TERCERO INTERESADO - A dos meses de la elección del Poder Judicial
En opinión de Carlos Tercero

Estamos a dos meses del primer proceso electoral judicial que se llevará a cabo en el país, el domingo 1° de junio de este 2025, bajo la organización del INE. Es un tema que comprensiblemente no ha sido bien recibido por el “establishment” del poder judicial, por supuesto que con algunos argumentos sólidos y sobre todo válidos a considerar en la salvaguarda de la autonomía y separación de poderes previstos constitucionalmente, pero en lo que paralelamente hay que reconocer que la evolución, la transformación democrática, social y política que vive el país en esta última década obliga incluso a una institución que tradicionalmente era estática como el poder judicial, a reconfigurarse en apego al clamor social de alcanzar gobiernos e instituciones del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
El precepto es muy noble y al mismo tiempo requiere por el bien del propio “pueblo” que no se torne en populismo, que no decaiga el nivel de profesionalización y conocimiento jurídico. Tal vez el caso más delicado es el de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde entre otros grandes asuntos se dirimen aquellos que sostienen vigente a la Constitución y en ello, que no sean vulnerados los derechos humanos. La nueva Corte requiere efectivamente de grandes juristas, pero no forjados en la frialdad de la litis distante, incluso ajena del sentido social que las instituciones de nuestro tiempo requieren, hoy el bienestar social pasa de manera obligada por la justicia, una justicia ciega, que le permita ser imparcial y no tomar decisiones basadas en factores externos como la apariencia, posición social o riqueza, sino únicamente en los hechos y la ley. La abstracción de la alta especialización en cualquier materia, aleja a algunos y, en otros casos, sensibiliza aún más a quienes asumen la oportunidad del servicio público como un compromiso permanente con cada integrante del conglomerado social que integra nuestras comunidades, a nuestro país; no son muchos, pero existen casos ejemplares con décadas de experiencia jurídica y altamente especializada, por ejemplo en materia agraria, sin duda uno de los sectores más vulnerables y con el que el país mismo, tiene una de las mayores deudas históricas.
El nuevo sistema de justicia requiere de personajes de la talla de Celestino PORTE PETIT CANDAUDAP, Luis GARRIDO DÍAZ o María LAVALLE URBINA; trayectorias jurídico-humanistas como la de don Aureliano HERNÁNDEZ PALACIOS, quien fuera Rector de la Universidad Veracruzana y Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, quien encontró en la abogacía la vía para construir una mejor sociedad. Entre las y los aspirantes a ministros, seguro existen herederos de esta tradición humanista y al mismo tiempo con la solidez académica y jurídica que garantice integrar una Suprema Corte a la altura del momento histórico que la nación demanda; dar un golpe de timón y lograr las instituciones de impartición de justicia que las y los mexicanos merecen.
Sin embargo, antes vendrá un golpe de realidad: el proceso electoral. Es casi un hecho que los mejores juristas limitan su contacto social a las aulas, juzgados y oficinas públicas donde van conformando su trayectoria, pero difícilmente cuentan con el contacto masivo que tienen los políticos o líderes que contienden por cargos de elección popular, mucho menos cuentan con la estructura para planear y ejecutar estrategias de campaña, de comunicación política que permita que el electorado les conozca; y ello, no se logra en sesenta días ni mucho menos con doscientos mil pesos. Luego entonces, será altamente probable que las posiciones las obtengan los más politizados, los que entiendan de promoción política y estrategia territorial; los que tengan la capacidad de armar bloques, para consolidar recursos y generar acuerdos; así como aquellos que reciban el respaldo de una movilización institucional (partidaria) que forzosamente tendrá que suceder, pues no es una elección que vaya a volcar a la ciudadanía a las urnas, el estimado de participación en este momento es de alrededor del 10% y para alcanzar una participación mínima del 25% que legitime la elección y sus resultados, no existe otra opción que la movilización propia de los procesos electorales habituales, lo cual pone en manos de las dirigencias de estos institutos políticos, la suerte de quienes serán sus “elegidos”. Sin duda serán dos meses que van a requerir todo el interés y participación ciudadana que sea posible, VAMOS POR EL 50.
Carlos Tercero
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