Observador político - Reprobada, la Fiscalía Anticorrupción de Morelos

Tal parece que la corrupción en México no es una anomalía sino una estructura, debido a la maquinaria que opera desde las instituciones, y que lejos de ser combatida, ha sido blindada por quienes deberían erradicarla. Un ejemplo de ello, es el caso de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos, durante el sexenio de Graco Ramírez y de Cuauhtémoc Blanco, es un ejemplo emblemático de cómo el discurso anticorrupción puede convertirse en un instrumento para la impunidad.

LAS COMPLICIDADES.- Cuando el exgobernador Graco Ramírez designó a Juan Salazar Núñez, su entonces consejero jurídico, como fiscal anticorrupción, lo hizo a través de una instrucción directa desde el Congreso local. El mensaje fue claro: la Fiscalía no sería un ente autónomo, sino una extensión del poder Ejecutivo, por lo que a partir de entonces, el aparato anticorrupción en Morelos dejó de ser una institución de vigilancia y se convirtió en una barrera de protección para el propio régimen que debía investigar.

Durante años, la Fiscalía encabezada por Salazar Núñez se volvió un elefante blanco; un presupuesto millonario sin justificación y sin resultados. Basta una pregunta sencilla: ¿cuántos funcionarios públicos fueron llevados a la cárcel de Atlacholoaya por corrupción durante su gestión? ¿Cuántos secretarios de Estado, diputados, alcaldes, regidores o directores de organismos paraestatales enfrentaron consecuencias legales reales? La respuesta es brutal: ninguno relevante.

El caso de las pensiones doradas —donde altos funcionarios se jubilaron con montos obscenos y sin justificación— fue emblemático, pero lejos de procesarlos, Salazar Núñez permitió que el expediente se diluyera, como tantos otros.

ESTUDIO DEL TEC DE MONTERREY.- Un estudio reciente del Tecnológico de Monterrey confirma lo que se vivió en carne propia en Morelos: las fiscalías anticorrupción no son efectivas, y su supuesta autonomía es, en muchos casos, una farsa.

Sobre todo, porque evaluando criterios como autonomía, eficacia y transparencia, la Fiscalía de Morelos figura entre las peores del país, ya que apenas cumplió con 2 de los 12 indicadores de autonomía. La justicia fue, literalmente, rehén del poder político.

De las más de 17 mil denuncias de corrupción recopiladas a nivel nacional, sólo 34 resultaron en sentencias condenatorias, es decir, apenas un 0.19% de efectividad. La Fiscalía de Morelos, como era de esperarse, se encuentra casi siempre en los últimos lugares.

Este panorama no puede ser visto como una simple deficiencia administrativa, no ya que es un modelo funcional para quienes lucran con el poder; mientras las fiscalías sigan siendo órganos subordinados, manipulables y opacos, seguirán sirviendo para simular combate, encubrir aliados y castigar adversarios.

Más, porque la corrupción, en este país, no se combate con discursos ni con instituciones decorativas: se combate con voluntad política, control ciudadano y verdadera independencia institucional.

ARTURO SERRANO: UN SERVIDOR PÚBLICO EJEMPLAR DEL ISSSTE.- Las actuales autoridades nacionales del ISSSTE seguro que no saben lo que tenían en Morelos y se darán cuenta ahora de lo que perdieron al hacer a un lado, de forma injusta, arbitraria e ilegal, a un servidor público muy estimado, respetado y reconocido por su trabajo profesional, don de gentes y espíritu solidario con derechohabientes y representantes de la prensa local.

Por décadas, el gobierno se ha empeñado en desmantelar al Estado desde dentro: despidiendo, marginando o debilitando a quienes verdaderamente lo sostienen que son aquellos trabajadores comprometidos, muchas veces invisibles para las cúpulas, pero que son los que dan rostro humano y eficacia a las instituciones públicas. Hoy, con profunda indignación, somos testigos de un caso más de este patrón: la arbitraria e injusta remoción de mi amigo Arturo Serrano Rodríguez, hasta hace unos días jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social del ISSSTE en Morelos.

¿Quién da la cara por los derechohabientes cuando el sistema no responde? ¿Quién escucha, explica, media, orienta y construye puentes entre los servicios y la gente? En Morelos, esa respuesta tenía nombre y rostro: Arturo Serrano. Un servidor público íntegro, profesional, cercano y, sobre todo, solidario.

La clase política lo olvida con frecuencia, pero el pueblo no, al igual que la comunidad derechohabiente, los trabajadores del propio instituto y la prensa local lo reconocen ampliamente. Por eso duele —y mucho— que se le haya hecho a un lado por la puerta trasera, sin una explicación pública, sin respeto a sus derechos laborales y sin reconocer su trayectoria de más de 30 años.

Este no es un caso aislado, no, es el reflejo de una lógica deshumanizadora que aún persiste incluso en instituciones que deberían ser ejemplo de justicia social como el ISSSTE, y en lugar de fortalecer el servicio público, se opta por remover a quienes estorban por ser demasiado eficaces, demasiado humanos, demasiado comprometidos. Lo irónico y doloroso es que esto ocurra bajo una administración que se dice transformadora y progresista.

El director general del ISSSTE, Martí Batres, tiene la oportunidad —y la obligación moral— de corregir esta injusticia, ya que no se trata sólo de un caso individual, puesto que se trata de mandar un mensaje claro: que en el ISSSTE se respeta la trayectoria, la entrega y los derechos de quienes han dedicado su vida a servir al pueblo. Que no todo vale en nombre de la "reestructura", los "cambios administrativos" o los intereses políticos.

Arturo Serrano Rodríguez representa lo mejor del servicio público. Y el trato que ha recibido representa lo peor de una burocracia que aún no rompe con viejas prácticas autoritarias. El Decano de los Jefes de Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social en el ISSSTE Morelos, no puede ni debe salir de la manera en que sucedió.

Por favor señores, más respeto para los trabajadores.

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