Indigna a la población el desempeño de diputados
¨El pueblo de Morelos está tremendamente molesto por el papel de los legisladores¨
No cumplen con los preceptos de la Carta Magna; en esa condición están los demás poderes
“El pueblo de Morelos está tremendamente molesto por el papel de los diputados”, porque no cumplen con los preceptos que emergen de la Carta Magna; en esa condición están los demás poderes: “… En Morelos no tenemos quién gobierne”, así lo asentaron integrantes del “Colectivo Cuernavaca Morena”.
Se quejaron del desempeño del gobernador del estado, así como de los magistrados del Poder Judicial; éste se encuentra “dividido”, puesto que, en materia penal, hay “impunidad absoluta en la persecución y en la sentencia de delitos que se cometen contra la ciudadanía”.
Sobre la postergación del consenso del documento antes descrito, así como las leyes de ingresos de los municipios y la miscelánea fiscal, uno de ellos, Juan Juárez Rivas, comentó que “ya no lo pueden aprobar legalmente; ellos tienen que garantizarle al pueblo de Morelos seguridad y legalidad”.
Los plazos son inamovibles: “tienen que ser respetados por los diputados”. Sólo los jueces pueden hacer tal acción. Empero, en las condiciones actuales, los integrantes de la 54 Legislatura “tendrían que acudir al juez correspondiente, para que ellos les prorrogaran los plazos y términos de la Constitución…”.
De igual forma, mencionó que las exigencias no sólo emergen de los morelenses, sino de los preceptos legales.
Es preciso recordar que La Ley de Ingresos es la “normatividad que establece anualmente los ingresos del Gobierno del Estado de Morelos, los cuales deberán recaudarse por concepto de impuestos, derechos, productos, aprovechamientos”.
En el escrito correspondiente al 2019, se estimó que las premisas en que se basó el presupuesto fueron: “Las disposiciones de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios. Las prioridades del gasto para el 2019: reconstrucción del Estado de Morelos, fomento del mercado interno, educación, salud, seguridad y justicia. La austeridad, racionalidad y eficiencia en la administración pública. El respeto a los conceptos de gasto comprometidos por Ley. La no creación de nuevos impuestos”.
En este momento, los 36 alcaldes pretenden instaurar nuevos gravámenes en torno a los derechos.