Escala de Grises - Hallazgos

En noviembre del año pasado, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora informó el hallazgo de 16 fosas clandestinas (14, según la versión de la fiscalía) en un poblado de Hermosillo. De acuerdo con las primeras indagatorias, se localizaron 20 cuerpos. Ante tal descubrimiento, las autoridades del estado brindaron acompañamiento al colectivo.

Los restos fueron localizados en diferentes condiciones: cinco cuerpos estaban completos, algunos calcinados y otros en osamenta. También fueron hallados algunos objetos personales, mismos que se fotografiaron y difundieron para agilizar la identificación de las víctimas. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, en todas las fosas se localizaron restos óseos.

Poco más de dos meses después, a través de su cuenta de Twitter, el mismo colectivo informó la localización de un cementerio clandestino en una invasión, también al sur de Hermosillo. Hasta el momento de la publicación (realizada el 31 de enero), las Madres Buscadoras de Sonora encontraron ocho cuerpos, todos masculinos. Hasta el momento, solo uno de ellos fue identificado.

“Seguimos buscando”, escribieron. Además del texto, también compartieron cuatro fotografías en las que podían observarse restos óseos, objetos personales y una pequeña porción del terreno. Gran parte de la poca vegetación sobre el suelo estaba completamente seca, como si se tratara de una metáfora.

Ante ese nuevo hallazgo, personal de la fiscalía estatal acudió al lugar para procesar el área. Dos peritos en criminalística y un antropólogo fueron los especialistas encargados de sumarse a las acciones de búsqueda. Sin embargo, la labor del colectivo se vuelve más complicada con cada paso que avanzan.

En enero del 2022, Cecilia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, decidió enviar un mensaje a los líderes del crimen organizado en el estado. “Yo tengo la necesidad de buscar a mis hijos, por lo cual me veo en la necesidad de pedirles que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen”.

A través de plataformas digitales, Flores Armenta hizo un llamado con mucho respeto a los líderes de los cárteles para que permitan al colectivo seguir localizando a las víctimas que ha dejado la violencia en Sonora. Y es que, como si enfrentarse de frente al horror no fuera suficiente, las Madres Buscadoras son amenazadas de muerte con el objetivo de detener su labor, una labor que el Estado ha sido incapaz de realizar durante años.

“Nosotras no buscamos culpables, no buscamos justicia, lo único que queremos es traerlos de vuelta a casa”. Esa fue la petición de Cecilia, quien salió de su casa con pico y pala para buscar a su hijo, pues las autoridades no le dieron importancia a la búsqueda. También en noviembre de 2021, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) informó un total de 95 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas en México, situación alarmante, por decir lo menos.

Las recomendaciones por parte del CED fueron localizar rápidamente a las víctimas de desaparición forzada, identificar a las personas fallecidas y tomar medidas prontas para investigar todos los casos que se han acumulado. Sin embargo, parece que la [aparente] disponibilidad del Estado para escrutinio y el apoyo internacional no es suficiente.

La impunidad continua y la violencia parece no tener fin ni soluciones concretas. Mientras México se enfrenta a problemas como el aumento diario de desapariciones forzadas y una lista de 52 mil cuerpos no identificados, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana se preocupa más por tipificar como delito la venta de videojuegos a menores de edad.

José Ignacio de Alba, en Ya no somos las mismas y aquí sigue la guerra, recuperó una frase de Martha González, madre de José Luis que resume el infierno que viven todos los días las familias de las víctimas: “Cuando desapareció Luis me enfrenté a cosas que jamás me imaginé, a cosas que no veía ni en las películas, porque en ninguna película he visto yo que vayan madres a rastrar, a escarbar y a sacar cuerpos de fosas clandestinas”.

Y, sin embargo, en México, eso ocurre todos los días. El único amuleto que mantiene de pie a las Madres Buscadoras es el alivio que viene después de encontrar cuerpos y lograr identificarlos. “Su familia por fin tendrá paz”, fue el consuelo que llegó cuando se identificó el primer cuerpo del cementerio clandestino.

Quienes conforman colectivos de búsqueda han tenido que enfrentarse a mucho más que el dolor de no saber en dónde están sus descendientes. La impunidad, la negligencia por parte de las autoridades, las amenazas por parte de grupos criminales y la corrupción son algunos de los problemas estructurales que agrietan el país cada hora de cada día.

¿Cuántas víctimas de desaparición forzada serán necesarias para que las autoridades se involucren en el tema? Porque la cifra casi llega a cien mil y parece que no basta. Las Madres Buscadoras de Sonora y quienes integran los colectivos de búsqueda en diferentes estados de la República han tenido que volverse especialistas en criminalística, peritaje y hasta medicina forense para cumplir con la labor del Estado.

¿Cuántas recomendaciones por parte de organismos internacionales deberá recibir el gobierno para saber cómo actuar? Porque la ONU ha establecido la necesidad de una política nacional de prevención, pero los esfuerzos mínimos realizados por la presente administración [y las anteriores] son más que insuficientes.

¿Cómo puede la existencia de un cementerio clandestino pasar desapercibida por las autoridades del municipio, del estado, del país? Las dudas, como siempre, son interminables. El involucramiento de las autoridades a nivel nacional es urgente no solo para abrir carpetas de investigación, sino para dar seguimiento a las mismas, para dejar de ignorar los más de 95 mil casos que siguen sin resolverse, para las más de 95 mil familias que siguen enfrentándose al horror sin consuelo.

Urge que se implementen mecanismos de protección (efectivos, aunque suene a pleonasmo) para quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas. Resulta imperativo que la violencia y las desapariciones forzadas sean consideradas como prioridad en el discurso gubernamental e institucional.

Hasta encontrarles:

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