscal General de Morelos llevaría a cabo desde su oficina para proteger a su anterior jefe Graco Ramírez, cuentan, sería precisamente evitar que se conocieran las presuntas redes de complicidad que hubo entre algunos grupos criminales y la administración estatal pasada. A eso se referiría el periodista de El Universal.

Sobre el procedimiento que sigue la Fiscalía General de la República ante la cámara federal de diputados hay que tomar en cuenta lo siguiente: el objetivo de la FGR es que se le retire el fuero al fiscal de Morelos para poder actuar penalmente en su contra por un delito federal, sin embargo es importante hacer notar que el fiscal NO tiene fuero. En el catálogo de servidores públicos federales que tienen fuero en materia penal NO están incluidos los fiscales estatales y ni el artículo 111 de la Constitución Federal ni el 136 de la Constitución de Morelos confieren fuero al Fiscal General de Morelos.

A partir de ello lo que puede suceder es que el Congreso de la Unión deseche la petición de la Fiscalía General de la República por considerarla improcedente, en cuyo caso la FGR judicializaría de inmediato el caso y solicitaría la aprehensión del funcionario morelense.

Los problemas en los que se encuentra metido Uriel Carmona Gándara son muy serios y van de lo político a lo judicial; su pleito con el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo tiene como origen la supuesta protección que él y el fiscal Juan Salazar Núñez otorgan a ex funcionarios del sexenio pasado, pero lo que estaría armando la FGR en su contra iría más allá de un conflicto político y podría colocarlo en una situación sumamente delicada con consecuencias muy graves.

Dos frentes tiene abiertos el fiscal Carmona: el político, que resulta de la protección que Juan Salazar brinda a los graquistas y el penal, cuyos alcances no están a la vista, pero podrían situarlo en un escenario con derivaciones desastrosas.

• posdata

Fue hasta el tercer año legislativo que los diputados morelenses pudieron aprobar en tiempo y forma el paquete económico estatal; por primera vez en lo que va del sexenio la administración de Cuauhtémoc Blanco y la de los 36 alcaldes de Morelos podrán arrancar el año sin tener que recurrir a la normatividad presupuestal del año anterior.

No fue fácil que el parlamento sacara adelante este tema, se requirió de un esfuerzo mayúsculo de cabildeo y de la enseñanza a los diputados de parte de la secretaria de Hacienda del gobierno estatal Mónica Boggio, quien durante dos semanas se mantuvo en contacto directo con los legisladores para aclarar dudas, explicar detalles y en algunos casos hacerles entender con peras y manzanas en qué consiste un presupuesto.

Finalmente el barco llegó a buen puerto con resultados satisfactorios; el desgaste de Mónica Boggio Tomazas valió la pena, lo mismo que su inagotable paciencia y tolerancia para tratar y negociar con un congreso que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en cualquier tema y muy poco entienden de finanzas sociales y administración pública.

El 2021 será un año complejo, las perspectivas económicas no son favorables en el país y el gobierno estatal tendrá que echar mano de toda su capacidad para sortear las tormentas económicas que se avecinan. Conseguir que se aprobara el presupuesto en los términos que se hizo sin duda ayudará a que las cosas sean menos complejas.

Dicho sea de paso: lo que en los dos años anteriores no pudieron hacer los estrategas políticos del gobernador ni el experimentado secretario de hacienda anterior, lo consiguió una novel secretaria con paciencia, tolerancia y buenos modos.

Así deberían actuar otros funcionarios.

• nota

Víctor Saucedo Perdomo es un político serio, con experiencia, que se formó a la sombra de la vieja clase política mexicana; entiende el valor de la palabra y sabe utilizar la negociación y el diálogo para sacar las cosas adelante y resolver problemas.

Lo que no domina es lo electoral y la historia lo confirma; tras bambalinas el priísta ha dado resultados a medias, pero manejando una campaña su saldo es catastrófico. Obvio: Víctor Saucedo no es un tipo de buen trato, ni de buen semblante, es buen amigo, pero es necesario tratarlo y conocerlo para llegar a apreciarlo. De botepronto cae mal, su rostro, sus gestos y sus expresiones no le ayudan y casi siempre aleja a cualquiera que intente acercársele.

Víctor Saucedo es mi amigo, lo aprecio y lo conozco, por eso me llamó la atención verlo sentado con el diputado Jorge Argüelles; se trata de dos personajes diametralmente opuestos: Saucedo es un político serio, profesional que viene de abajo, que se formó en la cultura del esfuerzo y conoce bien al estado y a su gente. Argüelles es un junior surgido de la plutocracia que toma la actividad pública como una forma de entretenimiento y desprecia a cualquiera que no vista, calce o se parezca a él. Sin embargo se reunieron.

Entiendo que tras el monumental fracaso electoral del 2018 Víctor Saucedo anda de capa caída y siente que su vida útil en política ha terminado, durante dos años ha rumiado por todos lados los errores del obradorismo sin recordar que en el PRI hicieron cosas similares o peores que él nunca se atrevió siquiera a cuestionar. Tal vez por ello ahora se abarata, acude al llamado de cualquiera y se sienta con cualquier persona, incluidos aquellos a quienes ha tildado de imbéciles y contra quienes lleva dos años despotricando.

Argüelles puede aprender mucho de Saucedo, pero Víctor no sacará nada valioso de una relación así.

Dinero no le hace falta a mi amigo Víctor. ¿Qué hace ahí?

• post it

Así describió hace algún tiempo el presidente Andrés Manuel López Obrador a los fiscales nombrados por los gobernadores salientes:

“Hay algo que se hizo, considero yo de manera indebida: el sexenio pasado se nombraron a fiscales estatales supuestamente autónomos y se nombraron por diez años. Estos fiscales autónomos por diez años no están a la altura de las circunstancias, no quiero generalizar, pero sí hay algunos que no cumplen y como por diez años son intocables… También se crearon las fiscalías anticorrupción y como burla los gobernadores fueron los que pusieron a los fiscales anticorrupción, también por diez años”.

• redes sociales

Juan Pablo Adame difundió un video dirigido al presidente de su partido; ahí expone la situación que vive el panismo local y critica con severidad la actuación de una familia que se ha apropiado del partido y se reparte los mejores cargos, los seguros, sin ningún tipo de pudor.

Lo dicho por Juan Pablo es cierto y no tiene pierde. Su mensaje tendrían que escucharlo los verdaderos penistas… si es que queda alguno en Morelos.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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