Serpientes y escaleras - La corrupción no se castiga, se recicla

El problema no es robar, sino lo fácil que resulta hacerlo en Morelos.

La corrupción no se castiga, se recicla

La llegada de Antonio Villalobos a la presidencia municipal de Cuernavaca fue por casualidad, un accidente de la democracia que costó mucho a la ciudad y que, como muchas otras cosas de ese tiempo, se pueden atribuir a Cuauhtémoc Blanco, porque uno de sus berrinches le abrió la puerta de la capital. El “Lobito” como le gusta que lo llamen, no era nadie en el escenario político, no tenía méritos profesionales, capacidad, ni mayor virtud que ser protegido de Miguel Lucia Espejo, pero lo que hizo en la capital representa una de las mayores historias de corrupción en Morelos.

“Yo quería una dirección en el ayuntamiento” me dijo Villalobos el día que lo conocí; cuando me avisaron que quedaba como candidato no lo podía creer, “pero Rabín me mandó a Miguel (Lucia) para que me asesorara”. ¡Y veme ahora! presumía unos meses después de haber protestado el cargo.

El Lobito no tenía ninguna experiencia política ni electoral, había sido funcionario menor en Cuernavaca y como tal fue sancionado por acoso sexual y desvío de recursos. Cuando apareció en la campaña de José Luis Borbolla andaba en una motoneta usada y se quedaba afuera de los restaurantes porque, dicho por el candidato, no tenía dinero para pagar la cuenta.

Su aparición en el escenario fue producto del berrinche de Cuauhtémoc Blanco y las ambiciones de Hugo Eric Flores; ellos impulsaron a Borbolla y luego trataron de quitarlo, lo que provocó un desorden que concluyó con la inhabilitación del Choche y entrada del candidato suplente, Villalobos.

Como en muchos otros casos a lo largo y ancho del país, el de Villalobos fue un gobierno en familia, donde los hermanos tomaban decisiones en conjunto y se repartieron el poder… hasta que se pelearon.

Durante su gestión (2019 2021) la capital del estado de Morelos vivió uno de sus peores momentos: estalló una crisis hídrica provocada por los malos manejos en el Sapac, el adeudo a la CFE creció de manera exponencial, lo que provocó el corte del suministro de energía en los pozos de agua, se suspendieron los servicios de recolección de basura por falta de pago y hubo opacidad en el manejo de los recursos del ayuntamiento.

Todo lo anterior colocó a Cuernavaca en un punto de crisis que se combinó con el aumento exponencial de la violencia y la inseguridad, pero lo verdaderamente grave vino después, cuando comenzó a documentarse la forma como se ejerció el poder en ese trienio, se evidenciaron los malos manejos, el desvío de recursos en prácticamente todas las dependencias municipales y las instituciones encargadas de castigar lo ilegal hicieron exactamente lo mismo que Villalobos: nada útil.

El gobierno de Antonio Villalobos Adán vivió de principio a fin historias de corrupción, reclamos sociales, acusaciones de malos manejos y denuncias, todo envuelto en la actitud frívola de un personaje profundamente ignorante, ambicioso, ególatra, que imaginaba que con sus ocurrencias de galán de barrio podría sustituir su inocultable incapacidad neuronal.

El remate de los abusos cometidos en ese periodo de gobierno ocurrió en la última sesión de cabildo, cuando los integrantes del cuerpo edilicio aprobaron tomar el dinero producto del cobro anticipado del impuesto predial para pagar adeudos que consideraban urgentes, pero no incluyeron pasivos con CFE, que en ese momento ya le había cortado el suministro de luz a la sede del gobierno municipal.

Al iniciar la siguiente administración municipal José Luis Urióstegui Salgado presentó denuncias diversas que van desde el peculado hasta el ejercicio indebido del servicio público; en un primer bloque fueron más de 40 denuncias documentadas, justificadas y con hechos probados, situación que derivó en la momentánea detención y encarcelamiento de Villalobos, pero sin que hasta el día de hoy exista una sola sentencia firme en su contra.

Los comentarios en los pasillos del Poder Judicial referían que Villalobos se había negado a “entrarle” con el juez y por ello había ido a la cárcel… pero después “se puso a mano”, salió del penal y se le sujetó a un proceso cuya única condicionante era la firma periódica y restricciones menores. Aunque esta historia nunca se ha comprobado, la actitud de la Fiscalía Anticorrupción permite pensar que se trató de algo cierto, porque hasta hoy todas las demandas en su contra se siguen empolvando en los escritorios de la FECC.

El de Antonio Villalobos no es solo un caso de corrupción, es un caso de complicidad institucional que muestra lo que se puede hacer y hasta dónde se puede llegar cuando se actúa bajo el amparo del poder. Cada día que pasa sin que este y otros casos similares sigan sin castigo se debilita el sistema de justicia y la confianza de los ciudadanos en sus autoridades.

Nada de eso importaba al anterior fiscal anticorrupción, señalado durante toda su gestión de negociar con la justicia, de perseguir a sus enemigos y hacer negocio con los casos. Ahora que tenemos un nuevo encargado de la FECC, bajo la dirección de un fiscal probo en un gobierno encabezado por una mujer honesta, lo menos que se puede esperar que este y otros muchos casos similares avancen.

Ya no hay pretextos: la estructura que construyó Graco Ramírez para proteger a los suyos, pero que fue aprovechada por otros ladrones, se acabó. Estamos en un momento que promete ser distinto, en donde se impulsa un cambio de fondo en la actuación gubernamental y se presume un verdadero combate a la impunidad.

La corrupción no se castiga por venganza, se castiga para que no se repita, porque cuando se permite que alguien como Villalobos, como Sergio Beltrán Toto, como Paula Trade, como Manuel Agüero, como Mónica Boggio, como Efrén Hernández y como los mismos Graco Ramírez y Cuauhtémoc Blanco se salgan con la suya, lo que se le está diciendo a toda la clase política es: “Puedes fallarle a una ciudad o a un estado completo, puedes robarle a la gente y no va a pasar nada”.

La tragedia del caso Villalobos no está solo en lo que hizo, sino en lo que no hacen las instituciones ni hacemos los ciudadanos para que ese tipo de historias no vuelvan a repetirse.

En Morelos los políticos pueden fallar y robar, porque nunca pasa nada.

·         posdata

Frente a los muchos casos de corrupción que hemos visto en el pasado y los que seguimos viendo en el presente, como el de la funcionaria estatal que se está construyendo una residencia millonaria, la pregunta obligada para todos es ¿cuánto más estamos dispuestos a tolerar antes de admitir que el verdadero problema no son los ladrones, sino lo fácil que resulta saquear al erario porque nunca hay consecuencias?

Veamos otro caso:

En unos meses el gobierno de Graco Ramírez Garrido destinó más de 2 mil 800 millones de pesos para la reconstrucción de las personas afectadas por el sismo del 2017, pero los recursos públicos y los apoyos que de manera solidaria mandó la sociedad civil fueron utilizados como herramienta electoral para intentar conservar el poder en el 2018.

Sobre esto se denunciaron desvíos de recursos públicos, obras fantasma y apoyos entregados con criterio político, pero hasta el día de hoy no hay responsables sancionados a pesar de que las auditorías y pruebas presentadas evidencian lucro con la tragedia y que se trató de uno de los robos más grandes y burdos en la historia de Morelos.

En la historia de Villalobos la corrupción se tradujo en habitantes sin agua ni servicios, lastimados por los delincuentes y cientos de trabajadores sin salario; con Graco hablamos de familias sin techo, sin casa, ni justicia.

En ambos casos se muestra como los funcionarios públicos utilizaron el dinero para beneficio personal o conveniencia política, donde las instituciones no actuaron con firmeza y cuando quisieron hacerlo no lograron sentencias. La de Antonio Villalobos es una muestra de la degradación política municipal, mientras que la de Graco Ramírez es un ejemplo de la sofisticación del desfalco estatal.

El resumen de ambos asuntos es simple: en Morelos la corrupción se aprende, se hereda y se protege.

·         nota

Entre las modificaciones al Código de Procedimientos Electorales de Morelos se incluye una reforma que permite a los diputados locales la reelección “hasta por cuatro periodos consecutivos”.

Cualquier parecido con la película La Ley de Herodes, cuando Juan Vargas modifica la constitución para poder reelegirse “hasta por cuatro periodos consecutivos” es mera coincidencia.

¡Chulada de diputados!

·         post it

A la Fiscalía Anticorrupción de Morelos ha llegado un caso interesante: la exregidora Patricia Torres exige que el alcalde José Luis Urióstegui sea sancionado por lo ocurrido el junio del 2022, cuando durante la inauguración del Paseo Ribereño colapsó un puente colgante y diversas personas y funcionarios municipales, incluyendo al alcalde, su esposa y el secretario del ayuntamiento, cayeron varios metros.

La obra en cuestión no correspondía al gobierno entrante, se realizó en el periodo de Antonio Villalobos y se hizo en coordinación con el gobierno estatal de Graco Ramírez. A José Luis Urióstegui le correspondió la inauguración y al hacerlo, fue parte del percance que causó lesiones a algunos integrantes del gobierno de Cuernavaca, incluyendo a la presidenta del DIF y esposa del alcalde, Luz María Zagal y a la hoy demandante, Patricia Torres.

No tengo información de los argumentos que la exregidora esgrime para culpar a José Luis Urióstegui del percance, cuándo él y su esposa fueron víctimas, pero imagino que es un mecanismo de presión para tratar de hacer avanzar su exigencia de pensión vitalicia a pesar de que legalmente no tiene derecho a ella.

Como concejal municipal Patricia Torres fue apoyada por el ayuntamiento en todos los gastos médicos derivados de ese accidente y, como se informó oficialmente hace algunos meses, se erogaron más de 2.5 millones de pesos en ayuda directa a ella, además de que se le pagó su sueldo completo durante todo el tiempo que estuvo ausente por recuperación.

Tomando como referencia la historia de Patricia Torres en todos los lugares en los que ha estado y personas con quienes se ha relacionado, me parece que la dama está tratando de sacar ventaja personal de un asunto en donde no hay materia, porque el alcalde José Luis Urióstegui no es culpable, es víctima, y ella como concejal recibió apoyo total del ayuntamiento.

Sería una aberración que la FECC victimizara a una víctima, cuando durante muchos años ha sido omisa en el castigo de los pillos.

La capacidad profesional y honorabilidad de Leonel Díaz Rogel está a prueba.

·         redes sociales

Los honestos de hoy serán los corruptos mañana.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

X: @eolopacheco

Threads: eolopacheco

Instagram: eolopacheco

Facebook: eolopacheco