Observador político - Impunidad en el caso de Uriel Carmona

En Morelos, la impunidad no es solo el resultado de la corrupción; es una táctica deliberada y el caso de Uriel Carmona Gándara, exfiscal general del estado, es un ejemplo del manual de cómo la élite política utiliza las fisuras del sistema para evadir la justicia.

SOBRE EL EXFISCAL.- Mientras la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) intenta notificarle sobre un presunto desvío de más de 300 millones de pesos, Carmona no aparece, y su  presunta evasión no es un simple descuido, sino una estrategia diseñada para ganar tiempo y declarar una supuesta “indefensión jurídica”.

La auditoría de 2023 realizada por la ESAF es clara y contundente: la gestión de Uriel Carmona en la Fiscalía está plagada de irregularidades, sobre todo, porque hablamos de una posible malversación millonaria, con especial énfasis en el manejo de la nómina y los pagos de honorarios, es decir, más de 150 millones de pesos que podrían haberse desviado solo en pagos irregulares a personal, dinero que bien podría haberse destinado a salud, educación o seguridad para la gente de Morelos. Pero mientras el pueblo enfrenta carencias, los responsables se esconden.

No es solo Uriel Carmona, ya que para José Blas Cuevas Díaz, titular de la ESAF ha señalado a otros exfuncionarios, como Jaime Juárez López de la Comisión Estatal del Agua y Dionisio Álvarez Anonales del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo, por utilizar las mismas tácticas evasivas. Esta coincidencia no es casualidad, sino un patrón de comportamiento de una clase política que se siente por encima de la ley. Se burlan de las instituciones, retrasan los procesos y confían en que el tiempo y los laberintos legales jugarán a su favor.

La narrativa de la "indefensión" es un insulto a la ciudadanía. Mientras un ciudadano común enfrenta consecuencias inmediatas por una falta menor, un exfuncionario con recursos y contactos puede permitirse el lujo de evadir a las autoridades una y otra vez. La ley, que debería ser ciega, parece tener una venda selectiva que permite a los poderosos salirse con la suya.

Sin embargo, el titular de la ESAF, José Blas Cuevas Díaz, ha dejado claro que el proceso legal continuará. La advertencia es simple: si no comparecen, las observaciones se darán por válidas y el caso se turnará a la Fiscalía Anticorrupción. La vía de los edictos se abre como el último recurso legal, pero lo más importante es que la denuncia ya está sobre la mesa. La presión mediática y social es vital para asegurar que la impunidad no se salga con la suya.

El caso de Uriel Carmona no es solo una historia de corrupción; es un recordatorio de que la lucha contra la impunidad debe ser frontal y sin tregua. No podemos permitir que quienes han jurado servir al pueblo lo despojen de sus recursos y luego se escondan detrás de artimañas legales. La verdadera justicia solo llegará cuando los poderosos, sin importar su nombre o su cargo, rindan cuentas por sus actos.

SIMULACIÓN INSTITUCIONAL.- Por su parte, la gobernadora Margarita González Saravia declaró que “cada funcionario debe responder por las irregularidades en sus administraciones”.

Y es que, el caso del exfiscal Uriel Carmona Gándara, señalado por un presunto desfalco de más de 300 millones de pesos durante su gestión en 2023, es la fotografía nítida de una élite burocrática enquistada, que ha hecho del cargo público un feudo personal. De ese total, al menos 150 millones habrían sido usados para inflar nóminas fantasmas —sí, los famosos “aviadores”— mientras los verdaderos trabajadores del estado enfrentan condiciones laborales precarias, salarios estancados y violencia institucional.

Que un funcionario como Uriel Carmona, quien ocupó el cargo por siete años, esté evadiendo la notificación de los resultados de la auditoría de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) no es un acto aislado de cobardía personal, sino parte de una estructura de impunidad alimentada por la complicidad institucional.

Cierto es que la nueva administración consiguió lo que parecía imposible: la destitución de Uriel Carmona, empero, la pregunta no es si lo sacaron, sino por qué tardaron tanto en hacerlo. ¿Qué redes de protección operaron durante esos siete años? ¿Quiénes firmaron, autorizaron o ignoraron estos movimientos financieros ilegales? ¿Dónde están los nombres de los “aviadores”? Porque si la justicia se limita a señalar al exfiscal como único responsable, estamos repitiendo el mismo guion de siempre: uno cae para salvar a todos los demás.

La gobernadora tiene razón al señalar que “cada uno se hace responsable de sus declaraciones y de su administración”, pero eso implica ir más allá del discurso, es decir, significa impulsar una política de verdad que rompa con la cultura de encubrimiento que ha dominado a Morelos —y al país— por décadas.

También significa poner a disposición del pueblo los nombres, los documentos y los mecanismos para que estos recursos puedan ser recuperados, y los culpables, procesados, así como tomarse en serio la justicia y sancionar con todo el peso de la Ley a quien la haya violentado, trátese de quien se trate.

Porque si el aparato estatal sigue permitiendo que los peces gordos se escapen, mientras se castiga con toda la fuerza del Estado a quienes roban por necesidad, entonces no estamos ante una transformación, sino ante un simulacro más.

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