Serpientes y escaleras - Operación política

Dígase lo que se diga, el trabajo político del gabinete no está funcionando

Operación política

Una buena gestión de gobierno se apoya en cuatro ejes de acción: operación política, operativa, correctiva y preventiva, que en conjunto fortalecen la gobernabilidad y permiten otorgar resultados tangibles a la ciudadanía y a su vez proyectan ventaja electoral. El reto para cualquier administración es hacer que todos estos elementos funcionen de manera correcta.

En Morelos el trabajo sobre estos cuatro ejes se hace todos los días con acciones, decisiones, órdenes y definiciones que van elaborando la narrativa del régimen. En lo que va del sexenio ha habido algunos momentos claves que forman parte de esta historia y los resultados de cada uno están a la vista. Veamos:

La negociación del paquete económico 2025 tuvo que realizarse desde el ejecutivo porque el bloque morenista en el congreso fue incapaz de juntar los votos necesarios para avanzar. Tuvo que ser el jefe de la gubernatura y la propia gobernadora quienes resolvieran al tema, dialogaran con los diputados y generaran los acuerdos para que el presupuesto saliera en tiempo y forma.  

La historia no fue sencilla porque para obtener el voto opositor el Ejecutivo tuvo que ceder en la continuidad del fondo de infraestructura municipal, creado por el congreso anterior para beneficio de los diputados; ese fondo es conocido también como el fondo de moches, porque es una enorme ventana a la corrupción.

Como gobernadora electa Margarita González Saravia dijo públicamente que no apoyaría ese fondo porque se prestaba a actos de corrupción y dijo “Prefiero quedarme sin el apoyo del congreso que comprar conciencias”, pero al final tuvo que entregar 280 millones de pesos que, además, sólo se repartieron entre los 8 diputados de oposición. ¿Es esta una buena negociación política?

La bandera más ondeada por la morenista durante su campaña fue el combate directo a la corrupción: dignificaremos el servicio público, podremos fin a la impunidad y acabaremos con las malas prácticas, reiteró González Saravia en todos los espacios de campaña y en todos los foros en los que participó como gobernadora electa, pero la falta de operación política la ha obligado a transitar por los caminos corruptos que repudia.  

Al iniciar la administración el consejero jurídico y la contralora presentaron el “primer” bloque de denuncias por un monto de 40 millones y advirtieron que habría más acciones legales porque en “prácticamente todo el gobierno” se habían encontrado irregularidades. Han pasado más de seis meses desde esa declaración pública y hasta ahora ninguna acción se ha judicializado, ni tampoco ha aparecido el segundo bloque de demandas.

La llegada de Margarita González Saravia como gobernadora coincidió con el relevo de la dirigencia estatal de su partido y con la fortaleza del triunfo la gobernadora apoyó a su amigo Raúl Tadeo Nava, pero la operación política para su llegada falló. Los consejeros de Morena sabían que había línea en favor del exalcalde de Cuautla y estaba dispuestos a apoyar, pero fueron maltratados por el enviado de la mandataria y eso provocó un cisma que derivó en la llegada de una tercera en discordia.

La Reforma Judicial era el momento apropiado para que el Ejecutivo impulsara un cambio de fondo en el TSJ para mejorar su funcionamiento en todos los ámbitos, modernizar el sistema de justicia local y colocar candados para evitar que gente mala llegara o se mantuviera en posiciones clave. Esa era la oportunidad para acabar con la puerta giratoria y limpiar al tribunal de jueces corruptos que liberan delincuentes, pero se dejó pasar.

A diferencia de otros estados del país que aprovecharon la ocasión para “tropicalizar” la reforma acorde a sus necesidades y moldearon un sistema de justicia que respondiera a las demandas locales, en Morelos se hizo un simple copy paste que en nada mejoró la situación de ese poder y mantuvo todos los problemas que históricamente han caracterizado al TSJ.

Derivado de la reforma se determinó la sustitución del magistrado presidente y lo que parecía ser un relevo acordado terminó siendo una historia de errores y complicaciones que lastimaron la imagen de la gobernadora y pusieron en tela de duda su probidad. El primer error fue impulsar a un candidato relacionado con Graco Ramírez a través de Tania Valentina; el segundo amenazar en lugar de convencer. La operación política en el poder judicial fracasó rotundamente y tuvo que ser a través de Rafael Reyes como las cosas se medio enderezaran.

Además de la elección directa de jueces y magistrados, la votación judicial fue un termómetro para medir el tamaño y la fuerza de las estructuras afines a la 4T en todos los estados del país. En Morelos se echó mano de todo, incluso de aliados que no forman parte del gobierno ni del partido, con el objetivo de atender la petición presidencial de sumar votos a un proceso insignia del sexenio.

A pesar de la ayuda y dinero invertido en la elección el número de votos conseguidos fue muy bajo y Morelos quedó en lugar 22 de 32 a nivel nacional, lo que además de dejar mal parados a los operadores, exhibió la falsedad de los números que presumen, como en el caso de la secretaría de las Mujeres, donde dicen tener una red de más de 37 mil integrantes.

Este último hecho encendió las alarmas en la 4T porque la estructura es la base de ese partido. En campaña el equipo de la candidata de Morena presumía que su fuerza estaba en la estructura y en las redes de apoyo que derivaban de los programas sociales federales. Y era cierto: en algún momento esa base era sólida, pero pasada la elección se descuidó y a la vuelta de los meses muchos de sus integrantes se han incorporado a los gobiernos municipales de oposición o juegan en una corriente morenista opuesta a la de la gobernadora.

Internamente las cosas no marchan del todo bien: al gabinete le falta supervisión, pero sobre todo le urge orden operativo, porque pasada la mitad del año los proyectos y las obras apenas están por comenzar y ese retraso obligará a trabajar a marchas forzadas durante el segundo semestre del año para que la administración no quede en subejercicio presupuestal, con las consecuencias legales que ello implica. Eso y que en materia de construcción los costos se elevan, porque no es lo mismo trabajar en tiempo de secas que con lluvias.

El otro aspecto interno muy delicado es el manejo financiero/presupuestal: es secreto a voces que el gobierno enfrenta severos problemas en este renglón y conflictos que nunca se habían presentado en una administración estatal. El punto delicado, afirman, no es por falta de recursos, sino por mala planeación y una nula disposición de la secretaría de Hacienda para trabajar en equipo. Las consecuencias son graves y representan un daño muy severo al estado y a sus habitantes.

La estructura electoral va de la mano de la afiliación partidista, porque juntos serán la base con la que Morena competirá en el proceso del 2027. En el caso de Morelos la campaña de afiliación va viento en popa, pero solo del lado de Víctor Mercado; ni el partido ni los aliados de la gobernadora se han metido de lleno a ese tema, mientras que el senador avanza a pasos agigantados y ya no hay manera de que lo alcancen.

El exsecretario de transporte con Cuauhtémoc Blanco no es del agrado de la gobernadora, representa una corriente interna opuesta a ella y tiene intereses personales en Cuernavaca en el 2027 y en el estado en el 2030; Margarita González Saravia tiene derecho de veto en las elecciones, pero sí Mercado se posiciona como el morenista con mejor afiliación en el estado no habrá manera de que la jefa del ejecutivo le cierre el paso.

El trabajo de Víctor Mercado es público desde hace muchos meses, tiene presencia en los municipios, aprovecha los programas sociales del gobierno de Claudia Sheinbaum y tiene a su favor la estructura de la delegación de Bienestar. Del lado del gobierno estatal nadie ha hecho nada para equilibrar las cosas, lo que demuestra un exceso de confianza o una evidente falta de visión política. Así como va, Víctor Mercado se va a colar como candidato en Cuernavaca y desde ahí se perfilará como candidato a gobernador en el 2030.

Estas son solo algunas de las cosas que están pasando en el escenario político estatal, son hechos públicos, tangibles, comprobables, que exponen falta de operación política en el gabinete y el riesgo de que a la mitad de su sexenio la gobernadora Margarita González Saravia pierda fuerza y gobernabilidad.

Gobernar no es tarea sencilla, ni algo que se pueda hacer solo. Un buen trabajo se mide a partir de los resultados.

·         posdata

Para dimensionar el costo de una mala operación política veamos lo siguiente:

Hace un par de semanas las áreas de seguridad del estado en coordinación con elementos del Ejército Mexicano y Guardia Nacional detuvieron a un sujeto señalado por controlar el trasiego de droga en la zona norte de la capital y ser el principal distribuidor de estupefacientes en el campus de la universidad.

La captura de El Belicón fue llamativa por el operativo implementado y la reacción de los vecinos, quienes intentaron liberar al sujeto bloqueando calles y generando un enorme caos vehicular en Cuernavaca.

La Secretaría de Seguridad y la Fiscalía confirmaron que el detenido era un delincuente, dieron a conocer que se le detuvo en posesión de un arma de fuego de uso exclusivo del ejército, un vehículo robado y dosis de cristal y fentanilo; a pesar de ello unos días después un juez lo liberó argumentando una falla en el procedimiento por parte de la fiscalía.

Una vez más el tribunal de justicia hizo funcionar la puerta giratoria, el mismo juez que liberó a El Belicón es el que antes otorgó facilidades a sujetos detenidos en flagrancia, de probada culpabilidad y generadores de violencia. ¿Coincidencia? No lo creo.

Si la operación política del gobierno estatal en la reforma judicial hubiese tomado en consideración los antecedentes de los jueces y la forma como funciona la puerta giratoria, habrían aprovechado la reforma para poner candados que evitaran estas situaciones y establecido caminos para limpiar de fondo el TSJ.

Pero no, los estrategas gubernamentales se conformaron con el voto unánime para un copy paste de la reforma federal.

Entendámoslo: la mala operación política afecta la gobernabilidad, pero también tiene que ver con la pacificación.

·         nota

En el gabinete estatal hay dos figuras encargadas de la operación política: Javier García Chávez y Juan Salgado Brito; el primero desde la Jefatura de la Gubernatura y el segundo en la Secretaría de Gobierno.

Javier García es un tipo hábil que, empero, está saturado de trabajo, situación que le provoca una crisis constante de ansiedad; Juan Salgado es un político de mucha experiencia que en este caso navega en el gabinete sin hacer mucho, porque así se lo han ordenado.

Este es un ejemplo de una mala planeación, hablamos de dos figuras talentosas, experimentadas, inteligentes, que empero no trabajan en sincronía y tienen una encomienda profesional desequilibrada: el jefe de la gubernatura tiene más responsabilidades de las que es capaz de atender y el secretario cumple con funciones secundarias porque es lo que le dejaron.

A nadie puede sorprender que la operación política del gabinete sea tan mala cuando vemos que no hay sincronía en el trabajo, ni equilibrio en las responsabilidades.

·         post it

Lo que se presentó como un mega operativo exitoso en la colonia Lienzo del Charro terminó como pifia que un juez expuso tomando como evidencia varios videos.

El plazo para que la SSP y la FGE impugnen corre y lo que hagan mostrará de qué están hechas las instituciones.

Hoy se habla de la posible complicidad de un juez; mañana se podría decir que la policía estatal fabrica delincuentes.

La credibilidad de Urrutia está en la mesa.

·         redes sociales

“La casa que se está construyendo en El Mascareño no costará 50 millones, va a ser como de 45… será vecina del Bebé, quien fue el principal proveedor de viniles e impresiones del sexenio de Graco, de Matías y de Paula, la golpeadora de mujeres… el marido se la pasa supervisando la obra”. Me corrige un vecino del lugar.

Aceptada la aclaración: no será de 50, será de 45. Más lo que cueste equiparla una vez que este terminada.

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