Observador político - Impunidad y complicidad: el círculo vicioso de la política en Morelos

En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

Observador político - Impunidad y complicidad: el círculo vicioso de la política en Morelos

El reciente video que circula en redes sociales, en el que se ve a los alcaldes de Cuautla, Jesús Corona Damián, y de Atlatlahucan, Agustín Toledano Amaro, en compañía de Júpiter Araujo Bernard, conocido como “El Barbas” y considerado líder del Cártel de Sinaloa, ha sacudido la opinión pública. Para muchos, este tipo de evidencias ya no es una sorpresa, pues los nexos entre políticos y grupos delictivos en Morelos son algo que se viene manejando a voces desde hace tiempo.

¿Y “LA JEFA”, ROSARIO O ESTHER N?- Sin embargo, lo que parece sorprender de este caso es que, a pesar de la contundencia de las pruebas, la impunidad que ha prevalecido en el país en las últimas décadas parece garantizar que los ediles no enfrentarán consecuencias serias y seguirán en sus cargos sin mayor problema hasta que concluya su mandato, tal y como ha ocurrido en años anteriores con otros actores políticos vinculados en temas similares.

Este hecho es solo un reflejo de la perpetuación de un sistema de complicidad, en el que aquellos que ocupan puestos de poder se sienten intocables, a pesar de la evidencia que los señala, es decir, si bien al principio surgen rumores sobre posibles detenciones y procesos de destitución, la historia reciente demuestra que estos son solo intentos de mantener la ilusión de que la justicia puede prevalecer, pero en realidad todo se queda en un paripé mediático.

Un claro ejemplo de este fenómeno ocurrió a finales de 2021, cuando la Marina Armada de México y otras corporaciones federales lograron la detención de Rosario “N” o Esther Yadira “N”, alias "La Jefa", en Oaxtepec. Un arresto que, aunque pareció un avance en la lucha contra la delincuencia, terminó evidenciando una red de complicidades entre políticos y grupos criminales que quedó marcada para la posteridad durante la administración del exgobernador Cuauhtémoc Blanco.

Y es que, pese a que había pruebas suficientes, como fotos, videos y teléfonos de funcionarios que mantenían contacto con "La Jefa", la reacción de los involucrados fue negarlo rotundamente, hasta que las pruebas fueron irrefutables. Pero, como es costumbre, varios de los políticos implicados pidieron a los medios que bajaran las imágenes, tratando de evitar que su nombre quedara vinculado a actividades ilícitas, como se comprobó con integrantes de la Legislatura y que hoy mismo forman parte de la actual LVI al lograr la reelección.

ALCALDES CÓMPLICES.- El caso de Cuautla y Atlatlahucan, con estos videos comprometidos, no es un caso aislado, sobre todo, porque la violencia en el estado de Morelos sigue siendo una constante, y Cuautla se mantiene dentro de las 50 ciudades más violentas del país. Este dato, incluso, lo reconoció hace escasos meses el exalcalde Rodrigo Arredondo López, quien, con una mezcla de cinismo y honestidad, señaló que durante su gestión hubo un aumento en la violencia. Su comentario, lejos de ser una señal de preocupación, reflejó más bien la normalización de la violencia como parte del paisaje político y social en la región.

La realidad es que en Morelos y en muchas otras partes del país, la impunidad política sigue siendo la regla, no la excepción. Los nexos entre el crimen organizado y los servidores públicos no se limitan a unas cuantas excepciones, sino que forman parte de una estructura más amplia que ha logrado mantenerse intacta a pesar de las denuncias y las evidencias.

La política en Morelos sigue siendo un espacio donde los intereses del poder y el dinero de los cárteles prevalecen sobre la justicia y la ética, por lo que es urgente que la sociedad se dé cuenta de este fenómeno y exija que los políticos dejen de ser cómplices de la impunidad, antes de que el círculo vicioso que alimenta la violencia y la corrupción termine por tragarse por completo el futuro de la región.

LA POLÍTICA Y GRUPOS DELICTIVOS.- El reciente escándalo de Jesús Corona Damián y Agustín Toledano Amaro, ediles de Cuautla y Atlatlahucan, al reunirse con Júpiter Araujo Bernard, "El Barbas", supuesto líder del Cártel de Sinaloa no es cosa menor y es el claro reflejo de la podredumbre que corroe la política en la entidad.

Hay que recordar que la coalición Dignidad y Seguridad por Morelos, que aglutinó a los partidos PRD, PRI y PAN, no ha hecho más que potenciar la complicidad entre los poderes fácticos y el crimen organizado, pero lo que es aún más alarmante en este caso es la actitud pasiva y ausente del PRD y su dirigente estatal, Sergio Prado, quien prefiere esconderse bajo tierra, como avestruz, ante una crisis que compromete la seguridad y el futuro de Morelos.

La imagen de Sergio Prado, quien debería ser la voz crítica de su partido y quien fue clave en la coalición que cobijó a los alcaldes involucrados, está prácticamente desaparecida; a pesar de los serios cuestionamientos que estos hechos plantean sobre la integridad de sus compañeros de partido, Prado ha optado por el silencio, un silencio que refleja la indiferencia de un PRD que, al igual que su partido a nivel nacional, parece estar muerto políticamente. ¿Por qué no se ha pronunciado en favor de una investigación seria? ¿Dónde está la exigencia de rendir cuentas ante los ciudadanos? Y es que la inacción de Sergio Prado no hace más que profundizar la desconfianza hacia el PRD, que, lejos de reforzar su presencia política local, sigue navegando a la deriva, esperando que el viento lo empuje sin rumbo fijo.

Mientras el PRD calla, los dirigentes del PRI y el PAN han tomado una postura que, aunque esperada, subraya la voluntad política de Elíasib Polanco Saldívar, del PRI, y Daniel Martínez, del PAN, quienes han sido claros al exigir que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado investiguen a fondo a los alcaldes implicados en este escándalo.

Este tipo de pronunciamientos siempre es positivo para tratar de frenar la impunidad que tanto impera en el estado de Morelos, por ello, lo que ha sostenido el líder panista es una postura crítica respecto a la impunidad, señalando que este tipo de situaciones no deben quedar en el aire y por ello deben de investigarse esas conductas inapropiadas para erradicar el vínculo de muchos de nuestros representantes con el crimen organizado.

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