TERCERO INTERESADO - Cuarto nivel

Tradicionalmente, la estructura gubernamental se ha entendido como un sistema dividido en tres niveles: federación, estados y municipios, cada uno con atribuciones, responsabilidades y límites claramente definidos en las constituciones y leyes que los regulan. Sin embargo, de forma discreta pero creciente, se está consolidando un cuarto nivel de gobierno que, sin reconocimiento formal, incide cada vez más de manera decisiva en la vida pública. Este nivel emergente está conformado por organizaciones sociales, asambleas comunitarias, colectivos ciudadanos y agrupaciones vecinales que, ante la insuficiencia o la desconfianza en las instituciones formales, asumen funciones de representación, gestión y vigilancia de asuntos que afectan directamente a sus comunidades, pero que igualmente, se les está alentando por algunos sectores cuyo desconocimiento o menosprecio por el orden institucional establecido, impulsa populistamente la toma de decisiones públicas y no la vinculación sociedad-gobierno, hacia un sector que normalmente no está preparado para ello.

El concepto es alentador desde el punto de vista del fortalecimiento de la participación ciudadana, de promover la corresponsabilidad y mejorar la rendición de cuentas, dado que la cercanía que este sector mantiene con las realidades cotidianas les permite visibilizar problemas específicos, articular soluciones adaptadas a su contexto y presionar legítimamente a los gobiernos formales para la atención de sus demandas; sin embargo, el surgimiento de este cuarto nivel conlleva riesgos que deben analizarse con rigor, sobre todo, la falta de apego a un marco normativo que delimite sus alcances y responsabilidades, que puede derivar en decisiones precipitadas, sustentadas más en la emotividad colectiva que en criterios técnicos o legales, así como el surgimiento de acuerdos comunitarios o resoluciones populares que, bajo el argumento de la “democracia directa”, cancelan proyectos, bloquean políticas públicas o condicionan inversiones estratégicas, sin considerar los impactos a mediano y largo plazo.

Si bien la deliberación comunitaria enriquece la esfera pública, la toma de decisiones sin contrapesos técnicos ni responsabilidad jurídica, no sería más que populismo local, improvisación e incluso vulneración de derechos de terceros. Contradictoriamente, el ejercicio de una participación mal encauzada puede atentar contra el mismo desarrollo democrático que pretende fortalecer.

Los niveles de gobierno formal pueden complementarse positivamente con este actor emergente, siempre que existan límites y mecanismos claros para articular su actuación con el marco institucional. La cooperación entre gobierno y sociedad civil, sobre todo la organizada, es indispensable para garantizar que la voz ciudadana se canalice hacia soluciones y resultados y no derive en un factor de ingobernabilidad, donde la fragmentación de la autoridad y la atomización de liderazgos socaven la eficacia de la gestión pública. El reto radica en equilibrar la potencia transformadora de la organización ciudadana con la estabilidad institucional que dé certeza y legalidad, sin ceder la rectoría del interés público a intereses grupales, particulares o coyunturales.

Este cuarto nivel nos obliga a repensar el pacto social. No se trata de obstaculizar la expresión ciudadana ni de minimizar su capacidad de incidencia pública, sino de fortalecer su legitimidad mediante reglas claras y responsabilidades delimitadas; que complemente –pero no sustituya ni desplace– a los gobiernos democráticamente electos y legalmente constituidos, con el subsecuente desorden que erosione la confianza en las instituciones y debilite la cohesión social.

La acción política demanda reconocer igualmente, la complejidad de gobernar y gobernarse, en lo que no basta con un esquema rígido de jerarquías; se requiere apertura, corresponsabilidad y visión estratégica para que la pluralidad de voces se traduzca en soluciones efectivas y, en ese sentido ignorar al “cuarto nivel” sería un error, pero glorificarlo sin controles sería igual o aún más riesgoso, por más que se trate de una palanca legítima de desarrollo democrático.

Carlos Tercero

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