De la Justicia Electoral. Un camino inacabado

El Sistema Electoral en México, si bien es cierto, conforma sus primeras bases en la época pre revolucionaria, es hasta que se impulsa la Ley Electoral de 1911, donde se promueve de manera más arraigada nuevos ideales de Justicia Electoral; es decir, con la gran postura maderista de la llamada “No reelección”; donde a partir de este, se dieron transformaciones fundamentales en la democracia, con todo lo que aquello implicaría, ya que, para favorecer la legalidad de los procesos electorales se reestructuraron ciertas modalidades para la ejecución del sufragio. Eventualmente, las garantías constitucionales postuladas en la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, regían principios que revestíande soberanía a los fundamentos normativos del Sistema Electoral Mexicano.

Con la necesidad de dotar de seguridad jurídica a las contiendas electorales, surgieron así, nuevas disposiciones basadas en las problemáticas que iban apareciendo a lo largo del tiempo, es decir, el Derecho Electoral como hoy lo conocemos, comenzó a estructurarse basado en las necesidades que los procesos electorales mostraban. Influidos también, por aquellos acontecimientos de trascendencia internacional, tal es el caso del derecho al voto para las mujeres, que se obtuvo en México hasta el año de 1953, quizás este acontecimiento fungió como punto de partida para la defensa al reconocimiento de otro tipo de derechos político-electorales.

Pero fue a partir de la reforma electoral de 1986, que se buscó perfeccionar y fortalecer los procesos electorales, para la representación del poder Ejecutivo y Legislativo; y como consecuencia, se crearía un Código Federal Electoral que regularía de maneras más específica, aquellas esferas de representación. Así mismo, ya consolidado el pluripartidismo en México, se reguló dentro de aquel conglomerado normativo, el financiamiento de Partidos Políticos. A partir de ese año, el Sistema de Justicia Electoral progreso de manera más rápida y contundente, comenzando a diseñarse nuevos órganos de vigilancia que hicieran valer toda la normatividad que se había instaurado hasta ese entonces.

Tal es el caso de la creación en 1987 del Tribunal de lo Contencioso Electoral, institución que dirimía controversias contra actos o resoluciones derivados de violaciones a los derechos electorales; en esta nueva etapa, conocida como “contencioso mixto”, se implementaban dentro del Código Federal Electoral, las formas adecuadas de interponer los recursos para cada etapa del proceso electoral. Este Tribunal, imponía su autonomía frente a la Suprema Corte de Justicia, misma que años atrás, había resuelto conflictos de materia Electoral. No así, el Tribunal de lo Contencioso Electoral no dejaba de ser contemplado como meramente administrativo, pese a que era capaz de pronunciar sentencias como lo hacían los Tribunales Judiciales.

Ya para el año de 1990, se instaura el Tribunal Federal Electoral, que se convierte en la más alta autoridad jurisdiccional Electoral, que traería consigo, un mayor rigor al procedimiento contencioso y por ende, mayor alcance jurídico en sus resoluciones, de tal manera establecía una mayor seguridad jurídica para los gobernados y actores políticos.

Durante aquellos años, la ciudadanía exigía mayor transparencia en lo que a conteo de votos para lo que a elección de Presidente de la República se refería; es por lo tanto, que se forman organismos dotados de garantizar que el proceso electoral y que este se apegara debidamente a la normatividad. Tal es el caso del Instituto Federal Electoral (IFE), o como se conoce hoy en día al Instituto Nacional Electoral (INE); organismo autónomo, encargado de organizar los procesos electorales de forma confiable.

La siguiente y última etapa, es la llamada “contencioso jurisdiccional”, que se ha distinguido por ser influenciada por las diversas reformas constitucionales, mismas que han propiciado nuevas interpretaciones en razón a la defensa de los derechos de los gobernados. La más imprescindible es la ocurrida en junio de 2011, la cual vino a obligar a todas las autoridades del Estado mexicano, a proteger los derechos humanos, que incluye a los derechos político- electorales, como uno de ellos.

Los partidos políticos, las organizaciones políticas, los candidatos y cualquier persona con interés jurídico; cuentan con una serie de mecanismos de defensa contra actos o resoluciones de las autoridades electorales, para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad.

Con ello, han surgido nuevos criterios por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) por las diversas controversias contemporáneas, que exigen la defensa del derecho al voto, a ser votado, a la afiliación y a la asociación política; intentando apegarse al principio pro persona, apoyado del resto de las instituciones electorales que hoy por hoy, se encuentran más especializadas y que conjuntamente promueven la justicia electoral para hombres y mujeres.