Observador político - Los peores gobernadores: Graco y Cuauhtémoc; Provoca impunidad: asesinatos, secuestros, saqueo financiero y demás

Desde hace décadas, Morelos parece haberse convertido en un microcosmos de la impunidad y la corrupción que aquejan a gran parte del país; los números, alarmantes y devastadores, son claros: feminicidios en aumento, delincuencia organizada en ascenso, una población temerosa de salir de sus hogares y un estado que parece sumido en una espiral de descomposición política, social y económica.

LA IMPUNIDAD, PROVOCA ASESINATOS, SECUESTROS, VIOLACIONES, SAQUEOS, ETC.- No es un secreto que, a pesar de los intentos de ocultar las cifras y las realidades en discursos vacíos, Morelos ocupa constantemente los primeros lugares en delitos como asesinatos, secuestros y desapariciones y  entre las víctimas, las mujeres siguen siendo las más vulnerables, con hasta este día, 104 feminicidios reportados solo en lo que va del año. Este número, que refleja la tragedia de tantas vidas truncadas, se suma a un panorama desolador: la percepción de inseguridad alcanza niveles alarmantes, con 9 de cada 10 personas reportando temor por su seguridad, según datos de INEGI.

Pero lo peor de todo es la impunidad que parece proteger a quienes deberían ser los responsables de resolver esta crisis, por ejemplo, los exgobernadores de Morelos, como Graco Luis Ramírez Garrido Abreu y Cuauhtémoc Blanco Bravo, no solo se han quedado impunes ante los crímenes cometidos durante su mandato, sino que se pelean ambos por el título de "el peor gobernador" de la historia del estado, sin que nadie los detenga o se atreva a exigir justicia.

Basta con recordar que el perredista dejó endeudado a Morelos con más de 6 mil 500 millones de pesos para hacer presuntas magnas obras y colocar al estado en la vanguardia del país, para atraer al turismo y tener infraestructura para consolidarse como una de las mejores entidades del país. Se quedaron con el dinero, se hicieron obras de relumbrón y la tierra de Emiliano Zapata sigue olvidada y rezada en desarrollo y casi nadie dijo nada del millonario recurso que saquearon del estado.

Por otro lado, la corrupción y desvíos de recursos han sido la norma, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF), entre 2019 y 2023, registró irregularidades financieras y daños por más de 3 mil millones de pesos en diversas dependencias, incluso, hay dinero que tienen que devolver pero como seguramente ocurrirá, no pasará nada y el legislador morenista continuará festejando los triunfos de su América, sin importar insultar y agredir a David Faitelsón y Antonio Lavolpe. Así de simple por la impunidad.

CORRUPCIÓN  Y MÁS CORRUPCIÓN.- ¿Quién paga el precio de esta corrupción galopante? La población de Morelos, que vive atrapada en un estado de desesperanza, mientras los políticos disfrutan de millonarias fortunas, con casas lujosas, vehículos de último modelo y viajes al extranjero, los ciudadanos se ven obligados a enfrentar la violencia diaria. No hay respuestas. No hay soluciones. Y lo que es peor, el sistema de justicia sigue siendo un teatro de impunidad, donde los responsables caminan libres, con la certeza de que nada les ocurrirá.

El caso del exgobernador Cuauhtémoc Blanco es emblemático, no solo se le vincula con grupos delictivos, como lo demuestra la famosa fotografía en la que aparece abrazado con miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, sino que su propio hermano, Ulises Bravo Molina, se ha amparado para evitar ser detenido por delitos de violencia familiar. Y aún más grave: Blanco Bravo, hoy diputado federal, enfrenta una denuncia por violación en grado de tentativa. Pero el sistema sigue siendo cómplice. No hay voluntad política ni institucional para garantizar que la justicia se haga efectiva.

Tal parece que las leyes se hicieron para violarlas por políticos sin que se les castigue y sus delitos queden impunes; a pesar del rechazo social y la exigencia de que puede seguirse tolerando la corrupción ni la indiferencia ante la violencia que azota a nuestras comunidades; sobre todo, mientras los políticos se enriquecen y se protegen unos a otros, la gente sigue sufriendo. La apatía de los gobiernos y la falta de rendición de cuentas no pueden seguir siendo la norma. En un estado que clama justicia, no podemos seguir permitiendo que la impunidad se imponga sobre la verdad y el derecho.

INDIFERENCIA JURÍDICA.- Y es que la indiferencia que prevalece no es solo un defecto del gobierno local, sino un reflejo de una estructura de poder que, desde lo más alto, permite que los criminales caminen con impunidad, que los políticos corruptos sigan acumulando riqueza mientras la mayoría de la población se hunde en la pobreza y la desesperanza.

Cierto es que la falta de rendición de cuentas en Morelos es parte de un patrón mucho más amplio que afecta a diversas regiones del país, donde la corrupción se ha instalado en todos los niveles del gobierno, desde los municipios hasta el más alto escalón del poder estatal y federal, ante una indiferencia jurídica.

Los ciudadanos de Morelos no solo viven con el temor constante de la violencia, sino con el resentimiento de quienes ven cómo los recursos destinados al bienestar común terminan en los bolsillos de unos pocos; la deuda millonaria heredada por la administración de Cuauhtémoc Blanco, sumada a los desvíos de recursos en diversas dependencias, es un recordatorio cruel de cómo los intereses personales de los políticos priman por encima del bienestar colectivo.

El dinero que debería haberse invertido en infraestructura, salud, seguridad, educación, se desvanece entre las manos de los corruptos que siguen haciendo de Morelos su coto de caza por lo que se hace imposible hablar de justicia en un estado donde la ley se ha convertido en un instrumento de opresión para quienes no tienen poder, mientras que los poderosos siguen actuando por encima de ella.

¿Cómo podemos hablar de una sociedad democrática cuando los mismos que deberían velar por el orden y el bienestar de la población son los que perpetúan el caos? En Morelos, la impunidad no solo es la norma, sino el sistema que rige todo el aparato gubernamental.

De ahí que el sufrimiento de las víctimas de la violencia, de los feminicidios, de las desapariciones, es un dolor que se multiplica al ver que no existe ninguna consecuencia para los responsables sin importarles mandar estos mensajes a las nuevas generaciones de que la justicia difícilmente llegará.

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