Observador político - La inseguridad de cara al proceso electoral

Como todo inicio de año, en Morelos renacen los buenos deseos que se multiplican, sobre todo entre nuestros representantes populares que aspiran a continuar con su carrera político sin importar que hayan incumplido sus compromisos ciudadanos, como ha quedado registrado durante décadas; el 2023 es un año prelectoral en el que, personajes de todos los partidos volverán a prometer el cielo y las estrellas por su voto. Y será el pueblo el que decida a quien entregarle su sufragio en el 2024.

AUMENTA LA DELINCUENCIA.- Lo cierto es que la sociedad está cansada de tantos compromisos que muchas veces jamás se cumplen y que son torales como el de la paz y desarrollo de un estado como Morelos donde se ha disparado la seguridad, el desempleo y ya no digamos un combate a la corrupción o aprehensión de los delincuentes que gozan de una total impunidad; aunado a la malos servicios públicos municipales como sucedió durante el 2022.

Hoy en día, un reto de los gobiernos federal y estatal es que buscarán refrendar en urnas la continuidad de su proyecto y la seguridad, es y será un tema por demás complicado porque en cuatro años los resultados han sido negativos y los números que no mienten ahí están; un ejemplo de ello, es que Morelos ocupa los primeros lugares en delitos de alto impacto como feminicidios, asesinatos, secuestro, extorsión, robo de vehículos, entre otros.

Lo grave, lo preocupante es que este problema al igual que otros tal parece ya se está normalizando en detrimento de los intereses de la ciudadanía que exige y demanda tranquilidad y sobre todo, en vísperas de la justa electoral del 2024 en el que no le beneficia a nadie que se enturbie con situaciones de violencia las elecciones constitucionales en las que se renovarán la presidencia de la república, la gubernatura, senadurías, diputaciones federales y locales así como los 36 cabildos en la entidad.

Peor aun es cuando la sociedad se encuentra al borde del abismo por la grave delincuencia que azota al estado, muchos políticos como ocurre con el ejecutivo, secretarios, diputados y senadores, así como alcaldes y magistrados del Poder Judicial y fiscalía general traen escoltas pagados por el pueblo y por lo tanto, ellos y sus familias difícilmente tienen temor de ser víctimas de la violencia a pesar de lo ocurrido contra la legisladora Gabriela Marín Sánchez porque sí están protegidos, algo que no pasa con el grueso de la población que anda con el “Jesús en la boca”.

Por ello, en septiembre que iniciará el proceso electoral 2023-2024 y de cara a las elecciones presidenciales y la gubernatura, uno de los temas torales que tendrán que ser atendidos de inmediatos es la gravísima inseguridad que amenaza con incrementarse de forma alarmante ante la complacencia y quizá complicidad de la Comisión Estatal de Seguridad, donde su titular José Antonio Ortiz Guarneros sigue igual que hace cuatro años dando excusas y argumentos de su ineficacia e ineptitud por los pésimos resultados. De ahí la urgencia de acciones concretas y directas para frenar si no se puede eliminar al hampa que sigue haciendo de las suyas en la tierra de mi general Emiliano Zapata.

De manera frecuente y a cualquier hora del día en los distintos puntos de la entidad tlahuica, se pueden constatar delitos como asesinatos, secuestros y las cada vez más recurrentes balaceras entre grupos criminales y en ocasiones con corporaciones policíacas; sobre todo en los municipios de: Cuernavaca, Cuautla y Temixco.

PAGAN 2 IMPUESTOS: EL DEL GOBIERO Y LA MAFIA. - Para nadie es un secreto que la falta de elementos policíacos en la entidad y los municipios es uno de los argumentos por los cuales existe una alerta, más aún ante los “focos rojos” en materia de inseguridad que la han compartido los empresarios, quienes durante diciembre pasado no se cansaron de denunciar que los delitos de alto impacto sobre todo ocurrido en el transcurso del 2022 provocaron al cierre de ese año más de mil establecimientos.

Los delitos por lo que fueron objeto las personas que inyectan recursos a la entidad para generar empleos y contribuir a la estabilidad económica fueron: extorsiones y asaltos, así como asesinatos, de acuerdo a lo relatado por Eduardo Peimbert, presidente de la Asociación de Comerciantes Establecidos Pro Centro Histórico de Cuernavaca. 

Fue el mismo personaje que declaró ante medios de los dos impuestos que tienen que pagar algunos empresarios y comerciantes: “El del gobierno y el de la mafia”; provocando con ello el cierre de restaurantes, cafeterías, farmacias, artesanías, entre otros derivado de la situación grave y delicada de la inseguridad.

Sin embargo, para las autoridades el aumento de la violencia en Morelos se debe en gran medida a la detención de importantes capos como ocurrió con Israel Blanco Nava, alias “El Seven”, presunto líder de la Familia Michoacana por parte de la fiscalía general de la República (FGR) y de la Secretaría de Marina (SEMAR); aunque la incidencia delictiva se dio durante todo el año y no solo en octubre que fue esa detención, con lo que se cae esa hipótesis de los altos mandos policíacos.

Sobre todo, cuando el problema se viene gestando desde hace más de cuatro años a pesar de los esfuerzos por garantizar la seguridad pública sin avances importantes porque la violencia no se ha logrado frenada por la CES de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) que colocó a Morelos en el séptimo sitio de 32 en la república mexicana como los más violentos.

Ortiz Guarneros en reiteradas ocasiones ha reconocido la crisis en la materia y pese a las acciones y estrategias con su Mando Coordinado no logra disminuir la inseguridad latente todos los días. Dichos propósitos enlistados tenían como prioridad el alto funcionamiento de la institución para lograr suficiente capacidad de respuesta y disminución de eventos de violencia, pero con la salida de Cuernavaca no se logró unificar el mando policial; además de que los derechos humanos muchas veces no se respetan y la percepción de inseguridad aumentó entre la población.

En razón de lo anterior, no solo los gobiernos federal y estatal en este año preelectoral sino todos los aspirantes a diversos cargos de elección popular los que tendrán que cumplir sus compromisos de una manera seria y evitar prometer cosas que son irreales de cumplir como la ocurrencia que en su momento hizo Graco Ramírez, al anunciar en su sexenio que en 18 meses acabaría con la inseguridad. Obvio no cumplió por lo que este tipo de promesas lo único que evidencian es la falta de sensibilidad social de quien en breve exigirán su confianza y voto.

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