Nosotros - Morelos: Entre la justicia y el crimen

Reiteradamente el obispo de Cuernavaca ha llamado la atención sobre la criminalidad que prevalece en el estado. Las cifras, según ha manifestado reiteradamente a la sociedad y al gobierno se han incrementado, sobre todo en el llamado derecho de piso. Ésta de por sí ingrata noticia se multiplica y se torna grave cuando también el magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles declara que existen funcionarios del Poder Judicial vinculados con el crimen organizado.

El asunto por su naturaleza es muy delicado por donde se le mire. Sin la limpieza en la justicia, al pueblo solo queda la revuelta o la justicia de propia mano que es la que ya se mira en algunas partes del país cuando se comienzan a registrar linchamientos de personas que se sospecha cometen delitos. Hay en las calles de Morelos muchas mantas y letreros, con serias advertencias de los ciudadanos medianamente organizados dirigidos a los delincuentes que prometen lincharlos si les sorprenden en los hechos y del dicho al hecho hay poca distancia, sobre todo cuando se sabe de la protección legal al delincuente a través de los derechos humanos y la complicidad u opacidad de los cuerpos policiacos. Este tipo de notas vertidas por el obispo y por el magistrado que por desgracia son reales por venir de personas conocedoras de los problemas sociales solo darán pauta a que la ley del talión sea la única salida que tiene el pueblo para medianamente imponer orden en las calles de colonias, ciudades y pueblos del estado.

Sin la justicia, la responsabilidad del orden recae en el ciudadano que es el tenedor originario del poder público y en general del poder legal que se manifiesta en las urnas en tiempos de elección. No se le está dejando por culpa de los malos gobiernos que tenemos, tanto federal como municipal y en su caso el estatal más que ejecutar de propia mano la justicia que ya no es justicia en manos de los profesionales del derecho que en este caso son los jueces y magistrados interpretadores naturales de los principios generales que deben regular nuestro convivir diario. Las divisiones que ha provocado la titular del poder judicial, María del Carmen Verónica Cuevas solo ha permitido que esto se acreciente y que se formen bloques de poder dentro del  tribunal que no debieran de ser porque es la justicia el árbitro del resto de los poderes y el orden impuesto a través de sus decisiones para el castigo de la delincuencia o en su caso para decidir lo que los particulares tienen en conflicto. La titular del poder judicial debiera ser factor de unidad para fortalecer la justicia, no factor de división que debilita la aplicación de la ley por los intereses personales  en juego y no los intereses sociales. En los jueces y magistrados descansa la enorme   responsabilidad de llevar la fiesta en paz tanto dentro de las esferas del gobierno entre los poderes, como entre los ciudadanos y poca atención ha recibido este gravísimo problema que con los años se ha incrementado. Los legisladores están más interesados en sus intereses políticos, más que en los intereses sociales. Medio consultan o nada consultan o a escondidas las leyes que aprueban y no se toman la molestia de valorar la opinión del pueblo  para sopesar la necesidad de adecuar las leyes a la realidad y de vigilar la actividad del Poder Judicial en este caso y de paso el Poder Ejecutivo que en este asunto solo ha alcanzado a declarar Cuauhtémoc Blanco que lamenta la corrupción del poder judicial. Que no lo lamente, que actúe, como es su obligación.

El magistrado Arenas, lo mismo que el obispo Ramón Castro Castro han puesto el dedo en la llaga, pero los oídos sordos de quienes ostentan el poder de cambiar las cosas o de recomponerlas hace que sea prédica en el desierto. La Iglesia católica sabe mucho de esto por las confesiones y desatender las declaraciones de los problemas sociales que expone su máxima autoridad es un error. CuauhtémocBlanco está haciendo lo mismo que hizo el nefasto e impune Graco cuando el obispo le advirtió a mediados de su gobierno que la zona sur de Morelos se estaba descomponiendo con el llamado derecho de piso que la delincuencia hacia valer en un 50% del comercio y en general de la actividad empresarial. Después, con los años según lo ha declarado, este problema ha crecido en ya prácticamente en todo el estado, afectando incluso al 50% de los propios municipios que también son víctimasy pagan su derecho de piso a la delincuencia, pero nadie quiere  oír, ni el gobernador: todos están cómodamente disfrutando de su ambiente de confort dejando al ciudadano a su suerte.

Lo delicado es que el Fiscal Uriel Carmona  Gándara que debería estar atento y proceder a investigar, no hace nada, porque es obvio que desde hacemás de tres años el obispo ha advertido la problemática delincuencial y para nada actúa. Con las recientes declaraciones del magistrado Arenas, que declara estar dispuesto a declarar ante una autoridad, solo falta que el fiscal escuche y actúe, lo que es altamente probable que no haga. Es obvio también que la preocupación del magistrado Arenas, siendo la autoridad que es, su declaración tiene tintes de seria gravedad que debería de tomar en cuenta de inmediato el fiscal y que debería de ser preocupación de los legisladores y del Gobernador, pero no pasa nada, a nadie le importa dentro de  la esfera del poder que la delincuencia crezca…hasta que la realidad los alcanza, y a veces, son tan cínicos que  ni así reaccionan.