Serpientes y escaleras - Se acabó la luna de miel

Con datos duros, la administración estatal pasa a una nueva etapa

Se acabó la luna de miel

La luna de miel para el gobierno acabó, los que vienen serán meses más complejos por la suma de circunstancias que obligarán a la gobernadora a tomar decisiones y anticipar problemas que pudieran poner en riesgo la gobernabilidad en el estado. Frente a ella se están alineando actores políticos que tratarán de ganar terreno de cara al 2027 y buscan tomar control de distintas instituciones. Margarita González Saravia se debe anticiparse a sus adversarios.

Todas las administraciones públicas en los tres niveles de gobierno tienen una fase inicial tras la asunción de un nuevo gobernante, caracterizada por una elevada confianza ciudadana y una mayor facilidad para impulsar políticas públicas; dependiendo de los resultados electorales deriva la aprobación, las expectativas y el optimismo que causa el cambio de liderazgo.

La luna de miel de los gobiernos no tiene un periodo específico, suele durar entre seis y nueve meses dependiendo de la persona de quien se trate y se influye por factores externos como la estabilidad social, la seguridad, la economía, el desarrollo, la gobernabilidad y las crisis que se presentan. La administración saliente es un elemento importante en la ecuación: si el mandatario anterior fue impopular, la expectativa para quien llega mejora.

La luna de miel es la ventana en la que los gobiernos impulsan reformas estructurales o proyectos ambiciosos, es el momento en el que el gobernante tiene mayor respaldo social y menor resistencia política. Una luna de miel bien aprovechada consolida la gobernabilidad, pero en caso contrario se traduce en un fuerte desgaste que hace crecer a la oposición y la vuelve más activa.

La luna de miel de los gobiernos es ese breve periodo de tolerancia y expectativas positivas durante el cual las administraciones suelen impulsas sus propuestas principales antes de enfrentarse al rigor del escrutinio público y a las presiones del poder legislativo.

En el caso de Morelos la luna de miel ha llegado a su fin no porque se haya acabado la empatía de la gente con la gobernadora, sino porque la gente comienza a exigir resultados tangibles y acciones que vayan más allá del discurso o la presencia física de la mandataria en los eventos.

Pongámoslo en números: en enero del 2025 la encuestadora De las Heras Demotecnia reportó un 64% de aprobación ciudadana y una calificación promedio de 7.2 en favor de Margarita González Saravia, reflejo de un considerable respaldo de la población hacia la primera gobernadora de Morelos, pero para abril esa misma casa encuestadora colocó a Morelos en 53%, lo que representa una caída de 11 puntos en tan solo cuatro meses.

Este descenso es el más pronunciado entre los gobernadores del centro del país e indica que el beneplácito se ha agotado o al menos se volvió muy frágil; aunque oficialmente podríamos aún estar en los nueve meses oficiales de luna de miel, el desplome en los niveles de aprobación sugiere que la gobernadora ha entrado al terreno de un escrutinio público más riguroso, con críticas más agudas, mayor presión social, más actividad de la oposición y una ciudadanía menos tolerante.

Por números y ánimo colectivo la luna de miel del gobierno de Margarita González Saravia ya terminó, los datos de sus encuestas no son malos, pero marcan un descenso que debe ser identificado por los estrategas oficiales, para entender que el gobierno ahora transita hacia una fase de consolidación o desgaste en el que cada decisión que se tome será evaluada con más severidad por parte de la gente.

La conclusión de la etapa de la luna de miel no implica que el gobierno entre o se encuentre en una fase de crisis, que se haya fracasado o que esté en un punto sin retorno; lo que viene es una etapa distinta en la que la gobernadora enfrentará escenarios más complicados, llenos de retos y oportunidades que dependerán de su capacidad de decisión y la habilidad de su equipo para traducirse en proyectos y resultados tangibles.

El punto más delicado en su agenda es la inseguridad y la solución no es simple ni se encuentra a la vuelta de la esquina; el secretario está realizando un buen trabajo, la dependencia se ha convertido en un ente de investigación que identifica, ubica y detiene a delincuentes y generadores de violencia, pero a pesar de que hay resultados tangibles, la población aún no los acaba de asimilar porque siguen ocurriendo hechos de violencia que afectan el estado de ánimo colectivo.

En este plano sobresale la insistencia de señalar públicamente que hay al menos 18 alcaldes en funciones relacionados con grupos de la delincuencia organizada y algunos de ellos son objeto de investigaciones federales. Si el gobierno federal lo sabe, lo dice y lo anuncia ¿Por qué no hacen nada al respecto? Mantener ese discurso implica calentar el ambiente de manera innecesaria con cargo al gobierno estatal, porque se acusa, pero no se actúa.

Luego está el proceso de rendición de cuentas que fue eje de la campaña de la gobernadora: el 13 de enero el consejero jurídico y la contralora estatal informaron que se habían identificado irregularidades por 40 millones de pesos en la pasada administración y que se actuaría en consecuencia; “este es el primer bloque de denuncias”, se dijo, pero a la vuelta de los meses los señalados siguen libres, los procesos no avanzan, ni se habla de la enorme corrupción que heredó el gobierno pasado. En la mente de las personas crece la idea de que hay complicidad y lo que se dirá en el discurso electoral es que, como se dijo en la campaña pasada, Margarita González Saravia es cómplice porque fue la candidata de la continuidad.

Las investigaciones contra Cuauhtémoc Blanco provocaron tensiones en Morena y una reacción que no beneficia a la gobernadora; los señalamientos por actos de corrupción y la denuncia por intento de violación lastimaron severamente la imagen del exgobernador, pero también hicieron que sus aliados se reagruparan y tomaran posiciones de poder, pensando en la revancha en el proceso del 2027.

Esto último debería encender las alarmas dentro del gobierno estatal porque hablamos de posiciones clave que influyen en la gobernabilidad, que serán definitivas en los próximos meses y en las que ya hay presencia de cuauhtemistas. Veamos:

La delegación más fuerte en el estado es Bienestar y hoy está en manos de opositores a Margarita González Saravia; el delegado es incondicional de Sergio Pérez Flores y Ulises Bravo, desde ahí están operando los programas sociales y proceso de afiliación de nuevos militantes de Morena con un objetivo personal y de grupo, totalmente opuesto a los intereses de la gobernadora.

En el gabinete parecen no haberse dado cuenta de lo que está sucediendo en esa oficina, ni del avance que han logrado en la suma de nuevos militantes, lo que en un futuro se traducirá en capacidad para promover o imponer candidaturas.

En otro plano está la renovación del poder judicial, donde Margarita González Saravia tendrá que elegir entre la propuesta menos mala, porque los tres grupos que conviven al interior del TSJ son ajenos a ella: un bloque de magistrados está ligado a Graco Ramírez, otro a Cuauhtémoc Blanco y algunos a Jorge Gamboa. La gobernadora no tiene ningún magistrado.

En el problema de inseguridad el Poder Judicial es clave, porque se ha convertido en la puerta giratoria que echa abajo las detenciones, libera delincuentes mantiene vigente el problema delictivo en las calles, provocando una percepción de complicidad que la mayoría de las personas no coloca en la figura de un juez o un magistrado, se lo atribuyen al gobierno estatal, cuya personalidad más notoria es la gobernadora.

En ocho meses de gestión no se puede hablar de fracaso o crisis en el gobierno estatal, aún estamos lejos de ello, pero si comienza una etapa distinta, sin el beneficio de la luna de miel, ni la tolerancia que otorga un arranque de administración.

La actuación de la jefa del ejecutivo debe ser acorde a las nuevas circunstancias, a un momento que comienza a ser distinto y le exigirá ajustes, cambios quizá, pero sobre todo la capacidad de entender el momento.

Si anticipan los conflictos, la nueva etapa del gobierno será exitosa; si se dejan llegar los problemas, vendrán tiempos complicados para todos.

·         posdata

Graquistas y cuauhtemistas están velando armas; cada uno por su parte se reagrupa, busca posiciones de poder, teje alianzas y se prepara para lo que viene. En su mente está el proceso electoral intermedio y la revocación de mandato: por un lado buscarán ganar posiciones en los municipios y en el congreso local y por otro tratarán de incidir en la votación que valide o no a Margarita González Saravia.

Los dos puntos son importantes, pero el segundo sobresale: si la gobernadora pierde o gana por poco margen la revocación de mandato, su figura quedará seriamente lesionada y la segunda mitad de su mandato se complicará.

Estos escenarios se deben trabajar y operar desde ahora, antes de que sea más difícil o demasiado tarde.

·         nota

El caso de las llamadas “jubilaciones doradas” en Morelos fue un escándalo político y financiero que estalló en 2018 y 2019, se refiere a pensiones otorgadas de forma irregular por la LIII Legislatura del Congreso local, en su mayoría a exfuncionarios, familiares y personas cercanas al entonces gobernador Graco Ramírez. Estas pensiones no cumplían con los requisitos legales y se aprobaron sin pasar por los procedimientos establecidos.

Fue en julio de 2018, poco antes de concluir su mandato, que la LIII Legislatura aprobó al menos 70 pensiones de forma expedita, sin la revisión adecuada por parte de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social; algunas de estas pensiones se otorgaron en un solo día y con documentación falsa o sin verificar la antigüedad laboral necesaria. Los beneficiarios incluían a exsecretarios de Hacienda y Educación, secretarias particulares, amigos y familiares de altos funcionarios.

En abril de 2019 la siguiente Legislatura integrada por diputados de Morena, PT y PES, abrogó 24 de estas pensiones tras una investigación que reveló múltiples irregularidades, se anunció que se fincarían responsabilidades penales contra quienes promovieron y aprobaron estas jubilaciones ilegales, pero al final no pasó nada. Una figura clave en la entrega de pensiones irregulares fue Karina Arteaga en su calidad de directora de recursos humanos de la cámara; la esposa del diputado de MC Julio César Solís solicitó Criterio de Oportunidad y la FECC se lo concedió para protegerla y librarla de responsabilidad.

Aunque algunas pensiones se cancelaron, otros lograron mantenerlas mediante amparos; en 2020 se detectaron al menos 18 casos en los que los beneficiarios intentaban reinstaurar sus pensiones, algunas de hasta 40 mil pesos mensuales, a pesar de no cumplir con los requisitos legales.

La aprobación de las jubilaciones doradas implicó la violación de diversas leyes, entre ellas la Ley del Servicio Civil de Morelos, la Ley de Pensiones, la Ley Orgánica del Congreso y hasta el Código Penal estatal, por los delitos de abuso de autoridad, ejercicio indebido del servicio público, falsificación de documentos y uso indebido de recursos públicos.

Los diputados que avalaron las pensiones pueden ser sujetos de sanciones administrativas, penales o políticas, mientras que quienes se beneficiaron tendrían que reintegrar el dinero recibido al comprobarse que actuaron de mala fe; el estado puede demandar la restitución del dinero público al demostrar que los beneficiarios de las pensiones recibieron algo a lo cual no tenían derecho.

En el caso de las pensiones doradas, el Congreso o el Ejecutivo pueden reabrir las investigaciones a través de la ASF o la FECC.

¿Lo hará el nuevo fiscal anticorrupción?

·         post it

La gobernadora de Morelos puso en marcha el programa Corazón de Mujer, donde 28 mil mujeres comenzaron a recibir 560 pesos bimestrales.

Se regalaron miles de sombrillas al estilo Gayosso y el evento se amenizó con un concierto al estilo Graco.

Por cierto ¿El dinero para ese programa está considerado en el presupuesto 2025?

·         redes sociales

Cuernavaca y Jiutepec son municipios clave en cualquier proceso electoral, juntos concentran una enorme votación e influyen en toda la zona metropolitana. Los dos son gobernados por la oposición y todo indica que así se mantendrán en las próximas elecciones.

José Luis Urióstegui y Eder Rodríguez están haciendo un buen trabajo.

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