Escala de Grises - Emergencia nacional
En opinión de Arendy Ávalos
Arendy Avalos 
Hace casi un mes, se informó que solo siete de los 75 centros que conforman la Red Nacional de Refugios (RNR) había recibido el presupuesto correspondiente para atender a mujeres e infantes en situación de violencia. A partir de eso, una de las principales preocupaciones —además de la burocracia ocasionada por la desaparición del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol)— era la imposibilidad de brindar la atención adecuada a la población vulnerable.
Por su parte, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aseguró que los convenios correspondientes a cada refugio están firmados. Sin embargo, a tan solo unos días de que iniciara la segunda mitad del 2022, hay refugios que continúan operando sin recursos.
Hasta el momento, se ha argumentado que la solución del problema queda en manos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encargada de realizar las transferencias a los refugios. Lo que podría asumirse como un trámite pendiente más, ha impactado directamente en la RNR, en el personal que labora sin remuneración alguna y en las mujeres e infantes que necesitan huir de sus agresores para sobrevivir.
A pesar de las limitaciones que representa la falta de presupuesto, ningún refugio cerró sus puertas durante estos meses. Wendy Figueroa, directora de la RNR, aseguró en entrevista con Animal Político que la única alternativa para operar fue solicitar préstamos, pues las primeras transferencias para los refugios no llegaron hasta el pasado 9 de junio.
Como si eso no fuera problema suficiente, ahora la Red Nacional de Refugios se enfrenta a la tarea de ejercer el presupuesto de cinco meses en tan solo unos días, lo que podría ser interpretado como “falta de capacidad de ejercicio por parte de las organizaciones gubernamentales y de la sociedad civil”.
Sin embargo, pese a las dificultades, la Red Nacional de Refugios dio a conocer que, de enero a mayo del 2022, se brindó atención a más de 11 mil mujeres, niñas y niños víctimas de violencia de género. Del mismo modo, el apoyo telefónico operó para atender a las casi 16 mil personas que solicitaron auxilio.
Según el registro de la RNR, las cifras anteriores representan un incremento del 14 y el 18%, respectivamente, en comparación con el año anterior. Como todo lo que ocurre a nuestro alrededor, ese dato que puede observarse desde dos perspectivas. ¿Cuál quiere primero? ¿La optimista o la alarmante?
En el primer lente podemos observar que, a pesar de todos los obstáculos, los refugios han brindado protección a más víctimas de violencia, lo que implica que más mujeres tienen la posibilidad de solicitar auxilio. En el segundo tenemos una prueba más de que la violencia de género continúa incrementándose: Una emergencia nacional que no es prioridad.
Tal como se ha repetido constantemente en la Escala de Grises, cada día son asesinadas 11 mujeres y niñas por razones de género, mientras que otras siete desaparecen. Esos mismos casos son investigados por las autoridades como “casos aislados”, como si la violencia machista no fuera evidente.
La violencia de género, a pesar de estar presente en todas las esferas de la sociedad, sigue invisibilizándose, lo que representa una ausencia total de estrategias o protocolos efectivos que garanticen la seguridad e integridad de las víctimas. La falta de espacios seguros para mujeres e infantes es un problema que debe resolver el Estado de manera urgente.
Bajo esta misma línea, cabe aclarar que la violencia de género no es exclusiva de ciudades como Juárez o el Estado de México, está presente en todas las entidades que conforman el territorio nacional. Entre los principales estados donde la RNR atendió a víctimas están la Ciudad de México y el EdoMex; así como Hidalgo, Morelos, Puebla Tlaxcala y Veracruz.
A pesar de que las denuncias por feminicidio, violencia familiar, abuso sexual, acoso hostigamiento y violación continúan acumulándose —sin la posibilidad de sellarse con la palabra justicia—, autoridades en los tres niveles de gobierno siguen sin comprender la necesidad de generar protocolos con perspectiva de género que sean realmente eficientes o, en este caso, la importancia de contar con espacios seguros donde se atienda a mujeres e infantes de manera especializada.
Desde hace décadas, autoridades e instituciones han hecho esfuerzos [mínimos] por frenar las agresiones en contra de mujeres; pero no hay corbatas o listones color naranja que puedan detener la misoginia estructural que se reproduce cada día, independientemente de si es el 25 de cada mes o no.
Se necesitan estrategias que garanticen la seguridad e integridad de mujeres, infantes y adolescentes víctimas de violencia; pero también son necesarios mecanismos que permitan borrar la palabra negligencia de cada carpeta de investigación y la certeza de que al gritar “ni una más” será verdad.
Ni una más:
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