Serpientes y escaleras - Que se vayan todos

Gane quien gane en este pleito, las cosas no van a mejorar el TSJ de Morelos.

Que se vayan todos

Una tras otra las crisis se acumulan en el estado, ahora tocó el turno al poder judicial. Lo que sucede al interior del Tribunal Superior de Justicia no es un asunto menor, ni se resolverá con el tiempo; no importa quien esté al frente de la institución, lo que prevalecerá es la división, la lucha interna, la corrupción y la falta de resultados. Mientras los magistrados pelean, los ciudadanos sufren las consecuencias.

Para entender el fondo de la pugna entre magistrados hay que considerar algunos datos duros:

El Tribunal Superior de Justicia de Morelos está integrado por 22 magistrados, 66 jueces y 88 unidades administrativas; su presupuesto anual es de 885 millones de pesos, lo que significa que cada unidad administrativa recibe en promedio 13 millones 409 mil 090 pesos. Para contextualizar los números veamos otro tribunal, el de Justicia Penal para Adolescentes: tiene 4 jueces, 2 magistrados, 6 unidades administrativas y un presupuesto anual de 31 millones 443 mil 549 pesos; cada unidad administrativa recibe en promedio 5.2 millones de pesos. Por resultados e imagen, el segundo tribunal es mejor que el primero.

El duelo entre magistrados se ubica justo ahí, en el manejo del dinero y control de la institución, de unos años a la fecha la impartición de justicia se ha convertido en un negocio muy lucrativo que se basa en el manejo de la ley, se mueve en función de la conveniencia personal y sirve a los intereses de quienes pagan.

La lucha entre magistrados es vil, ruin y ha perdido totalmente el recato; las dos partes se atacan, se acusan y se ponen trabas sin tomar en cuenta el enorme daño que con sus acciones están causando a la institución.

Los últimos titulares del TSJ han reconocido que se arrastra un enorme rezago en expedientes, producto de la falta de personal y de recursos, pero a pesar de la crisis económica que pregonan, los magistrados gozan de sueldos altos, prestaciones que no tiene ningún otro funcionario estatal y en el caso del magistrado presidente, vehículos blindados de alta gama, último modelo, para él y para su familia, algo que no tiene ninguno de los titulares de los otros dos poderes.

Pero el negocio no está solo en el manejo presupuestal, se ubica también en la impartición y administración de la justicia, más del lado de la administración que de la justicia. Los reclamos ciudadanos contra jueces y magistrados son constantes porque venden la justicia al mejor postor, trafican con influencias, negocian los fallos, dan preferencia a los que tienen dinero y ayudan o perjudican a quien les conviene.

El reclamo también es institucional: desde hace tres sexenios el ejecutivo ha sido enfático al señalar que hay complicidad entre jueces y delincuentes, ha dicho que desde algunas magistraturas se defiende a grupos criminales y que bajo distintas argucias legales los jueces dejan en libertad a los criminales. Ejemplos de ello hay muchos.

El problema es de fondo porque en ese poder se dirime el patrimonio de la gente y su libertad y son precisamente los encargados de impartir justicia los que se han colocado en el ojo del huracán por su conducta y acciones.

La sumatoria de todos los problemas en el Tribunal Superior de Justicia de Morelos ha provocado una pérdida de confianza de la ciudadanía, jueces y magistrados se han ganado a pulso el descrédito en el que se encuentran y la situación no va a mejorar a menos que se haga un cambio total de magistrados y un relevo en la mayoría de los jueces.

Hasta hace poco la posibilidad de lograr esa transformación de fondo en el TSJ era remota, pero la reforma judicial hace que el camino sea más sencillo; en Morelos los diputados están obligados a armonizar la ley local y eso abre la puerta para que se lleve a cabo una renovación total del TSJ.

Dada la crisis que se vive, cualquier ciudadano puede solicitar al senado la desaparición / disolución del poder judicial local y dar paso a un cambio de fondo. Sería, válgase la comparación, como cuando el gobernador Lauro Ortega Martínez cambió por corruptos a todos los integrantes de la Policía Judicial.

El tiempo, las circunstancias y la ley están en sintonía para que el congreso local abra paso a una reforma total del poder judicial y permita que una institución sumamente desgastada, dividida al interior y visiblemente relacionada con la delincuencia, sea saneada. Ya se hizo un cambio drástico en la fiscalía ¿Por qué no hacerlo también en el poder judicial?

Políticamente hablando sería un logro para todos, una acción que merecería aplausos generalizados y ayudaría de manera sustantiva a los trabajos de pacificación que impulsa la gobernadora Margarita González Saravia a través de las policías, en coordinación con los municipios y la federación, porque con un poder proclive a la corrupción y simpatizante de los grupos criminales, como ocurre actualmente con el Judicial de Morelos, es imposible que cualquier estrategia de seguridad funcione.

Los legisladores tienen en esta crisis la oportunidad de revertir la mala imagen histórica del congreso, pueden impulsar acciones concretas que ayuden a combatir la corrupción y a los grupos criminales, rompiendo la estructura que protege a los delincuentes y mejorando un problema que lleva décadas lastimando a miles de ciudadanos que no han podido pagar por obtener justicia.

Incluso en lo personal el relevo beneficia a los representantes populares, porque correspondería a ellos la designación de los nuevos integrantes y es de conocimiento público que el nombramiento de los últimos diez magistrados del Tribunal Superior de Justicia y las dos magistradas del Tribunal de Justicia Administrativa resultó altamente beneficioso para algunos.

Sin pronunciamiento definitivo de una autoridad superior, lo que queda a la vista es un poder donde hay dos presidentes y veintidós magistrados enfrentados entre sí: a uno lo reconoce un juzgado de distrito y al otro la gobernadora.

Suceda lo que suceda, no hay forma de que las cosas mejoren en el TSJ con un simple fallo judicial, lo único que eso lograría es darle la razón a uno de los grupos, pero no cambiaría el ambiente interno, la dinámica operativa, ni la pugna entre grupos, ni las complicidades criminales. Para resolver las cosas en el poder judicial se requiere un cambio de fondo: que se vayan todos.

Políticamente hablando también los escenarios son negativos: por un lado está el grupo que responde a los intereses del exgobernador Graco Ramírez, fuertemente relacionado con el exfiscal Uriel Carmona y por el otro están los cuauhtemistas, igual de corruptos, pillos y sinvergüenzas.

La gobernadora Margarita González Saravia debe ser la más interesada en resolver esta historia porque ninguno de los dos grupos le conviene, con ambos puede trabajar, pero nadie comparte su idea de combatir la corrupción y poner freno a la impunidad. En cualquier momento, si así conviene a sus intereses, todos los magistrados le pueden dar la espalda.

Hasta ahora los otros dos poderes han guardado distancia respecto a lo que ocurre en el TSJ, se dicen respetuosos de la autonomía y prudentes ante la crisis, pero no podrán mantener esa posición por mucho tiempo, porque el pleito entre magistrados se ha trasladado a la operación de los tribunales y por ende, a los justiciables.

Mantenerse al margen del conflicto es políticamente correcto, pero socialmente irresponsable: mientras más se prolongue esta situación peor irá a los ciudadanos. El impase en el que se encuentra el Poder Judicial es el mejor escenario para quienes trafican con la justicia, para quienes venden los asuntos, para los que protegen a los grupos delictivos y liberan criminales.

El ejecutivo y el legislativo no pueden hacerse de la vista gorda ante una situación tan grave como la que estamos viendo, la distancia no los exime de responsabilidad en los efectos que este problema causa a la gente.

La omisión es un acto de complicidad.

·         posdata

La comisión instructora del Congreso de la Unión confirmó lo que se veía venir: la 4T protegió a Cuauhtémoc Blanco Bravo. La decisión fue casi unánime con los votos de Morena y sus aliados, bajo el argumento de que la petición es notoriamente improcedente porque la Fiscalía de Morelos hizo mal las cosas.

El fallo generó polémica y descontento generalizado, la crítica se leyó y observó en medios de comunicación y redes sociales de parte de distintas figuras públicas, ciudadanos y legisladores, algunos incluso de Morena, como la diputada María Teresa Ealy, quien inmediatamente externó su descontento y denunció la doble moral de un partido que dice estar del lado de las mujeres, pero en los hechos protege a un agresor de género.

Socialmente el fallo costará mucho a Morena, no exime a Cuauhtémoc Blanco del juicio social y pega de manera directa al gobierno de Margarita González Saravia, porque la comisión instructora justificó su decisión echando la culpa a la fiscalía de Morelos. El enfado por la decisión de la comisión es tal, que ya surgió un llamado desde el congreso para que todas las mujeres rechacen el dictamen y por ende la protección a Cuauhtémoc Blanco.

A propósito de ello, esto es lo que dijo el diputado Germán Martínez:

“Nos vemos en el pleno, el pleno puede corregir esto, por eso llamo a la presidenta, con todo respeto, sin ninguna ironía, con la esperanza de que la presidenta cambie la votación de su bancada. Que la gobernadora de Morelos, de Morena, le digo a la gobernadora que por favor no se callen, que no guarden silencio; yo sí le creo a la víctima y yo sí le creo a Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Margarita, para que puedan cambiar este bochorno machista, esta agresión parlamentaria a un delito cometido presuntamente por un compañero diputado.

-       ¿Fue por tecnicismos que se encontró improcedente?

Fue por machismo parlamentario en contra de la mujer. Vamos al pleno y en el pleno se puede remediar esta situación.

Quedaron muy mal, quedaron en deuda con las mujeres, quedaron como cómplices de un agresor. De un presunto agresor sexual.

-       ¿Diputado aclárenos por favor qué va a votar el pleno?

El pleno va a votar el dictamen, el dictamen que viene diciendo

-       ¿El pleno puede aprobar que se admita finalmente esta demanda? ¿Qué dice ese dictamen?

Si. Que es improcedente la demanda interpuesta, es un dictamen.”

·         nota

Consciente o inconscientemente, pero la bancada de Morena pasó el costo político de proteger a Cuauhtémoc Blanco al fiscal de Morelos.

Edgar Maldonado no armó la carpeta que fue rechazada, pero la gente no va a detenerse a reflexionar sobre lo anterior, se quedarán con la idea de que un golpeador de mujeres es protegido por la fiscalía morelense.

A la FGE le urge fijar una postura firme, un escueto comunicado no basta, necesita dejar claro que no protegen delincuentes, ni son la misma fiscalía del pasado, porque el costo social que les ha pasado el congreso federal es enorme.

Edgar Maldonado es un buen abogado y un hombre decente, pero necesita mucha ayuda para sacar al buey de la barranca. La ayuda empieza en comunicación; su oficina no informa ni opera nada, solo manda boletines.

·         post it

¿Y las denuncias de corrupción prometidas hace meses contra los funcionarios corruptos del sexenio pasado?

Lo dicho: la contralora anda más interesada en proyectarse como candidata a la alcaldía de Cuernavaca y colocando incondicionales en el gobierno que en hacer su trabajo.

Y no es la única mujer del gabinete que ya está pensando en una candidatura.

·         redes sociales

El caso de Cuauhtémoc Blanco apareció en la última marcha de mujeres… pero en la Ciudad de México. Ningún grupo feminista local, ni mujer empoderada de Morelos ha dicho nada sobre el tema. ¿Por qué?

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