Escala de Grises - Evasión de responsabilidades

En opinión de Arendy Ávalos

Escala de Grises - Evasión de responsabilidades

El miércoles 15 de mayo, Anselmo y Maura salieron a trabajar acompañados de Javier, su hijo, un niño de tres años perteneciente a la comunidad Ñuu Savi que sólo sabía comunicarse en mixteco. Mientras sus padres trabajaban como jornaleros en un campo de tomate, el infante los esperaba bajo la sombra de un árbol, donde podía ser perfectamente bien observado.

 

Sin embargo, cuando el reloj marcaba las cinco de la tarde, el niño desapareció. Al notar su ausencia, Anselmo y Maura notificaron a sus compañeros y acudieron a la policía de La Romita para, lamentablemente, ser ignorados por las autoridades que decidieron no emprender la búsqueda del menor.

 

Ante la respuesta de los elementos de seguridad, un grupo de jornaleros comenzó la búsqueda de Javier sin éxito. A pesar de que el 16 de mayo se denunció la desaparición del niño ante la Fiscalía, las personas responsables de lanzar la alerta ámber no lo hicieron como correspondía.

 

La negligencia de la policía y la Fiscalía de Guanajuato ocasionó que la búsqueda de Javier se retrasara por días. No fue hasta el pasado viernes cuando se informó que personal de la dependencia estatal había encontrado restos humanos en una zona cercana al lugar donde el menor fue visto por última vez.

 

Tres días después del hallazgo se confirmó que los restos correspondían al pequeño. La hipótesis compartida por la Fiscalía indica que el niño fue atropellado mientras acompañaba a sus padres en el campo, las heridas fueron tan graves que falleció a causa de ellas. Hasta el momento, no se han difundido más detalles y tampoco se han señalado presuntos responsables.

 

Tal como ocurre en la gran mayoría de los crímenes en México, la desaparición y asesinato de Javier se han convertido en una herida tan dolorosa como esclarecedora sobre el funcionamiento del sistema de justicia en nuestro país, las acciones de las autoridades y la violencia que se padece.

 

Además de evidenciar el completo desinterés de la policía y al fiscalía por hacer bien su trabajo, lo ocurrido con Javier demuestra la falta de compromiso por esclarecer los hechos y encontrar una verdad que no consista únicamente en lavarse las manos y evadir sus responsabilidades.

 

Por otro lado, también es una muestra clara de las condiciones tan precarias bajo las que trabajan los jornaleros. De acuerdo con El País, las personas que trabajan en el campo como Anselmo y Maura tienen un horario de 12 horas de trabajo, sin descanso y sin el apoyo suficiente para que alguien (ni siquiera el Estado) pueda cuidar a sus hijas e hijos.

 

No hay acceso a la educación, no hay actividades recreativas que puedan enfocarse en el cuidado o pleno desarrollo de las infancias, sólo está el campo. Para las niñas y niños ólo está la posibilidad de esperar, mientras sus madres y padres trabajan para recibir salarios ínfimos y condiciones tan inestables como inseguras.

 

Recordemos que, durante los últimos años, Guanajuato se ha convertido en uno de los estados más violentos a nivel nacional; hecho que no puede hacerse a un lado si consideramos las condiciones bajo las que fue encontrado Javier. Su desaparición y posterior asesinato son ejemplos de ello.

 

¿Cómo pudieron atropellar a Javier sin que su cuerpo fuera ubicado durante las jornadas voluntarias de búsqueda? ¿Cómo su cuerpo “apareció” en un campo cercano, como por arte de magia? ¿Por qué la alerta ámber no se lanzó inmediatamente, tal como indica el protocolo para desapariciones de menores de edad?

 

¿Por qué la búsqueda se retrasó tantos días? ¿Qué era lo que las autoridades pretendían evitar? ¿Qué relación tiene el crimen organizado en esto? Esas y otras tantas preguntas giran alrededor de una noticia tan desgarradora que, a pesar de los esfuerzos por parte de la Fiscalía, no se resume en un hecho aislado.

 

Como cada crimen que se comete en nuestro país, el caso de Javier es el punto de encuentro de múltiples violencias sistemáticas que no se están atendiendo, desde la violación a los derechos humanos de las personas jornaleras y la vulneración de los derechos de las infancias hasta la corrupción, negligencia e ineptitud del personal de seguridad para atender las denuncias de la población.

 

Es imperativo que la desaparición y posterior asesinato de Javier se aclaren con verdades más que con hipótesis, que las autoridades responsables tengan un poco de empatía y que empiecen a hacer su trabajo. Urge que el Estado empiece a corregir los errores que se cometen día tras día y que las prioridades sean otras.

 

Hasta que la justicia se haga costumbre:

arendy.avalos@gmail.com

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