Escala de Grises - El caso de Tlajomulco

El pasado 4 de julio, el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco recibió una llamada anónima. Gracias a esto, pudieron llegar a un predio en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. En el lugar, además de encontrar objetos personales y ropa, las buscadoras localizaron una serie de fosas clandestinas con más de 30 cuerpos.

Según las declaraciones por parte de algunas integrantes, la cifra podría ser mucho mayor, por lo que solicitaron el apoyo de las autoridades. Una vez que se alertó a la Fiscalía del estado, llegaron elementos que impidieron el ingreso del colectivo y negaron información respecto a lo que ocurría.

Al ser interrogado sobre el papel de la dependencia que encabeza, el fiscal Luis Joaquín Méndez aseguró que el proceso implica tiempo, pues hay que extraer los restos para que se procesen de forma correcta. Sin embargo, ni siquiera se ha permitido que las Madres Buscadoras observen el tipo de trabajo que se está realizando.

El colectivo ha denunciado a diversos medios de comunicación el impedimento de trabajar en conjunto, lo que implica una violación a lo establecido en el protocolo del Sistema Nacional de Búsqueda. En dicho documento se especifica que las familias tienen derecho a participar siempre que se localice una fosa.

De acuerdo con los testimonios recopilados por Animal Político, de los 10 puntos abiertos en la fosa de 100 metros de diámetro, los esfuerzos sólo se han concentrado en cuatro. Esta situación ha generado inconformidad y molestia por parte del colectivo, cuyo objetivo es agilizar el proceso para poder dar paso a los análisis forenses e identificar los cuerpos.

La respuesta de las autoridades ante una tragedia como la registrada en Jalisco es un claro ejemplo de las múltiples fallas que tiene el sistema. Como si lidiar con la desaparición de sus familiares no fuera suficiente, los colectivos de búsqueda deben enfrentarse a las consecuencias de un Estado incompetente.

A pesar de que se ha asegurado que el gobierno de México no cuenta con los recursos suficientes para atender los más de 111 mil casos de desaparición que se registran, son las Madres Buscadoras y los colectivos quienes se han especializado en diferentes disciplinas con el único objetivo de hacer lo que las autoridades no pueden.

Esta lucha contra el sistema, más allá de valerles el reconocimiento de organismos internacionales, también les ha costado su tranquilidad. Y es que, al estar en una búsqueda constante de justicia, las Madres Buscadores son amenazadas, agredidas y hasta asesinadas por aquellos que pretenden seguir ocultando la verdad.

Y es que el Estado ni siquiera puede garantizarles protección o un acompañamiento efectivo que reduzca los incontables riesgos a los que se enfrentan. En el caso específico de Jalisco, resulta grave que ni el gobierno ni la fiscalía de la entidad respeten lo estipulado en el protocolo. Me explico.

Según la Comisión Nacional de Búsqueda, Jalisco es el estado con el mayor número de personas desaparecidas, más de 14 mil. Con cifras tan alarmantes, era de esperarse que los elementos pertenecientes a las dependencias involucradas, por lo menos, tuvieran conciencia sobre lo estipulado en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, ¿no le parece?

¿Qué refleja el caso de Tlajomulco? Un desinterés absoluto, además de una falta de empatía que, lamentablemente, no nos sorprende. Desinterés por involucrarse de manera ética con una situación que rebasa el horror, desinterés por trabajar de acuerdo con lo establecido por la ley, desinterés por las recomendaciones que organismos internacionales han emitido para atender las desapariciones forzadas.

Las familias de personas desaparecidas merecen mucho más que una atención superficial del problema que no se reduzca a condenas enérgicas, condolencias o respuestas vacías por parte de las instituciones. Son indispensables mecanismos de protección efectivos, información veraz sobre lo que ocurre y, a partir de eso, la implementación de protocolos que realmente funcionen para solucionar el problema.

No perdamos de vista los alcances de las Madres Buscadoras. Gracias a su labor, se pudo identificar el lote y dar aviso a las autoridades correspondientes. Con los recursos que tienen a su alcance, salen de sus casas a buscar la verdad e investigar lo que los tres niveles de gobierno se han rehusado a hacer.

El caso de Tlajomulco no sólo refleja la situación de Jalisco y, como le digo siempre, la violencia no se reduce únicamente a una entidad o a límites geográficos, siquiera. Las desapariciones forzadas son un problema grave que necesita atención urgente para prevenirse, tratarse y, ojalá, curarse.

Hasta encontrarles. Hasta identificarles:

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