Serpientes y escaleras - Entre la legalidad y la justicia

¿Cómo pedirle a un policía que arriesgue su vida cuando sabe que un juez liberará a los criminales?

Entre la legalidad y la justicia

La historia es reciente, pero se puede ubicar en cualquier momento de la historia local, ha pasado muchas veces hacia atrás y seguramente seguirá pasando hacia adelante: la policía detiene a una persona en posesión de un arma exclusiva del ejército, con un auto remarcado y varias dosis de Cristal y Fentanilo. A pesar de la evidencia un juez liberó al inculpado por faltas al debido proceso. La puerta giratoria sigue vigente en Morelos.

Cuántas veces en los últimos años hemos escuchado hechos similares, casos de personas detenidas en flagrancia, identificadas por las víctimas, en posesión de autos robados, drogas o incluso de personas privadas de su libertad, pero que a pesar de ello un juez los libera porque se cometieron errores procedimentales.

¿En qué punto chocan la legalidad y la justicia? Qué es más importante: ¿cumplir con la norma procedimental o castigar a quienes roban, secuestran, extorsionan, asesinan o trafican con droga?

El entramado de normas, procedimientos y garantías que debe seguir un proceso penal existen para proteger a víctimas y acusados de abusos y arbitrariedades, sin embargo, cuando la formalidad eclipsa la sustancia del asunto, se corre el riesgo de convertir el proceso en un fin, dejando de lado la importancia de impartir justicia.

En Morelos como en muchos estados de la república la liberación de delincuentes por faltas procesales fortalece la idea de que las reglas del juego existen para entorpecer la lucha contra la delincuencia en lugar de garantizarla; las fallas en el proceso son el camino de abogados y jueces para negociar la ley, haciendo de lado la justicia que reclaman miles de personas que todos los días son víctimas de diversos delitos.

Cuando se conocen casos donde un individuo de evidente culpabilidad, contra quien se han presentado pruebas irrefutables, recobra la libertad por decisión de un juez el mensaje que recibe la sociedad es de impunidad, de que la corrupción es el motor de nuestro sistema de justicia y que los jueces y/o magistrados son parte activa del engranaje criminal que se ha apoderado de nuestras calles y se ha robado nuestra tranquilidad.

Imaginemos el sentimiento que queda en un elemento de la policía o del ejército luego de un operativo en donde exponen su vida, al ver que el acusado recobra casi de inmediato la libertad por alguna laguna legaloide. ¿Cómo pedirles que enfrenten a los grupos criminales a sabiendas de que las redes de corrupción son tan fuertes los jueces son quienes liberan a los delincuentes?

La convivencia entre jueces, magistrados y grupos criminales no es rumor, existen desde hace mucho tiempo, son redes tejidas con presiones, sobornos o favores políticos que permiten la liberación de criminales a pesar de la evidencia que se presenta contra ellos.

Frente a eso lo que queda en la mente de la gente es que el estado está “coludido” porque las estructuras de justicia operan bajo la influencia directa de intereses ilícitos, convirtiendo al Poder Judicial en un actor más de la delincuencia organizada. Cada fallo exculpatorio sin justificación refuerza esta imagen y socava el principio de imparcialidad.

Sobre la liberación de El Belicón la gobernadora dijo: “Nosotros como parte del ejecutivo, la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía nos manifestamos, hay una controversia porque nosotros consideramos que se hacen bien las detenciones y los jueces dicen que no, y ese es un problema que nos afecta porque cuando se ha hecho todo el proceso de detención con mucha claridad, de una persona que está delinquiendo y un juez determina por su cuenta dejarlo libre, nos afecta como sociedad. Hemos hecho un llamado a hacer un análisis al TSJ para que caso por caso, en los diagnósticos que tenemos donde se ha hecho lo mismo, se revise; nosotros pedimos que en donde se ha dado esta situación, que un juez determina libera a un delincuente que ya ha sido detenido con todos los elementos, que se revise el actuar de los jueces”

Y es que el ejemplo de este personaje no es único, la escena se repite con demasiada frecuencia y esta situación da pie a una paradoja entre la evidencia plena y la impunidad forzada, lo cual no es un mero tropiezo técnico, sino un síntoma de una crisis muy profunda en nuestro sistema de impartición de justicia.

Como sociedad no se puede renunciar al debido proceso, hacerlo sería un atropello a los derechos humanos y sentaría un precedente autoritario, sin embargo, resulta indispensable reforzar los mecanismos de control que eviten que errores involuntarios o intencionales se traduzcan en liberaciones sistemáticas.

La reforma judicial permitía en su armonización local la posibilidad de crear estructuras o procesos especiales para casos de alto impacto, para detectar patrones de irregularidades que derivaran en responsabilidad para los funcionarios involucrados. También pudo dar vida a mecanismos de denuncia protegida para quienes detecten y avisen de presiones y/o sobornos dentro de los tribunales y las fiscalías, garantizando anonimato efectivo y protocolos de protección. Pero el hubiera no existe; en Morelos se hizo un copy paste de la reforma nacional y se celebró que se votó por unanimidad. ¡Vaya visión tan mediocre!

La carrera por la pacificación no avanza en una sola línea, además del combate a la delincuencia se requiere un esfuerzo permanente para legitimar el sistema de justicia bajo la máxima de que la ley hace justicia. Cada liberación arbitraria o polémica erosiona la confianza pública y alimenta la idea de que existe una complicidad entre juzgadores y delincuentes. Para el ciudadano común esa percepción se traduce en miedo e inseguridad, reforzando la hipótesis de que el crimen siempre gana y los corruptos nunca son castigados.

La justicia no radica en la simple derrota del delincuente, sino en la reafirmación permanente de que el Estado protege a los ciudadanos sin sacrificar derechos ni convertirse en violador de garantías individuales. Alcanzar esa coherencia entre el rigor procesal y el combate efectivo al crimen organizado es el gran desafío del gobierno de Margarita González Saravia y hasta ahora no se está logrando, en buena medida, por la complicidad de jueces con delincuentes. No basta con enunciar el debido proceso constitucional, hay que garantizarlo con instituciones sólidas, transparentes, responsables y confiables.

Solo en ese momento la sentencia de un juez será vista como un acto de justicia y la sociedad podrá estar segura de que no se trata de una acción de conveniencia política o complicidad personal. Hoy los jueces y magistrados de Morelos no son vistos como garantes de la ley, sino como intermediarios del crimen, como personas que lucran con el estado de derecho y fallan en función de algún beneficio económico. En Morelos quien tiene dinero para pagar, puede estar tranquilo de que nunca recibirá un fallo en contra, no importa lo que haga.

El TSJ no es una institución que imparte justicia, es un obstáculo para la paz, un brazo del crimen que opera en contra de la sociedad.

·         posdata

Regresemos al origen de muchos problemas: la mala operación política al interior del Poder Judicial de Morelos provocó escenarios como el que estamos viendo con El Belicón; se quitó a un presidente cuestionado por sus actos, acusado de corrupción y reiteradamente señalado por coludirse con grupos delictivos y llegó un magistrado timorato, sin capacidad de cambiar nada.

El error en el TSJ comenzó desde que se promovió a un personaje graquista, obediente a Tania Valentina, pero dispuesto a hacer lo que sea con tal de asumir la presidencia del poder judicial. Javier Mújica no tenía con que aspirar al cargo, pero fue impulsado desde la jefatura de la gubernatura; al final la operación política fracasó y tuvo que entrar un tercero en discordia, alguien sin carácter, dispuesto a no hacer olas contra nadie. Con ese resultado perdió la gobernadora y perdió el estado.

Juan Emilio Elizalde ha dejado claro que flotará en la presidencia del Poder Judicial y que de él no se puede esperar nada, literalmente nada: ni que actúe en contra de su antecesor por los actos de corrupción que se le achacan, ni que ponga orden en los juzgados para que los jueces dejen de liberar delincuentes, ni siquiera para hacer que la institución trabaje mejor.

El nuevo titular del TSJ repartió el poder para que nadie lo moleste, dejó en manos de los demás el control de la institución y al hacerlo permite que casos como el de El Belicón se repitan todos los días en perjuicio de la ciudadanía.

 “Cuando se ha hecho todo el proceso de detención con mucha claridad de una persona que está delinquiendo y un juez determina por su cuenta dejarlo libre, nos afecta como sociedad”. Eso no le importa a Juan Emilio Elizalde.

Y a pesar de lo podrido que está el poder judicial morelense, sus integrantes se llevarán muchísimos millones de pesos por concepto de Haber de Retiro.

¿También a eso lo llamarán una buena operación política?

·         nota

Aunque no es un objetivo prioritario, la detención de Adrián Rivas Millán (a) El Belicón fue llamativa por la espectacularidad y la viralización de los videos de su captura.

Lo ocurrido después de la acción policiaca no fue casual, se trató de una reacción bien planeada que incluyó movilización de gente, bloqueo de calles y edición de videos en redes sociales para generar la idea de que hubo abuso policial y que el detenido era una persona inocente. Y se logró.

Una y otra vez se ha hablado del peso de la percepción y este caso lo expone con absoluta claridad: por un lado la policía actuó de manera coordinada en un operativo en donde acudieron elementos estatales, federales y militares, se logró la detención de una persona en posesión de drogas y, dicho por la FGE, se actuó conforme a la ley; por otro apareció una estrategia mediática que construyó una idea opuesta y que no tuvo respuesta institucional; la narrativa permitió el fallo de un juez.

Veamos las cosas como fueron: 

1-    La Fiscalía probó que los videos mostrados por la defensa presentaban vicios desde su ofrecimiento, ya que fueron aportados sin que la persona que los entregó rindiera testimonio.

2-    Se evidenció mediante contrainterrogatorio que NO existía certeza sobre la fecha y hora de los videos, lo que afecta su valor probatorio.

3-    Uno de los videos de la defensa fue obtenido de redes sociales y presentaba signos de edición, por lo que su autenticidad quedó en duda.

4-    La Fiscalía acreditó que la detención se originó tras un folio 911 de emergencia, lo que motivó la respuesta coordinada de diversas corporaciones de seguridad pública.

5-    La Fiscalía expuso que los registros del Informe Policial Homologado y el reporte C5/911 manejan horas aproximadas, no exactas al segundo, debiendo considerar el tiempo real de la llamada, su transcripción, el despacho a las corporaciones y el arribo de los elementos, lo que explica los siete minutos de diferencia; también demostró que la intervención de las corporaciones se originó tras la activación del folio de emergencia, cumpliendo los protocolos.

A pesar de ello el juez concedió valor probatorio a videos que presentaban vicios graves, como falta de testimonio de quien los grabó, ausencia de fecha y hora verificables y signos de edición, lo que cuestiona su autenticidad.

También avaló una supuesta manipulación de la camioneta con base en videos de procedencia y edición dudosas, mientras que en el IPH consta la descripción de los hechos por los primeros respondientes.

El juez le otorgó absoluta credibilidad a la declaración del imputado pese a que jurídicamente es una manifestación de parte interesada y debe valorarse junto con evidencia sólida, que en este caso no existió.

La supuesta discrepancia entre la hora del reporte y la intervención fue aclarada por la Fiscalía, demostrando que los tiempos son aproximados y operativamente razonables.

Y a pesar de todo lo anterior, el acusado quedó libre. ¿Cómo se llamó la obra?

·         post it

Los graquistas están regresando al poder gracias al apoyo de alguien del gabinete y de un diputado del congreso local. El último personaje es Nadxielli Carranco, nueva titular de la CEDH.

Los graquistas reprimidos se multiplican en el gobierno de Margarita González Saravia.

·         redes sociales

Si la línea graquista continúa, al rato revivirán las redes GxG y designarán titular de Hacienda a Jorge Michel o a César Pérez Herrera.

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