El TJA de Morelos invade las facultades del Congreso

Presentó amparo Jiutepec para evitar destitución de autoridades

El TJA de Morelos invade  las facultades del Congreso

La consejería jurídica y de servicios legales del ayuntamiento de Jiutepec promovió un juicio de amparo indirecto como medida extraordinaria, en defensa contra la resolución de destitución en contra de autoridades municipales por el Secretario de Estudios, habilitado en funciones de Magistrado de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) del Estado de Morelos.

El amparo se promovió tras considerar el gobierno de Jiutepec que es una clara equivocación de interpretación de la ley por parte del Secretario de Acuerdos, quién acordó destituir del cargo a servidores públicos que son electos por elección popular.

A través de un comunicado, señala que es el Congreso del estado quien tiene la facultad de destituir del cargo a los representantes populares, previo procedimiento, algo que no aplica en esta ocasión.

Otro argumento para haber presentado el amparo, es que el pleno del Tribunal de Justicia Administrativo, a través de su reglamento interior invade facultades exclusivas que corresponden al Congreso del estado.

Sin embargo, el gobierno de Jiutepec dio a conocer que hasta el día de ayer no se tenía conocimiento que un Secretario de Acuerdo habilitado en funciones de Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado Morelos, haya destituido a un servidor público por el hecho de combatir actos de corrupción en relación a diversos obras que fueron ejecutadas en las administraciones antecesoras y que, no fueron culminadas en su totalidad lo que les ha llevado a combatir y que seguirán en la misma línea para evitar un daño patrimonial al ayuntamiento de Jiutepec.

Entre los puntos que destacan, señalan que las denuncias radicadas en la Fiscalía Especializada en Combate la Corrupción en contra de servidores públicos de la administración 2016-2018, fue por haber autorizado de manera unilateral convenios en relación al pago de obras inconclusas sin que fuese autorizado por el cuerpo edilicio de aquella época.