Municipios indígenas y el derecho a la No Discriminación
En opinión de Tania Jasso Blancas
Tania Jasso
En la vastedad de la lucha por los derechos de los pueblos indígenas, dos nombres resuenan en Morelos: Alpuyeca y Tetelcingo. Dos comunidades que buscan ser reconocidas como municipios indígenas, no solo por sus usos normativos, sino también por el cumplimiento riguroso de los requisitos legales establecidos. Sin embargo, tras la aparente aceptación legal, persisten sombras de discriminación y desafíos que amenazan con retrasar su camino hacia la autonomía.
La odisea de Alpuyeca en el Congreso del Estado refleja las tensiones inherentes a este proceso. El mandato de la Asamblea General de Alpuyeca, respaldado por la Constitución y leyes pertinentes, exige un reconocimiento expedito. Sin embargo, la realidad se ve obstaculizada por discusiones que, aunque importantes, podrían dilatar el proceso innecesariamente.
La Consulta Indígena, piedra angular de este camino, se encuentra estancada en debates sobre la inclusión de comunidades vecinas. Alpuyeca defiende el derecho del sujeto, argumentando que la decisión debe recaer en ellos mismos, en concordancia con la normativa. Sin embargo, la disposición a informar a comunidades vecinas demuestra su compromiso con la buena convivencia y solidaridad entre pueblos indígenas.
El llamado de Alpuyeca al Congreso del Estado es claro: "EXORTO URGENTE PARA ACELERAR EL PROCESO DE CREACIÓN DEL MUNICIPIO INDÍGENA DE ALPUYECA". Este urgente llamado encuentra eco en la historia de Tetelcingo, donde las dependencias gubernamentales firmaron un protocolo de consulta que incluía informar a comunidades colindantes.
La comunidad de Alpuyeca, consciente de las posibles trabas, enfatiza su disposición a asumir los costos de la consulta si el presupuesto es una limitante. Su determinación no debe verse frenada por eventos electorales; es un ejercicio de derecho que trasciende calendarios políticos.
Este pronunciamiento resuena a nivel nacional, donde la discusión sobre el reconocimiento de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y su autonomía está en auge. La llamada a reconocer sistemas normativos indígenas, la consulta libre y previa, la salud y medicina tradicional, resuenan en la búsqueda de equidad y justicia social.
Hablar de derechos indígenas no es solicitar privilegios, sino abogar por igualdad y eliminar discriminación. La construcción de un marco normativo sólido es esencial para cerrar las brechas de desigualdad y permitir la plena participación de los pueblos indígenas en la vida diaria de la sociedad.
Alpuyeca y Tetelcingo son ejemplos en una lucha más amplia por el reconocimiento y respeto a los derechos indígenas. No solo es su derecho, sino el derecho de toda una sociedad a construir un futuro donde la diversidad cultural y la justicia social sean los pilares fundamentales de la convivencia. Los derechos indígenas, en esencia, son derechos humanos que demandan ser reconocidos y respetados.
