Las multas por el alcoholímetro, nulas en 90%: Guillermo Arroyo
En todos los municipios donde se implementa el programa
Muchas se declaran así por la falta de fundamentación o motivación
Gerardo Suarez Dorantes 
En los municipios donde se implementa el programa de alcoholímetro, más del 90% de las multas e infracciones derivadas de esta situación son declaradas nulas por el Tribunal de Justicia Administrativa, señaló el magistrado presidente Guillermo Arroyo, quien indicó que en muchas ocasiones, incluso, resultan impagables y frecuentemente no están contempladas en la ley de ingresos, lo que implica cobros indebidos.
Dio a conocer que el programa de prevención de accidentes a través de operativos de alcoholemia tiene como objetivo evitar que conductores bajo el influjo de drogas o alcohol pongan en riesgo su vida y la de terceros, así como prevenir daños a la propiedad, sin embargo, la nobleza del programa se pierde cuando se convierte en una acción recaudatoria.
Guillermo Arroyo afirmó que este programa pierde su sentido cuando se transforma en una medida recaudatoria, especialmente porque las multas impuestas por los municipios que implementan el alcoholímetro, principalmente en la zona conurbada, resultan muchas veces impagables para los infraccionados.
Lo más preocupante, señaló, es que muchas de estas multas se declaran nulas por falta de fundamentación o motivación en su imposición. Algunos municipios han tenido que ser reportados a la Fiscalía Anticorrupción debido a que no registran ingresos por las multas en su presupuesto, lo que implica cobros no autorizados por la ley de ingresos.
Para fortalecer la nobleza del programa, Arroyo considera necesario que se sigan todos los protocolos y reglas en este tipo de operativos. Criticó la práctica común de cerrar calles para crear embudos y obligar a los conductores a pasar por el operativo. Además, subrayó que los montos cobrados por infracciones, arrastre de grúa y corralón deben estar previstos en la ley de ingresos del municipio y calculados en Unidades de Medida y Actualización (UMAs). Los alcaldes y cabildos deben asegurar que todos sus programas se apeguen estrictamente a la legalidad para que las multas sean válidas.
Guillermo Arroyo enfatizó la importancia de transparentar y regularizar estos procedimientos para evitar abusos y garantizar que los operativos de alcoholemia cumplan con su propósito original de prevención y seguridad. Según él, los programas deben ser implementados con un enfoque en la legalidad y la justicia, asegurando que los conductores comprendan las consecuencias de conducir bajo la influencia, sin que esto se convierta en una carga financiera injusta.
El magistrado también sugirió que los municipios deben trabajar en campañas de concienciación y educación sobre los peligros de conducir bajo la influencia del alcohol y drogas, en lugar de centrarse en imponer multas exorbitantes. Estas campañas podrían incluir charlas en escuelas, universidades y comunidades, así como la difusión de información a través de medios de comunicación y redes sociales.
