Breves de Abogados y Políticos - Adiós a la chiquillada

El pasado miércoles se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” (número 6335), los nombres de quienes serán los sepultureros de los partidos que perdieron su registro local, como resultado de los pésimos porcentajes de votación recibida en los comicios del pasado dos de junio de la presente anualidad.

Ellos son: para el Partido Encuentro Solidario Morelos (PES), Gregorio Contreras González; para el Partido Movimiento Alternativa Social (MAS), José de Cupertino Estefanía Téllez y para el Partido Redes Sociales Progresistas Morelos (RSP), Gregorio Contreras González. Todos ellos contadores públicos.

A partir del llamado “periodo de prevención”, comienza un problemático proceso que puede durar años, como parte de un “estira y afloja” (de todo tipo) que se da como resultado de las distintas cuestiones no previstas que surgen durante el mismo.

En primer lugar, hay que considerar que a partir de que el día veintiuno de junio de dos mil veinticuatro, cuando el Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/376/2024, mediante el cual se declara el periodo de prevención de aquellos que no obtuvieron el porcentaje del tres por ciento de la votación (válida), emitida de Gubernatura y Diputación Local en los comicios del dos de junio de 2024, invariablemente todos impugnaron la pérdida de su registro ante el Tribunal Electoral del Estado de Morelos. Ha sido tradición que -en estos casos-, en tanto se les asigna un liquidador, las dirigencias partidistas se apresuran a gastar el dinero que quedó en caja, a veces con actos inverosímiles como supuestas “pérdidas” de cheques, robos de equipos de cómputo, etcétera.

El proceso de liquidación no se detiene y las cosas no cambiarán a menos de que alguna de las impugnaciones presentadas prospere, lo cual casi nunca sucede. Así, en el IMPEPAC se emiten los “Lineamientos Aplicables al Procedimiento de Liquidación” y luego de convocar a gente de los colegios de contadores, a participar como interventores o liquidadores, se elige a quienes fungirán como tales (eso ya ocurrió). El problema es que no les asigna abogados que los acompañen en la ardua tarea.

Quien funge como secretario de finanzas o tesorero de un partido, así como el presidente o dirigente del mismo, deben entenderse directamente con el liquidador. A ellos corresponde entregar las cuentas bancarias del partido y poner a su disposición los montos existentes en las mismas. Aquí comienza el calvario para los interventores, pues los recursos existentes quedarán “congelados” por la burocracia bancaria, que no autorizará los cambios de firmas ni de personas autorizadas en las cuentas, así como así. A veces hay necesidad de retirar o transferir todo el haber y abrir cuentas nuevas, por lo complicado que es cumplir con la exigencia de las instituciones bancarias para que admitan la firma del liquidador. Mientras, los acreedores y trabajadores comenzarán con la presentación de demandas.

Una vez que los tribunales electorales, resuelvan todas y cada una de las impugnaciones, en sesión solemne del Consejo Estatal del IMPEPAC, se hará la declaratoria del término del proceso Electoral 2023-2024 y, así la Comisión Ejecutiva Permanente de Organización y Partidos Políticos, aprobará los dictámenes de “Perdida de Registro" de los organismos mencionados, esto de conformidad con el artículo 94 inciso b) de la Ley General de Partidos Políticos.

En tanto, los liquidadores estarán en guerra frontal con los ex presidentes y ex tesoreros partidistas que -por lo general- se niegan a transparentar sus gastos y simplemente quieren que se cierre el capítulo del partido en desgracia, para irse de chapulines a otro membrete. Los interventores deben elaborar la lista provisional de créditos a cargo del partido en extinción, pero al no tener apoyo legal, también estarán pasando las de Caín en el Centro de Conciliación Laboral y en los Tribunales de la materia, pues aunque les dirán que hay un jurídico disponible en el IMPEPAC, éste no está especializado en la materia del trabajo y si requieren apoyo o asesoría de un abogado particular, tendrán que solventarlo con el pago total por honorarios que les dé el IMPEPAC, pues los servicios del abogado no pueden pagarse del remanente que encuentren.

Aunque los pasivos laborales son preferentes, los trabajadores no pueden esperar a la elaboración de la lista provisional de créditos y convocatoria de acreedores, pues se les pasaría el tiempo para demandar, pero además no querrán que otros les coman en mandado. Muchos prestadores de servicios o personal no asalariado, como ocurre con los asesores de los dirigentes, aprovecharán el “río revuelto”, se harán pasar como empleados de planta y serán apoyados por aquéllos para presentar demandas millonarias, sea porque -de pronto- aparecieron con contratos laborales que no existían o bien fueron “inflados” y se les aumentaron sus percepciones previo a los comicios. El chiste es no dejar un solo peso en el patrimonio del otrora membrete político de que se trate.

Realmente es cara la democracia en México. El patrimonio de los partidos políticos se integra con financiamiento público, en el caso local, con el presupuesto del Estado de Morelos. Al caer en desgracia un partido político, el pago de obligaciones se convierte en un circo de tres pistas en donde el liquidador es el principal malabarista. En caso de existir remanentes (es decir que se pague a todos los acreedores y sobre algo), esto se debe reintegrar a la Tesorería del Gobierno, pero jure usted que eso nunca va a suceder, al contrario: faltará para pagar. El proceso que ahora comienza será largo, pues, aunque usted no lo crea, algunos partidos políticos que perdieron registro en 2021, todavía no han recibido cristiana sepultura.