Serpientes y escaleras - ¿Se la comerá solo?

Sergio Beltrán Toto no fue un funcionario cualquiera en el gobernó de Graco Ramírez

¿Se la comerá solo? 

Hace unos días la fiscalía anticorrupción de Morelos dio el primer golpe real al graquismo; la puesta tras las rejas de Sergio Beltrán Toto no es cosa menor, aunque se trate de un funcionario de menor rango que otros secretarios que se encuentran vinculados a proceso. El acusado fue un personaje clave en los actos de corrupción cometidos en el sexenio pasado y podría dar pie a otras detenciones. El tiempo dirá si el nuevo recluso del penal de Atlacholoaya se la come solo.

Apenas habían transcurrido unos minutos de que se supo que un juez de control impuso presión preventiva al exfuncionario de la secretaría de obras públicas cuando el exgobernador Graco Ramírez fijó postura defendiendo a su excolaborador. El delito por el cual se mandó a prisión a Sergio Beltrán Toto parece menor, pero podría ser la primera de varias denuncias que enfrentaría, ahora desde la cárcel.

Para entender lo que podría ocurrir en los casos que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Morelos lleva contra Antonio Villalobos y Sergio Beltrán Toto tenemos que recordar cuando el 17 de octubre de 1931 Al Capone fue sentenciado a 11 años de prisión por evasión fiscal. El gobierno de los Estados Unidos persiguió por muchos años y de distintas formas al mafioso hasta que por fin logró detenerlo por un delito fiscal.

La historia en este caso es clara: las autoridades norteamericanas necesitaban poner tras las rejas al personaje para poder anular su poder; todos los esfuerzos previos fueron infructuosos porque entre otras cosas, Al Capone contaba con un poderoso equipo de abogados que lo protegía y lo mantenía en libertad. Ya en la cárcel la labor del gobierno fue mucho más sencilla y el mafioso ya no salió de prisión.

Aunque no se trata de casos similares, lo que sí puede ser coincidente es la estrategia de las autoridades anticorrupción en contra de funcionarios que violentaron la ley. Explico: por mucho tiempo varios acusados han logrado evadir la justicia utilizando distintos recursos legales que les han permitido alargar los procesos y defenderse desde su casa. Esa condición favorece a los acusados, los ayuda en todos los sentidos y obviamente dificulta el trabajo de la FECC. Tras las rejas la historia es distinta.

En el caso de Antonio Villalobos la estrategia parece evidente: el proceso por el cual el exalcalde de Cuernavaca fue encarcelado es solo por una de las 41 denuncias que existen en su contra, en la situación en la que se encuentra su posibilidad de defensa se complica de muchas formas y la presión personal que enfrenta por su nueva condición de recluso no lo ayuda. Lo mismo va a suceder con Sergio Beltrán Toto.

El exsubsecretario de evaluación y seguimiento de la secretaría de obras públicas del gobierno de Graco Ramírez no es un personaje cualquiera, se trata de alguien que durante seis años fue muy cercano al exgobernador, que en ese sexenio operó directamente para e tabasqueño y pasada la primera mitad del régimen se puso al servicio de Rodrigo Gayosso.

Cualquiera que haya estado cerca de esa administración puede confirmar el papel del personaje y la fuerza que tenía con el mandatario estatal y con su familia. La obra pública estatal pasaba siempre por sus manos, su capacidad de operación superaba su responsabilidad formal y era secreto a voces que era a través de él que se obtenían los contratos de obra pública del estado. Era el secretario de facto.

Fue tanta su cercanía con Graco Ramírez que luego del desastre provocado por el sismo del 2017 se le encomendó la tarea de manejar los recursos para la reconstrucción. Por las manos de Sergio Beltrán Toto pasaron los más de 7 mil millones de pesos de fideicomiso de reconstrucción, a él le tocó coordinar la ayuda humanitaria que llegaba para las víctimas de la tragedia y también las aportaciones que empresas, instituciones y países del extranjero enviaban para los afectados. El brazo operador de Sergio Beltrán Toto fue Alexis Ayala.

Las observaciones hechas por la Fiscalía Anticorrupción al proceso de adjudicación de la obra del museo Juan Soriano son importantes, representan una falta y se persiguen por considerarse un acto fuera de la ley. Pero lo verdaderamente preocupante para Beltrán Toto y para quienes formaron parte de su círculo cercano está en otras acciones realizadas desde la Secretaría de Obras y en el fideicomiso de reconstrucción.

Desde hace meses los representantes populares y el propio alcalde de Jojutla han denunciado irregularidades cometidas en el proceso de reconstrucción, señalan faltantes de diferente tipo y obra inexistente. Tan sencillo como se ha preguntado desde hace tiempo ¿En dónde quedaron los 7 mil millones de pesos de la reconstrucción?

El panorama para el exfuncionario graquista no es sencillo y su situación puede agravarse todavía más; una vez que ha sido puesto en la sombra le pueden reactivar o iniciar nuevos procesos relacionados con otros hechos e incluir en las investigaciones lo ocurrido en el gasto de la reconstrucción. Recordemos que una parte del dinero que supuestamente se invirtió en los damnificados provenía de la federación.

Reitero: Sergio Beltrán Toto no es un personaje cualquiera y por ello su situación se vuelve mucho más delicada. Tanto el gobierno estatal, como el congreso local, algunos ayuntamientos y la propia federación pueden voltear a ver el caso y aprovecharlo para impulsar procesos detenidos. Castigar la corrupción cometida en la administración pasada es una promesa pendiente de Cuauhtémoc Blanco y el millonario desvío de recursos de la reconstrucción podría ayudar al gobierno federal a desviar la atención de los escándalos del GuacamayaLeaks, porque se trata de personas que robaron a quienes más lo necesitaban, que lucraron con la desgracia.

Los días que transcurren son claves en el caso de Beltrán Toto, mientras más tiempo permanezca detenido más difícil se volverá situación. Si la FECC u otras instancias aprovechan el momento para impulsar querellas en su contra y retomar acciones presuntamente ilícitas cometidas a través de él, su tiempo dentro del penal de Atlacholoaya se va a prolongar, especialmente si asume la culpa total de los hechos.

Tengamos claridad en algo: si quieren alcanzar a Graco Ramírez y a Rodrigo Gayosso por actos de corrupción, el camino es Sergio Beltrán Toto. Si el exfuncionario graquista negocia a tiempo y como sucedió con los regidores, solicita el criterio de oportunidad, sus penas pueden reducirse de manera significativa.

Tras el encarcelamiento de este personaje, ni Graco ni Gayosso deben estar tranquilos.

posdata

Con trece de los veinte votos que conforman la legislatura morelense, el bloque mayoritario tiene la posibilidad de decidir muchas cosas; la incorporación del representante popular faltante puede modificar el equilibrio político interno porque se advierte que la suplente de la diputada Gabriela Marín tendría ya un acuerdo para sumarse al G6.

Desde hace algunos días los legisladores han dado a conocer que sus equipos jurídicos exploran todos los escenarios legales que les permitan actuar con los 13 votos que tienen actualmente; independientemente del razonamiento que hagan o los alcances jurídicos que tengan sus acciones, la prudencia debe ser la guía en el actuar de la mayoría.

El primer tema que tienen enfrente para volver a medir fuerzas es el paquete económico 2023; antes del asesinato de la diputada el bloque mayoritario había anticipado que estaban en condiciones de analizar, ajustar y votar el presupuesto del siguiente año, en ese mismo mensaje se advirtió que no sería necesaria la comparecencia de secretarios.

La postura del G14 era clara: tenían los votos y el ánimo de aprobar un presupuesto solos, sin la opinión de los otros dos poderes y sin tomar en cuenta la opinión del resto de los legisladores. Pero el asesinato de Gabriela Marín cambió las cosas.

No queda claro si con 13 votos las decisiones que tome este grupo de legisladores serán jurídicamente válidas; es previsible que podrán ser impugnadas por el resto de los representantes populares o por el ejecutivo. Hablando concretamente del paquete económico 2023 no se puede olvidar que el gobernador tiene derecho de veto y con ello puede anular otra vez cualquier intento de imposición de parte de la cámara. Simple: si veta y aplica la cláusula de transferencias puede moverse sin problemas en el 2023.

Un nuevo pleito político por el presupuesto sería perjudicial para todos y muy malo para los diputados; hace un año, cuando aprobaron un presupuesto distinto al enviado por el ejecutivo, su intento de golpear a Cuauhtémoc fue fallido y el congreso fue el que saco la peor parte en términos de percepción. El intento de ponerle piedras en el camino al gobernador falló y ninguno de sus argumentos de defensa les sirvió ante la opinión pública. ¿Volverán a hacer lo mismo?

Si nuestros representantes populares aprendieron del pasado y maduraron políticamente podrían controlar sus ímpetus y elegir mejor sus batallas. La aprobación del paquete económico 2023 es importante para los tres poderes del estado y una imposición no está al alcance de los diputados, aún y cuando tuvieran el catorceavo voto.

Lo mejor que podrían hacer los legisladores es impulsar un diálogo público para alcanzar acuerdos entre ambas partes, sacar adelante la propuesta financiera y dar herramientas al estado y a los municipios para que el siguiente año tengan más recursos y mejores condiciones para gobernar, al fin y al cabo la presupuestal es solo una de las varias discusiones legislativas que se avecinan y la menos importante en términos políticos, de cara al proceso electoral.

Reitero: si los diputados actúan con inteligencia y sobre todo con prudencia, entenderán que esta no es la batalla que esperan y que el presupuesto no es un elemento del cual puedan echar mano para complicar la vida del gobernador ni para obtener beneficios políticos.

Vienen muchas más discusiones importantes en la cámara en donde sus trece votos van a ser muy importantes e indispensables en el devenir electoral del estado. Uno de ellos, obvio, la licencia de Cuauhtémoc Blanco.

Reza el dicho popular: “Es poco el amor para gastarlo en celos”

·         nota

El encarcelamiento de Antonio Villalobos Adán por el desvío de 9 millones de pesos del Sapac puso en la mira a regidores y miembros del consejo del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca.

Lo mismo se puede pensar del proceso en contra de Sergio Beltrán Toto, otrora subsecretario de obras y también responsable del manejo de los miles de millones de pesos que se destinaron al proceso de reconstrucción tras los sismos del 2017.

Si al exfuncionario graquista le revisan el manejo del dinero del fondo para la reconstrucción, muchos personajes de ese gobierno comenzarán a temblar.

El primero es Alexis Ayala.

·         post it

Andrés Manuel López Obrador volvió a tocar el tema de los fiscales estatales; criticó que en algunos estados los fiscales sean nombrados para ocupar periodos transexenales de hasta más de ocho años. Dijo que además de no dar resultados, en algunos casos los fiscales están supuestamente coludidos con el crimen organizado.

“Esto lo tienen que resolver las autoridades locales y tener un poco de vergüenza, porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados pues hay que tener dignidad y decir ‘ahí está mi renuncia, ya me voy’”

“Es realmente un absurdo, los mismos procuradores si no hay resultados deberían de renunciar, de salirse, pero ahí están aferrados y lo peor es que algunos hasta cometen delitos, se asocian con la delincuencia”

“En el caso de los procuradores resolvieron ¿10 años? Promedio ocho años. El de Guanajuato lleva 14 y le faltan dos, entonces se les pasó la mano, o sea, es mucho" López Obrador adelantó que él no planteará una reforma para disminuir el tiempo de un fiscal, pero sí consideró que se deben tomar decisiones a favor del estado. Comentó que hasta hace algunos meses, Jorge Winckler se mantenía como fiscal de Veracruz, pero tras su salida, el estado comenzó a mostrar resultados en materia de seguridad.

Te lo digo Juan para que lo entiendas Pedro.

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No habrá reemplacamiento. Buena decisión del gobernador. Políticamente hablando le beneficia a su candidato Víctor Mercado.

Comentarios para una columna optimista: eolopacheco@elregional.com.mx

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