¿Se combate la corrupción en Morelos?

2015 fue un año trágico para el combate a la corrupción en Morelos, el año en que a nivel nacional fue creado el Sistema Nacional Anticorrupción a nivel constitucional, pero aquí se tomaron decisiones que hoy en día seguimos sufriendo.

Durante siete años hemos padecido decisiones de unos cuantos, de aquellos que tejen redes y complicidades para usar los recursos de los ciudadanos. El año 2015 quedó marcado políticamente por dos sucesos relevantes para asegurar un futuro de impunidad y continuidad de corrupción. En mayo de ese año, se concretó la extinción de la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF), una auditoría que había manifestado tener dificultades para obtener información del crédito de 2,800 millones contratado por el Gobierno de Morelos, una ASF que se volvía cada vez más incómoda.

Los argumentos de la extinción de la ASF quedaron manifestados en el Periódico Oficial 5286 (página 4) del 13 de mayo de 2015 mismos que se manifestaron con la justificación de “dotar a dicha Entidad de una nueva estructura con autonomía técnica y de gestión, que permitiera la profesionalización, eficiencia y consolidación de la institución responsable del control, vigilancia, fiscalización y auditoría de los recursos públicos … Al mismo tiempo, se implementa el Servicio Profesional de Auditoría, esto con el propósito de regular el ingreso, permanencia y promoción del personal de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, que permita por una parte una eficaz profesionalización de los funcionarios que laboran, en el desarrollo de tan delicadas tareas”

Nada, absolutamente nada de eso se cumplió, se volvió una institución inútil, cómplice y totalmente manipulada por el Congreso, se dejaron de hacer auditorías, desapareció información, se perdió el seguimiento a auditorías anteriores a 2014. La cambiaron de nombre a Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), pero sobre todo, se volvió inútil.

En 2015 también se creó el Sistema Estatal Anticorrupción, un acto legislativo anticipado, que no respetó la creación de las Leyes Generales que se crearían un año después, se nombró Fiscal Anticorrupción al Consejero Jurídico del gobernador en turno y se nombró un Comité de Participación Ciudadana que se tuvo que cambiar dos años después porque no se hizo de forma incorrecta. ¡Un desastre para Morelos, un triunfo para algunos!

¿Valió la pena lo que se hizo en 2015? No, lo realizado siete años atrás fue bien planeado, muy probablemente para ver los resultados que tenemos hoy, una fiscalía anticorrupción que no sabemos qué hace y es selectiva en sus acciones, una auditoría paralizada y capturada por el Congreso, una auditoría débil, sin capacidades, que absurdamente depende de las decisiones políticas del Congreso.

El 61% de las auditorías a municipios son desconocidas porque están congeladas en el Congreso. Las auditorías que realiza la ESAF deben enviarse al Congreso a esperar que la Comisión de Hacienda y el Consejo de Vigilancia detecten errores o pidan aclaraciones. Los políticos evaluando el trabajo de los técnicos. Así el Congreso puede detener, archivar o congelar las auditorías.

Una Auditoría autónoma debería concluir y publicar su trabajo, presentarlo al Congreso (solo darles vista) y ponerlo a disposición de la ciudadanía. No, en Morelos los legisladores deciden qué se aprueba, cuándo se aprueba y en qué sentido.

Con todo esto ¿Podemos creer que se combate la corrupción en Morelos? O solo es una puesta en escena que simula justicia, legalidad y profesionalismo. La corrupción que se permite en Morelos desvía recursos para obras públicas, simula beneficios para ciudadanos por sismos o pandemias, permite compras caras con procesos de adjudicación viciados. La corrupción que se permite en Morelos opera con empresas fantasma, beneficiarios inexistentes o nombramiento de cuates y cuotas.

Mientras sigamos permitiendo estas simulaciones Morelos no va a cambiar, seguirá en la crisis de corrupción, que come presupuestos de seguridad y desarrollo social y económico. ¿Qué se puede hacer? Aquí algunas prioridades:

1. Reformar la Constitución para contar con Designaciones profesionales, transparentes y con participación ciudadana para todos los nombramientos del Congreso, incluye eliminar el voto secreto.
2. Cambiar de raíz la Auditoría y la Fiscalía Anticorrupción con personal independiente, transparente y profesional.
3. Dar autonomía a la Auditoría, que ya no dependa del Congreso para emitir sus informes.
4. Dotar de recursos suficientes a la Auditoría para tener más personal, mejor pagado y preparado (a través del Servicio Profesional de Auditoría)
5. Ciudadanizar a la Fiscalía y la Auditoría, hacerlas más transparentes, más sencillas en su comunicación e involucrar a la sociedad.

Hemos estado viendo una simulación en el combate a la corrupción e impunidad siete años con la creación del Sistema Anticorrupción, si no cambiamos hoy, continuaremos así otros siete, catorce o 20 años más.

¡Abramos la discusión de lo que necesitamos para tener un estado justo, en paz y orden!