Observador político - Impunidad en la ejecución de Roberto, Gabriela y Alvear
En opinión de Gerardo Suárez Dorantes

EN Morelos, durante la administración de Cuauhtémoc Blanco, el Estado dejó de ser garante de justicia para convertirse en un testigo silente de la barbarie, ya que se profundizó la descomposición institucional que ya venía de tiempo atrás, pero que alcanzó niveles grotescos. Como ejemplo, están las ejecuciones de la diputada local Gabriela Marín, la del presidente comisionado del IMIPE, Marco Alvear y la del periodista Roberto Figueroa, cuyos crímenes no solo estremecen por su brutalidad, sino por la desvergüenza con la que fueron cometidos: a plena luz del día, en espacios públicos, sin que nadie —ni el Estado ni sus aparatos de seguridad— respondiera.
¿Y LAS INVESTIGACIONES? El mensaje es claro: si en Morelos se puede asesinar a figuras públicas con total impunidad, que no ocurre con la sociedad en general.
Peor aún, estos crímenes no fueron cometidos en un vacío informativo, ya que el defenestrado fiscal Uriel Carmona Gándara llegó a declarar que existían elementos suficientes para detener a los responsables, pero ninguna acción siguió a sus palabras. ¿Qué intereses se cruzaron en la entonces fiscalía, el Ejecutivo estatal y el crimen organizado? ¿Por qué nadie toca a los autores materiales ni intelectuales de estos asesinatos?
A Cuauhtémoc Blanco y a Uriel Carmona, peleados de principio a fin les preocupaba más sus intereses personales que la acumulación de cadáveres, así como la corrupción y silencio que privó durante todo su sexenio.
Hoy es tiempo del fiscal Edgar Maldonado, es él quien tiene que desempolvar todos estos casos de impunidad e injusticia y clarificar lo que su antecesor de negro historial no quiso llevar a cabo por miedo, compromiso o negligencia. Es inaudito que no haya justicia para quienes exponen la podredumbre del poder.
No la hubo para la diputada que incomodó al sistema político local, ni para el periodista que se atrevió a nombrar lo innombrable. No la hay para la sociedad morelense que vive atrapada entre el narcoestado y la simulación institucional.
GABRIELA MARÍN.- El asesinato de la diputada Gabriela Marín Sánchez ocurrió en octubre de 2022, en pleno día, en una zona transitada de Cuernavaca, no fue un hecho aislado. La legisladora había llegado a la curul tras una cadena de impugnaciones e irregularidades electorales que involucran a lo más rancio de la clase política local.
Su ascenso se dio tras el fallecimiento del diputado Juan José Yáñez Vázquez, quien había llegado a la legislatura como suplente de su sobrino, Roberto Yáñez Moreno, que a su vez no pudo acreditar ser indígena ni gay —dos requisitos que usó como disfraz identitario para colarse por la vía plurinominal.
El partido que llevó a Marín al Congreso, Morelos Progresa, fue una reedición de la legislatura 53 —una de las más corruptas en la historia del estado—, integrada por expriistas, experredistas y expanistas que estuvieron al servicio del exgobernador Graco Ramírez y de su hijastro Rodrigo Gayosso. En esas filas, lo mismo se simula ser indígena que se negocian curules como si fueran herencias feudales.
La muerte de Gabriela Marín no provocó renuncias, investigaciones creíbles ni responsables detenidos, a pesar de que el entonces fiscal Uriel Carmona declaró que existían elementos para capturar a los responsables, hoy, a más de dos años, no hay detenidos ni avances. La impunidad, como siempre, reina.
MARCO ALVEAR.- A plena luz del día, en calles transitadas y bajo la mirada de una sociedad que ha aprendido a convivir con el horror, fue asesinado otro funcionario público en Morelos como si fueran piezas desechables de un engranaje podrido, tal como ocurrió el 21 de marzo de 2024, cuando el presidente del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), Marcos Antonio Alvear, fue asesinado a tiros mientras conducía su auto, en una de las zonas más vigiladas de la capital del estado.
¿Qué tienen en común ambos crímenes? Todo. El lugar: zonas céntricas y transitadas. El método: ejecución directa, sin margen de error, con fuga asegurada. El mensaje: cualquiera puede morir, incluso un representante popular, incluso un funcionario de transparencia. El resultado: silencio oficial, impunidad institucional, y un gobernador que, en vez de rendir cuentas, publicó en su momento condolencias en redes sociales como si él no fuera el responsable de garantizar la seguridad de su gente.
Cuauhtémoc Blanco Bravo llegó al poder como una figura “fuera de la política”, pero lo único que hizo fue integrarse a lo peor de ella, hoy, es otro reto que tiene el fiscal Edgar Maldonado para que atienda y de respuesta a este y a los cientos de asesinatos que se han registrado en la entidad y que durante años, se ha guardado silencio “por la secrecía de la investigación”.
ROBERTO FIGUEROA.- El pasado 27 de abril, se cumplió un año del brutal asesinato del periodista Roberto Figueroa, ocurrido el 26 de abril de 2024, en Morelos. Un crimen que no solo arrebató la vida de un hombre comprometido con su labor de informar, sino que dejó al descubierto una alarmante realidad.
El Estado mexicano sigue siendo incapaz de garantizar la seguridad de los comunicadores y de sancionar a los responsables de sus muertes, ya que este hecho, uno más en una larga lista de crímenes impunes contra periodistas, refleja la inoperancia de las instituciones encargadas de proteger el derecho a la libertad de expresión y de combatir la violencia estructural que azota a los medios de comunicación en México.
El caso de Figueroa es especialmente doloroso, lo que deja claro que los periodistas en este país son perseguidos, secuestrados y asesinados sin ningún tipo de protección o respuesta efectiva de las autoridades.
Es inaceptable que los hechos en torno al secuestro y asesinato del comunicador sigan sin esclarecerse.
El asesinato de Roberto Figueroa no es un caso aislado, porque de acuerdo con los datos de Artículo 19, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, al menos 44 periodistas fueron asesinados de manera violenta.
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