Morelos, de feminicidios y cuadros de honor.

Desde que nace una mujer, la educación trabaja sobre el material dado para adaptarlo a su destino y convertirlo en un ente moralmente aceptable, es decir, socialmente útil. Así se le despoja de la espontaneidad para actuar (...) de decidir (...)

Rosario Castelanos, en Mujer que sabe latín.

Ayer, durante la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el estado de Morelos tuvo el honroso privilegio de ser el primero en ser nombrado como  miembro distinguido del glorioso grupo de los 8 estados del país en los que se comenten más  feminicidios.

Contrario al avance en materia de paridad de género en política, en el tema de la violencia hacia las mujeres vamos en franco retroceso, como lo corroboran las cifras de feminicidios de los últimos meses.  Lo paradójico y fuera de lógica aquí, es que la paridad de género en política no haya incidido en la creación e impulso de políticas públicas para prevenir y erradicar las violencias contra las mujeres.

La respuesta podría estar en el hecho innegable de que, en su mayoría, las mujeres que asumieron el poder en los diversos espacios ganados en 2018, reprodujeron los “usos y costumbres” del patriarcado ancestral y como prueba, está el errático comportamiento de las diputadas del Congreso del estado de Morelos. Pero ese no es el tema de hoy.

Sobre las cifras oficiales, de feminicidios en Morelos y de las cuales supongo se alimentó el informe de ayer de Rosa Isela Rodríguez titular de la Secretaría de Seguridad federal, en días recientes la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), puso en duda las cifras sobre feminicidios que dio a conocer la Fiscalía Especializada en feminicidios de la Fiscalía General del estado.

No hay que olvidar que sobre los feminicidios en Morelos, esta organización  ha documentado puntualmente durante varios años el estado que guarda la violencia contra las mujeres, ni tampoco sobra mencionar que este trabajo de la CIDH fue fundamental en la emisión de la Alerta de Género hace 6 años. Lo que nos da una idea de que posiblemente esta cifra sea considerablemente mayor.

La CIDH denunció también a los medios de comunicación que la Fiscalía ha omitido proporcionar a la organización información solicitada relativa a los casos de feminicidio solicitados vía transparencia, y el IMIPE por su parte ha sido omiso en sancionar a la institución por negar una información. Por lo cual la incertidumbre sobre la cifra oficial y la cifra negra es inconmensurable. Esperemos la cifras de la CIDH.

La obligación del Estado mexicano en su conjunto de investigar con diligencia la violencia hacia las mujeres y con mayor razón la violencia extrema como lo es el feminicidio, está contenida no solo en nuestra normativa interna y supranacional sino también en diversas sentencias vinculantes dictadas por los órganos de impartición de justicia del sistema nacional e interamericano. Dos ejemplos son las sentencias “Campo algodonero” de 2009 y “Mariana Lima Buendía” de 2015.

En “El caso Mariana Lima Buendía: una radiografía  sobre la violencia y la discriminación contra la mujer”, Karla Quintana, proyectista de esa sentencia, afirma que desde hace décadas, México se encuentra dentro de los países en América Latina con mayor índice de muertes violentas de mujeres, lo que le ha merecido haber sido condenado en tres ocasiones por violencia contra las mujeres y una de ellas por feminicidio.

De acuerdo con el artículo de Quintana, en el caso que conocemos como Campo Algodonero, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por falta de prevención y debida diligencia en la investigación y muerte de tres mujeres que fueron encontradas asesinadas en un campo algodonero de la Ciudad Juárez, Chihuahua. En los años 2002 y 2003 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya había emitido informes sobre violencia y discriminación hacia las mujeres en México y la impunidad en estos casos.

Por su parte, la sentencia de Mariana Lima Buendía, de acuerdo con Karla Quintana, constituye, un reconocimiento del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación, y un esfuerzo de brindar una reparación integral por violaciones de derechos humanos, constituyendo con ello una sentencia con doble dimensión: individual y estructural.

Las omisiones de los órganos del Estado encargados de garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, cuentan con un instrumental muy rico que ha sido producto de la lucha por años de organizaciones ciudadanas y también, hay que decirlo, de la voluntad de algunos servidores públicos que han hecho uso de toda esa utilería que nos han legado otras  generaciones.

La ciudadanía de Morelos está ávida de destacar en las estadísticas nacionales, que no sean mediciones de violencia de género, delincuencia organizada o secuestros, esperamos perder nuestra silla en el honroso grupo de estados de la República con mayor incidencia de feminicidios. Las mujeres de Morelos lo necesitan.