Escala de Grises - A contracorriente
En opinión de Arendy Ávalos
El domingo, tras una visita a Badiraguato en el estado de Sinaloa, el presidente López Obrador saludó a Consuelo Loera, madre de Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán. Las imágenes circularon como pólvora en las plataformas digitales y la opinión pública no tardó en pedir explicaciones al respecto, motivo por el cual, el mandatario reconoció los hechos en su conferencia matutina.
“A veces le tengo que dar la mano, porque ese es mi trabajo, a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. ¿Cómo no le voy a dar la mano a una señora? Se me hace mal hacer eso”, aclaró AMLO.
Además, explicó que Consuelo le entregó una carta en la que le pide ayuda para visitar a su hijo, a quien no ve desde hace más de cinco años. “Yo creo que por razones humanitarias se le debería permitir ir”, dijo y, luego, tachó de hipócritas a los conservadores que lo critican: “nosotros no establecemos relaciones de complicidad con nadie”.
A ver, lo importante del saludo no radica en si era una señora mayor o si se podía o no bajar de la camioneta en la que iba. Acciones como esa, aparentemente inocentes, tienen un gran impacto en cómo percibimos el quehacer del gobierno. ¿Quieren abogar por las causas humanitarias? Está bien, pero que aboguen por las justas.
¿Qué hay de todas las madres a las que les mataron a sus hijas y siguen sin tener una resolución clara por parte de las autoridades? ¿Qué hay de esas señoras mayores que forman parte de las brigadas de búsqueda porque nadie ha podido encontrar a sus hijos, a sus familiares? ¿Qué hay de las niñas y niños que han aprendido a usar armas de fuego por culpa de la inseguridad de la región en la que viven? También nos merecemos esas respuestas.
María Elena Ferral Martínez
El pasado 30 de marzo, pasadas las dos de la tarde, María Elena Ferral se dirigía a su carro estacionado en las calles del centro de Papantla, al norte de Veracruz. Antes de ingresar al vehículo, un individuo se le acercó a bordo de una motocicleta y le disparó, por lo menos, cuatro veces.
Según los reportes oficiales, la periodista recibió los impactos en brazo, pierna y abdomen. Aunque fue trasladada a un hospital de Poza Rica para recibir atención médica, pasadas las 8 p.m. la Comisión para la protección de periodistas de Veracruz confirmó su deceso.
María Elena, corresponsal del Diario de Xalapa y del medio Quinto Poder, había denunciado amenazas en su contra desde el 2016 por parte del ahora exdiputado local priísta, Basilio Camerino Picazo Pérez, personaje vinculado al homicidio de Miguel Alfonso Vázquez en 2005.
“Déjala, para el tiempo que va a vivir, ya le falta poco”, le dijo Picazo Pérez a la periodista en un restaurante; no sin antes amenazarla con ‘levantarla’ y desaparecerla. Ferral denunció el hecho ante la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas y, aunque le asignaron las medidas de seguridad pertinentes, no fue suficiente.
María Elena Ferral, quien fuera ganadora del Premio Nacional de Periodismo, es la segunda periodista asesinada durante la administración de Cuitláhuac García Jiménez, pues el reportero José Celestino Ruiz fue asesinado en el interior de su domicilio, también con arma de fuego.
Al respecto, el gobernador morenista aseguró que no se detendrá “hasta dar con los asesinos de María Elena Ferral”; pues, como ha dicho en varias ocasiones, su gobierno garantizará la libertad de expresión.
En la última década, 23 comunicadores han sido asesinados en Veracruz, lo que ha posicionado al estado como una de las regiones más peligrosas para ejercer el periodismo, según organismos internacionales de libertad de expresión.
Esta posición —nada honorable— debido a que, durante los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes, se presentaron diversos ataques en contra de los medios de comunicación y las personas que colaboraban en ellos.
Si seguimos con los datos, durante los últimos 20 años, más de 100 periodistas han sido asesinados en el país y, de esos crímenes, el 99% ha quedado impune. En los 15 meses que López Obrador lleva ocupando la silla presidencial, 14 periodistas han sido asesinados.
Hace ya varios meses, el presidente de la República tachaba a los periodistas de haber permanecido en un “silencio cómplice” por no denunciar la corrupción y las malas prácticas de las administraciones pasadas y, aunque ha declarado que respeta y defiende la libertad de expresión, en la práctica, en la realidad, todo parece muy distinto.
Resulta increíble que vivamos en un país considerado como el más peligroso del mundo para ejercer el periodismo y que una de las prioridades de AMLO sea saludar a la mamá del narcotraficante Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán, ¿no lo cree? La ironía.
El riesgo constante en el que se encuentra la libertad de expresión en la nación, sumado a la desconfianza que se tiene en las instituciones, los huecos [tremendos] dentro del sistema de justicia y la impunidad son un escenario que debemos atender con urgencia.
¿Qué se necesita? Fortalecer los organismos, las instituciones, implementar recursos y medidas para detener las amenazas, el hostigamiento, la censura y las violaciones a los Derechos Humanos a las que nos hemos acostumbrado porque “así funciona el país”.
Basta. Necesitamos gobernantes y autoridades comprometidas con la situación. Un Estado que no puede proteger a sus periodistas, no puede proteger a nadie. Ningún esfuerzo es suficiente cuando se nada a contracorriente.
La recomendación: Veronica Guerin: En busca de la verdad es una película que expone la situación de censura y acoso que vivió la periodista irlandesa del mismo nombre.
Ni impunidad ni silencio:
@Arendy_Avalos en Twitter