De voz en voz - Maylin: la historia real que la gobernadora escritora ignora

A casi un año de que en Morelos se celebrara la llegada de una mujer al poder, la realidad golpea con crudeza: la violencia de género sigue desbordada, la justicia continúa ausente y las promesas de protección para las mujeres quedaron reducidas a discursos y documentos firmados en campaña. El caso de Andrea Maylín Chino Ramos es la muestra más dolorosa y contundente de lo que significa vivir en un estado donde las instituciones fallan, donde la Fiscalía minimiza la tragedia y donde la gobernadora prefiere presentar su novela mientras la familia de Maylin clama justicia.

El 20 de junio de 2025, Maylin desapareció en Yautepec. Su familia denunció, colectivos se movilizaron y las autoridades apenas reaccionaron. Durante semanas, el silencio y la indiferencia marcaron el proceso de búsqueda. Fue hasta el 31 de julio que su cuerpo fue hallado en un predio de Tlayacapan, tras un segundo cateo. El primero, increíblemente, había sido mal hecho. Ese dato por sí solo retrata la negligencia que rodeó el caso desde el inicio.

El 30 de agosto, la familia recibió el cuerpo de Maylin. El acta de defunción no establece la causa de la muerte, alegando que el estado de descomposición impedía definirla. Con ese argumento, la Fiscalía ha evitado tipificar el caso como feminicidio. Pero los padres de Maylin exigen que se investigue como tal, porque saben que la violencia que sufrió su hija no empezó el día que desapareció ni terminó con el hallazgo de su cuerpo.

Días antes de desaparecer, Maylin denunció violencia intrafamiliar. Tenía miedo. Su expareja la amenazaba con quitarle a su hija, diciéndole que su padre trabajaba con el crimen organizado y que sería muy sencillo desaparecerla. Esa denuncia, que debió activar protocolos de protección inmediata, quedó archivada en la inercia de un sistema acostumbrado a no reaccionar.

La pequeña hija de Maylin, de apenas un año de edad, vive hoy con sus abuelos maternos. Una niña que crecerá con las huellas de la violencia que arrebató la vida de quien debía acompañarla. Ella es la prueba más desgarradora de lo que significa la omisión del Estado: un futuro marcado por la ausencia y la injusticia.

Mientras tanto, las sospechas sobre el principal responsable se multiplican. El padre de Maylin asegura que hay videos en los que se ve a su expareja, Ricardo R., llevándola al predio donde fue encontrado su cuerpo. Poco después de rendir declaración, Ricardo se fue de Morelos con sus padres. Y aun así, hasta hoy, la Fiscalía no ha emitido ninguna ficha de búsqueda contra él ni contra sus familiares. ¿A quién protege el Estado? ¿Por qué las instituciones parecen más preocupadas por encubrir a los agresores que por proteger a las víctimas?

Las preguntas se acumulan. ¿Por qué el cateo inicial fue tan deficiente? ¿Por qué no se tipifica como feminicidio un caso que reúne todos los elementos? ¿Por qué no hay medidas efectivas de búsqueda contra el principal sospechoso? ¿Qué significa que una gobernadora que firmó la Agenda Feminista Estatal permita que su Fiscalía actúe con tanta indolencia?

El contraste es brutal. En 2024, en plena campaña, Margarita González Saravia firmó junto con colectivos feministas un compromiso de “cero tolerancia” hacia los agresores. Hoy, en el cargo, esa promesa luce vacía. Mientras la gobernadora presenta una novela de su autoría, la familia de Maylin enfrenta audiencias, exige respuestas y carga con un dolor que no debería estar enfrentando sola.

Lo cierto es que el caso de Maylin refleja algo mucho más profundo: un patrón de negligencia institucional que convierte la violencia contra las mujeres en rutina. En Morelos, la justicia no llega por oficio ni por convicción, llega —si acaso— cuando la presión social se vuelve insoportable. Y aún entonces, suele llegar incompleta, diluida, insuficiente.

Cada marcha, cada pancarta, cada grito en la calle es un recordatorio de lo que el Estado no hizo a tiempo. La justicia debería prevenir, no reaccionar. Debería garantizar la vida de las mujeres, no esperar a que sus nombres se conviertan en hashtags. Pero en Morelos, la justicia sigue siendo reactiva, burocrática y profundamente insensible.

El dolor de la familia de Maylin es hoy el dolor de cientos de familias que saben lo que significa ser ignoradas por el sistema. Y la pregunta que late en cada una de esas historias es la misma: ¿para qué sirve un Estado que no protege a sus mujeres?

Andrea Maylín Chino Ramos ya no está. Pero su ausencia exige respuestas. Exige que el caso se investigue como feminicidio. Exige que los responsables sean localizados y castigados. Exige que la gobernadora y la Fiscalía asuman su responsabilidad, no con discursos, sino con acciones concretas.

Porque no basta con tener una mujer al frente del gobierno si las mujeres siguen desapareciendo, si las denuncias siguen ignorándose, si los protocolos siguen siendo papel muerto. No basta con prometer una agenda feminista si los hechos demuestran que en Morelos la violencia de género sigue sin ser prioridad.

El caso de Maylin no es un episodio aislado, es un espejo que muestra lo roto del sistema. Y mientras las autoridades no entiendan eso, seguiremos contando historias de mujeres desaparecidas, de cuerpos encontrados tarde, de hijas creciendo sin sus madres, de familias exigiendo justicia que nunca llega.

La gobernadora tiene en sus manos la oportunidad —y la obligación— de demostrar que sus promesas no fueron solo palabras. De lo contrario, la historia la recordará como una más de las que prefirieron escribir novelas antes que garantizar justicia.

Porque, al final, Morelos no necesita una gobernadora escritora de novelas. Necesita una gobernadora que cumpla su palabra, que garantice a las morelenses una vida libre de violencia y que haga justicia para quienes, como Maylin, ya fueron víctimas de esa violencia. Esa es la única narrativa que vale la pena escribir.