Observador político - Vidas infantiles truncadas por la delincuencia

En Morelos ha dejado de ser una estadística para convertirse en una herida abierta, profunda y que apela directamente a la conciencia política de un Estado en su promesa fundamental de proteger la vida.

LOS FEMINICIDIOS DEL 2025.- Los 69 feminicidios registrados por el colectivo Digna Ochoa en lo que va de 2025 no son solo un incremento numérico respecto al año anterior; son el reflejo palpable de una violencia estructural que el poder político permite, tolera y, por acción u omisión, incluso facilita.

Pero hay un dato que nos obliga a detener la respiración y a apuntar con índice acusador a la administración: seis de estas víctimas son niñas. Seis vidas truncadas en Cuautla, Huitzilac, Jiutepec y Tlaltizapán. Seis infancias robadas por la crueldad más extrema, marcando un infanticidio femicida que desenmascara la bancarrota moral y operativa de las políticas de género.

Las autoridades no dice que las prioridades no están en la vida, sino en el desmantelamiento institucional.

Quizá por ello, la vocera del colectivo “Digna Ochoa”, Susana Díaz Pineda, ha señalado el núcleo del problema con precisión quirúrgica: la grave desarticulación institucional propiciada por legisladores locales; así como la desaparición de organismos clave y la mutilación presupuestaria y de facultades de la Secretaría de las Mujeres no es un error administrativo; es una decisión política que opera como indulto tácito para los feminicidas.

NEGLIGENCIA CRIMINAL.- Y es que, si despojar de herramientas legales y recursos a las instituciones encargadas de la prevención y atención, se garantiza que la autoridad actúe solo en los límites mínimos de la ley, dejando el problema de la violencia de género fuera de su mandato real.

Esta negligencia no es neutral; esta inacción se inscribe en la lógica de la precarización de lo público, más aún cuando los recursos se retraen de la justicia social y de la protección de los derechos humanos, se refuerza la matriz de desigualdad y dominación patriarcal.

Peor aún: La vida de las mujeres y las niñas, ya de por sí subvalorada en un sistema capitalista que las explota en el ámbito laboral y reproductivo, se convierte en un costo que el Estado está dispuesto a pagar por su propia comodidad e ineficiencia.

El último clavo en el ataúd de la transparencia es la cifra negra. Díaz Pineda denuncia que, mientras las autoridades se escudan en reportes incompletos, la documentación periodística se agota y los casos dejan de ser noticia, las organizaciones sociales siguen registrando muertes violentas de mujeres que simplemente desaparecen del registro oficial.

Esta omisión no solo invisibiliza la tragedia, sino que es un mecanismo perverso para subestimar la crisis y evitar la rendición de cuentas.

La exigencia es clara: la violencia no se detiene con discursos huecos. Se frena con inversión social, con la restitución inmediata de las facultades y el presupuesto del aparato institucional de género, y con una fiscalía que entienda que el feminicidio no es un crimen pasional, sino un crimen político y estructural.

Mientras se siga legislando a favor del ahorro y no de la vida, mientras la indiferencia institucional desarticule los pocos mecanismos de defensa, el Estado de Morelos seguirá siendo coautor y testigo de los feminicidios. Urge un giro radical que ponga la vida de las niñas y las mujeres en el centro, antes de que esta inacción se convierta en una complicidad histórica e imperdonable.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALCOHOLÍMETRO.- En Morelos, los debates sobre seguridad vial y fiscalización han cobrado un nuevo matiz. Por un lado, empresarios de discotecas y bares aplauden la implementación del programa de alcoholímetros en municipios como Cuernavaca y Tepoztlán.

Según la Asociación de Discotecas, Centros de Espectáculos y Bares del Estado de Morelos, esta medida sería positiva siempre que tenga un enfoque preventivo, no recaudatorio, y se acompañe de programas como el conductor designado.

Si bien es encomiable que algunos sectores privados promuevan la responsabilidad y la protección de los asistentes a la vida nocturna, resulta evidente que este tipo de iniciativas no pueden depender únicamente de la buena voluntad de quienes lucran con el consumo de alcohol. La seguridad vial y la protección de la ciudadanía son responsabilidades del Estado, y no deben convertirse en un asunto que negocie conveniencias comerciales. La vida de las personas, especialmente de mujeres y turistas, no puede estar condicionada a que los bares estén dispuestos a ceder “beneficios” para quienes no beben.

Por otro lado, la reciente alarma del Consejo Coordinador Empresarial de Morelos frente al aumento del IEPS refleja otra lógica: la de un sector económico preocupado más por sus ganancias que por el bienestar social. Según la presidenta Griselda Hurtado, los incrementos fiscales sobre productos considerados nocivos podrían poner en riesgo a micro y pequeñas empresas. Sin embargo, detrás de esta retórica empresarial se esconde una resistencia a asumir responsabilidades colectivas: la salud pública, la prevención de enfermedades y la reducción de hábitos dañinos requieren políticas integrales, no la defensa de un mercado sin restricciones.

LOS DERECHOS A LA VIDA.- Estas dos posturas muestran un patrón recurrente: cuando se habla de seguridad, salud o bienestar, las voces empresariales buscan condicionar las políticas públicas a sus intereses económicos. La prioridad debe ser otra: garantizar derechos, proteger la vida y asegurar la equidad. Programas como los alcoholímetros no deben ser pretextos para favorecer a la industria del entretenimiento, ni los impuestos a productos dañinos una amenaza para quienes menos tienen. La seguridad y la salud son bienes colectivos que exigen participación ciudadana, transparencia y compromiso del Estado, no negociaciones de conveniencia empresarial.

Morelos necesita políticas que piensen en la comunidad, no solo en la rentabilidad. Que la vida nocturna sea segura no significa que deba depender de la generosidad de los bares; que la salud pública mejore no significa proteger únicamente los bolsillos del comercio. La verdadera reactivación social y económica pasa por priorizar lo humano sobre lo mercantil.

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