Serpientes y escaleras - Nadie por encima de la ley

Ya se dieron cuenta que en Ocotepec pasan cosas malas. ¿Y luego?

Nadie por encima de la ley

La frase es de José Luis Urióstegui, abogado de profesión, litigante por más de dos décadas y actual presidente municipal de Cuernavaca; la expresión ocurre en el contexto de los hechos violentos ocurridos en el poblado de Ocotepec, un territorio al norte de la capital de Morelos que se rige por usos y costumbres, una forma de gobierno que se aplica en comunidades indígenas. La situación que se vive en ese lugar es delicada y se agudizó en los últimos años por la presencia de grupos de la delincuencia organizada. “Nadie está por encima de la ley” dice el alcalde. Salvo Ocotepec.

El artículo 2 de la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos establece los derechos de los pueblos indígenas y en ello se sustenta la autoregulación que aplica en muchas comunidades de este tipo; el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas está plasmado en las constituciones y en las leyes de las entidades federativas, aunque en muchos casos estos autogobiernos se colocan por encima de la norma general o en contra de las propias instituciones, como ocurre hoy en Ocotepec.

Hace unas semanas el presidente municipal de Cuernavaca se refirió a lo que pasa en esa comunidad a propósito de un incidente en el que se vieron involucrados elementos de La Ronda, que hacen las veces de policía comunitaria. “Aunque no podemos probarlo, se sabe que los ronderos están vinculados y protegen a grupos de la delincuencia organizada” señaló el abogado, al tiempo de referir que ya había abordado ese tema con las autoridades del pueblo para buscar una solución.

Pero antes de avanzar en el tema apareció un nuevo incidente relacionado con La Ronda, cuando elementos de la policía metropolitana detuvieron al comandante de ese grupo por portación de arma de fuego; el rondero fue llevado a las instalaciones de la secretaría de seguridad, aunque nunca lo pusieron a disposición de las autoridades competentes. La reacción de la comunidad fue casi inmediata: secuestraron a un elemento de la policía de Cuernavaca, lo llevaron a la ayudantía y forzaron al ayuntamiento a intercambiar a los detenidos. El gobierno municipal cedió.

La versión de las partes es opuesta, unos y otros hablan de agresiones y faltas a la ley, aunque desde Ocotepec el ayudante responsabilizó al alcalde y a la secretaria de seguridad por cualquier agresión futura que sufrieran él y cualquier otro elemento de la comunidad; una vez liberado el comandante de la ronda se presentó ante los medios de comunicación, sin camisa y vendado, afirmando que los policías del municipio lo habían detenido sin motivo y golpeado. El ayuntamiento guardó silencio.

Lo que sucede en Ocotepec es complejo y difícil de solucionar, porque bajo el argumento de los usos y costumbres algunos miembros de esa comunidad han rebasado a las autoridades municipales, instaurado un autogobierno y volvieron al pueblo un espacio atractivo para quienes se mueven al margen de la ley.

Habitantes de ese lugar refieren constantemente que el otrora lugar pacífico y seguro se ha convertido en tierra de nadie, en un lugar en el que se han vuelto comunes los hechos de violencia y proliferan los negocios de venta de bebidas alcohólicas. Sin menoscabo de las tradiciones locales y sus antecedentes indígenas, lo que resulta inocultable es que en ese espacio se han asentado personas que nada tienen que ver con la comunidad ni con sus raíces, que utilizan el vacío de autoridad para refugiarse y con sus actos provocan inestabilidad para los lugareños.

Autoridades municipales y estatales dicen que la falta de presencia policiaca en el lugar ha atraído a grupos delictivos que tienen casas de seguridad y centros de operación delictiva; varias veces a lo largo de los últimos años se han cateado viviendas y desarticulado bandas que se esconden en una comunidad regida por los usos y costumbres, pero por cada banda que desarticulan aparecen tres más.

Este último punto es el meollo de todo, el reto de las autoridades capitalinas y del estado es resolver lo que ocurre en el poblado sin violentar las garantías ciudadanas, los derechos humanos de los habitantes y su derecho de regirse bajo el esquema de usos y costumbres. Hay que hacerlo sin dejar de considerar que este formato de autogobierno no implica una Patente de Corso, ni puede utilizarse como una carta blanca para delinquir.

La mayoría de los pobladores de Ocotepec son gente buena, gente trabajadora y de bien que al igual que el resto de los ciudadanos de este país sufren el problema de la inseguridad y padecen los estragos de los grupos delictivos. Ahora que el abogado que gobierna Cuernavaca ha puesto el tema sobre la mesa y los hechos de violencia hacen voltear la vista hacia esa comunidad lo menos que se puede esperar es que algo ocurra.

Los primeros interesados en que la situación mejore deben ser los propios habitantes de Ocotepec, porque conviven directamente con la ronda y es a ellos a quienes perjudica que un lugar históricamente conocido por su belleza, sus tradiciones y la calidad de su gente se empañe con situaciones violentas y la presencia de gente que solo llega al lugar a causar problemas.

El punto no está en la desaparición de la ronda, ni mucho menos en el cambio de régimen de usos y costumbres, sino en la coordinación entre autoridades en beneficio de la gente, para que el trabajo sea más eficiente y desde todos lados se le cierre el paso a la delincuencia y a los grupos criminales.

Ningún alcalde de la época reciente se había atrevido a señalar lo que ocurre en Ocotepec y la forma como se conducen quienes tienen a su cargo la seguridad de los ciudadanos; ahora que José Luis Urióstegui lo ha hecho será interesante saber hasta dónde está dispuesto a llegar en el tema, porque si no va más allá de la declaración quedará expuesto como un gobernante incapaz de aplicar la ley que como profesionista ha defendido a lo largo de su vida.

En este primer round entre los ronderos y el ayuntamiento, el alcalde perdió.

• posdata

“Después de los hechos suscitados en Santa María Ahuacatitlán le pregunto a las autoridades, ¿hasta cuándo debemos esperar para aceptar que necesitamos un nuevo modelo de prevención del delito y la procuración de justicia” tuiteó el sábado pasado el diputado de Movimiento Ciudadano Julio César Solís. Y luego agregó: “Rechazamos normalizar la violencia, en los próximos días presentaremos la iniciativa por la cultura de la paz en Morelos”.

Entendamos quién es Julio César Solís: el diputado por Movimiento Ciudadano tiene una trayectoria profesional muy corta: es dirigente del partido en Morelos por obra y gracia de su amiga Jessica Ortega. Y nada más.

Su esposa Karina Arteaga posee un historial más llamativo: fue consejera del Instituto Estatal Electoral, en donde tuvo que renunciar antes de que la removieran porque falsificó documentación para ocupar el cargo. Luego trabajó en la legislatura 53 de Morelos y desde ahí fue artífice de las llamadas “Pensiones Doradas”, mecanismo que permitió a una centena de personas que no reunían los requisitos recibir esa prestación; ella misma fue beneficiaria de una pensión dorada con documentación falsa, hecho que la llevó a ser vinculada a proceso. Este delito parece haber sido librado a través de un “acuerdo político” entre su esposo el diputado y los fiscales, pero aunque le retiren los cargos, la fechoría cometida está ahí y ha sido expuesto a la opinión pública. Pero regresemos con Julio César Solís:

Como miembro de este congreso el diputado naranja se vio involucrado en un tema espinoso cuando uno de sus colaboradores desapareció y movió todas sus influencias para que las autoridades lo encontraran; en los pasillos del congreso los diputados refieren que la persona desaparecida, amigo personal del legislador, tiene un historial dudoso y relaciones peligrosas.

Una pifia más a la bancada naranja llegó cuando luego de un encuentro privado entre legisladores y fiscal, en donde Uriel Carmona comentó de manera confidencial las líneas de investigación sobre un feminicidio, datos que Julio César Solís difundió públicamente, generando que el presunto homicida huyera. Sobre este tema el consejero jurídico del estado y el gobernador señalaron que se trataba de un delito, de un acto que había facilitado el escape de un feminicida.

Con estos antecedentes el fin de semana Julio César Solís se aventó la puntada de criticar la estrategia de seguridad, lo cual provocó una inmediata y puntual respuesta del comisionado de seguridad José Antonio Ortiz Guarneros:

“Ante las declaraciones que hace el diputado Julio César Solís en su cuenta de Twitter, le contesto lo siguiente:

La seguridad pública no se debe politizar. Ante los lamentables hechos durante la realización de un baile en el poblado de Ocotepec vuelve otra vez la critica del Diputado Solís desde su curul en el Congreso del Estado.

En su calidad de presidente de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil se le presentó la problemática de los municipios y comunidades que se rigen por usos y costumbres. Así como la necesidad de atender a los grupos comunitarios organizados autodenominados “Guardias Comunitarias”, entre otras muchas problemáticas en materia de seguridad.

¿Cuáles han sido sus contribuciones a la solución de estos problemas?

Él tiene la facultad de destinar recursos económicos, de crear y mejorar leyes y no conozco a la fecha resultado alguno.

Repito: RESULTADOS, no buenas intenciones.

¿Alguien ha visto al diputado Solís haciendo “Trabajo de campo” en esas comunidades y con los ciudadanos? Desde la perspectiva que le da su oficina en el Congreso del Estado y eventos sociales, no creo que su aportación sea acertada.

La solución a los problemas de inseguridad es de todos, sumemos con hechos, no con palabras.”

Se puede estar en desacuerdo con el comisionado Guarneros y sin duda hay muchas dudas respecto al plan de seguridad, porque los resultados no son buenos. Aún así la postura del diputado naranja no tiene sentido, porque como lo dice el comisionado, él no ha hecho nada desde su espacio para mejorar la situación y en su pasado existen hechos ilegales que anulan su calidad moral para hablar.

Digámoslo así: el plan de seguridad estatal es malo, pero el diputado Solís no es mejor.

• nota

Finalmente, el presidente municipal de Cuernavaca confirmó que su gobierno presentará denuncias contra Antonio Villalobos y algunos de sus colaboradores; los primeros delitos que le imputan son peculado y omisión en la entrega de las cuotas retenidas a los trabajadores, no enteradas al Instituto de Crédito.

El proceso jurídico debe seguir su cauce, dijo el abogado Urióstegui en la primera expresión tímidamente crítica respecto a los malos manejos de su antecesor; “confiamos en el trabajo de investigación que estamos haciendo y que las pruebas recopiladas sean suficientes para que las autoridades correspondientes puedan cumplir con su deber”.

Los abusos cometidos por Antonio Villalobos y personajes de su gobierno, empezando por Laura Mendizabal, José Quiñones y Erick Santiago fueron públicos, son inocultables y a ellos se debe la grave situación económica, jurídica y social que enfrenta la ciudad.

Las denuncias contra los exfuncionarios municipales se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos y se espera que a partir de ello un juez vincule a proceso a los imputados. Actuar contra la corrupción y ponerle un alto a la impunidad tendría que ser un objetivo principal del nuevo gobierno, porque de ello depende que José Luis Urióstegui mantenga su credibilidad e imagen de hombre honesto.

El enriquecimiento de la familia Villalobos derivado de su paso por el ayuntamiento de Cuernavaca es inocultable; el reto del gobierno actual es probar las tropelías… O cargar con las culpas y el desprestigio de ser cómplices y omisos en el combate a la corrupción.

• post it

Jaime Juárez es el responsable de la comisión estatal del agua, destaca por la supervisión permanente que realiza en todas las áreas de su competencia, por acudir personalmente a los municipios y por mantener una coordinación permanente con los presidentes municipales y las autoridades federales. Es un buen técnico que, además, sabe socializar sus acciones para prevenir conflictos sociales.

Jaime Juárez López es un buen elemento del gabinete estatal que tiene bajo su encargo una de las áreas más importantes para el estado.

Cuauhtémoc Blanco necesita más funcionarios de este tipo en su gabinete.

• redes sociales

Urióstegui pedirá al congreso local que le autoricen un refinanciamiento de la deuda. No es un nuevo crédito, sino una renegociación para pagar menos intereses.

Si los diputados quieren apoyar a la capital, avalarán la solicitud del abogado.

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