Observador político - Revés a la 54 legislatura local

Hoy, la ex presidenta del Congreso del Estado, Beatriz “N”, es prófuga de la justicia porque la acusan de malversar recursos del Congreso por 22 millones de pesos, como lo reconociera el célebre Juan Salazar Núñez, titular de la Fiscalía Especial de Combate a la Corrupción, emitió la "Alerta Migratoria". Sin embargo, tal parece hay línea para ir en contra de quienes no tienen fuerte relación o complicidad con quienes fueron señalados por actos de corrupción y artífices del saqueo financiero del Estado y del poder Legislativo.

Y LOS EX DIPUTADOS CORRUPTOS.- Sin lugar a dudas que la noticia de ayer fue la de la ex legisladora Beatriz "N" quien oficialmente es ya prófuga de la justicia por el delito de peculado, razón por la cual se llevaron a cabo cateos en algunas de sus propiedades aunque no fue localizada.

Sin embargo, todo hace suponer que es un caso mediático que trata de hacer creer que la dependencia de Juan Salazar Núñez ya está trabajando, porque si quien fuera la dirigente estatal de las Mujeres Priistas aparece en cualquier momento con un amparo todo el show habrá concluido y por tanto, en automático estaría en condiciones de seguir su proceso sin que sea aprehendida como se ha querido hacer creer.

Lo cierto, es que sí hay temor de Betty quien ya comprobó que el gobernador no es Graco como se quedó acostumbrada, aunque sabe que el ex mandatario sigue teniendo el control de diversas áreas en las que o la deslindan de toda responsabilidad o la castigan con severidad. Y esto, se verá en los próximos días con los argumentos legales que presentará para enfrentar el juicio que se inició en su contra por el delito de peculado.

Y cuando habló de show político es porque hay muchos políticos más que al parecer, incurrieron en diversos actos de corrupción que superan por mucho los 22 millones de pesos por los que acusan a la ex priista, hoy metida a perredista. Empero, lo triste y preocupante, es que sus nombres no aparecen siquiera en las carpetas de investigación. Lo que es evidente, es que gozan de la protección oficial para no ser siquiera molestados por el daño que le causaron a las finanzas del Estado y al pueblo de Morelos.

¿Y por cierto, quienes son ellos? Bien, durante la peor legislatura como se le consideró a la 53 –la 54 está haciendo méritos para ocupar pronto este nada honroso lugar- se pudo evidenciar los actos desproporcionados y ofensivos que constante y permanentemente cometieron sin que jamás pasara nada. Vivian los días de gloria y poder y consideraban que todo lo ilegal que convertían en algo legal, como las cuentas que se auto aprobaban, las auditorías que jamás se practicaban y autorizaban como realizadas, los pagos a empresas que tampoco liquidaban, los cientos de despidos que hicieron de personal a quienes no les pagaron su sueldo de varias quincenas devengadas y muchos menos la entrega de su respectivo aguinaldo ya ganado y de su finiquito, después de que varios empleados tenían de entre 15 a 20 años laborando. Los cheques que se entregaron prácticamente los 30 diputados por varios cientos de miles de pesos y algunos hasta millones y al final, no pasó absolutamente nada.

LOS POLÍTICOS IMPUNES.- Lo cierto es que Betty “N”, no fue ni será del círculo íntimo y de poder de Graco Luis y su esposa Elena Cepeda, como sí lo fueron y lo siguen siendo varios de quienes se enriquecieron al amparo de la curul que obtuvieron en los últimos tres y de los personajes que integraron el gabinete de la pasada administración perredista. A ellos, no se les busca, menos se les investiga y por consecuencia lógica, se mantendrán tranquilos con el manto protector de la impunidad con la que se manejaron durante varios años en Morelos.

¿Será que la ex diputada del PRI y que luego se pasó al PRD no es de las consentidas de Graco? ¿Acaso su manto protector no llegó con ella cómo si lo hacen con Hortencia Figueroa Peralta, Jaime Álvarez Cisneros, Julio Espín Navarrete y Francisco Moreno Merino, tan sólo por nombrar algunos personajes vinculados con actos de corrupción?

REVÉS AL CONGRESO DE MORELOS.- Los diputados de la 54 legislatura, sobre todas las legisladoras entre ellas Tania Valentina Rodríguez Ruiz, argumentaron una vez que erogaron casos de jubilaciones y “pensiones doradas” que supuestamente se hicieron en medio de actos de corrupción, que no iban a perseguir a nadie y solo estarían a favor de quienes cumplieron con la ley porque quien haya hecho lo contrario, será observador por la justicia.

Acusaron y señalaron al ex secretario de gobierno, Ángel Colín, de quien dijeron apoyó a su esposa para que se beneficiara con una jubilación dorada. La echaron abajo y se vanagloriaron. Fueron días de triunfo.

Lo cierto es que  de las 24 jubilaciones que fueron revocadas varias de ellas ya les dieron palo, entre ellas se encuentran las de Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda; Beatriz Ramírez Velázquez, exsecretaria de Educación; y recientemente, la de Anahí Bahena López, esposa del exsecretario de Gobierno, Ángel Colín López, entre otras. Los diputados adelantaron que procederían legalmente contra los ciudadanos que entregaron falsificación o alteración de documentos oficiales. Falso, no hay nada.

Lo cierto, es que la Justicia federal ampara y protege hoy en día a Denya Flores, luego de que la concesión del amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución de reclamos, consistentes en la denuncia penal y/o procedimiento administrativo que hubiese iniciado en contra de la quejosa, en vistas de que se reclaman pro vicios de inconstitucionalidad que se atribuye al decreto de abrogación de pensión emitido por el congreso local, por lo que al ser inconstitucional también lo son sus consecuencias.

Por lo tanto, con la obtención de la sentencia de amparo cuyo expediente es el 567/2019 que le otorgó el Juzgado 7mo de Distrito, se pone en evidencia una vez más, la ignorancia de las y los señores diputados de la 54 legislatura local. Por tanto, la otorgación del amparo pone de manifiesto que son inconstitucionales todos los actos que se desprendan de la abrogación del decreto así como las  denuncias de los representantes populares que pese a todo, siguen cobrando sus casi 200 mil pesos mensuales.

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