Evelyn, la violencia y la necesaria perspectiva de género.

“No pido favores para mi sexo. Todo lo que pido de nuestros compañeros es que quiten sus pies de nuestros cuellos”.

Jueza Ruth Bader Ginzburg.

Si Evelyn Afiune, hubiera tenido un espacio para pronunciarse sobre las cifras oficiales que el viernes 25 de se dieron a conocer sobre los feminicidios en Morelos, seguramente las hubiera desmentido, pero era obvio que no podía. Su vida estaba probablemente ya en manos de quienes la engañaron, la raptaron y al final le quitaron la vida. Después de las cifras oficiales, la noticia de su muerte fue un balde de agua helada en la cara.

Evelyn desapareció, como ha ocurrido muchas veces, mientras vivía su vida de joven: buscando. Salió de su casa el 24 de marzo en busca de un trabajo, pues cursaba el octavo semestre de la carrera de ingeniería industrial, según lo informaron sus familiares. Acudió a una cita de trabajo en una cafetería de la ciudad de Cuautla y no volvió más. Su cita fue con la violencia feminicida y ella no lo imaginó.

Ese mismo día desapareció también Sergio Uribe, un joven allegado a un diputado local, y para su búsqueda se activaron con rigurosidad los protocolos de por lo menos tres dependencias de gobierno, que para fortuna de quienes lo buscaban fue encontrado en territorio del municipio de Temixco. El joven declaró a las autoridades que ausencia fue “voluntaria”.

La ausencia de Evelyn no fue voluntaria y a razón de lo que se ha sabido del caso por las redes sociales y el comunicado de la Fiscalía del estado, en su asunto aparentemente se siguieron los protocolos de ley, lo que ignoro es si en la búsqueda de esta joven anónima, la búsqueda se realizó con la misma diligencia que la que se usó para localizar a Sergio, el “muchacho del diputado” como se señaló en diversos foros.

En las redes sociales, ha trascendido que para el caso de la investigación de la desaparición y asesinato de Evelyn Afiune, la Fiscalía General del estado designó a la abogada Adriana Pineda Fernández, Fiscal de Investigación de Delitos de Alto Impacto, en lo que para algunas personas es una buena noticia, pues de acuerdo con los mismos reportes, la funcionaria se ha distinguido por su eficacia en los cargos que ha desempeñado en el área de procuración de justicia.

Sin duda la eficacia y no la simulación es fundamental para llegar a la verdad en este caso, y ojaló se cumplan los buenos presagios de quienes aseguran que el caso está en buenas manos. Yo por mi parte considero que es necesarísimo que la investigación se realice con perspectiva de género y que el caso no se utilice para el golpeteo político entre facciones del poder público que hoy están confrontadas y que de sobra sabemos quiénes son.

Dados los añejos rasgos culturales de misoginia y machismo que prevalecen en nuestro país, tenemos muchos ejemplos de lo que no debe hacerse en estos casos y que le ha costado al país, ser condenado en instancias nacionales e internacionales, porque esa cultura permea a las instituciones. Los casos de Mariana Lima Buendía de la corte mexicana, así como el caso Campo algodonero de la Corte Interamericana de derechos humanos, deberían ser puntos de referencia para la investigación.

De acuerdo con el artículo El caso de Mariana Lima Buendía: una radiografía sobre la violencia y discriminación contra la mujer de la doctora Karla Quintana, experta en violencia de género, México es de los países latinoamericanos con uno de los índices más altos en feminicidios y es, de los países del sistema interamericano que más condenas tiene por ese motivo.

La sentencia del caso que se conoce como Campo algodonero, en el que se condena al Estado mexicano por falta de prevención y debida diligencia en el asesinato de tres jóvenes de Ciudad Juárez, incide no solo la reparación integral para las víctimas, sino en la instauración de políticas públicas con perspectiva de género que garanticen el derecho de las mujeres a vivir sin violencia.

A nivel interno la sentencia del caso Mariana Lima, la abogada recién egresada de la carrera en el Estado de México que fue asesinada por su marido, cuya condena significó no solo la judicialización al más alto nivel de la de un caso que señaló la obligación de las autoridades, no solo de las ministeriales como bien lo apunta Quintana, de reparar de manera integral a las víctimas, sino “una sentencia estructural respecto de las obligaciones de todas las autoridades, no sólo las ministeriales, en relación con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y discriminación”.

A la luz de esto, puedo decir que esperamos dos cosas mínimas de las autoridades de Morelos: 1) que sean tan diligentes como en el caso de Sergio Uribe; y 2) que sean tan rigurosos en la aplicación de la perspectiva de género como en las sentencias de los casos de Mariana Lima Buendía y Campo Algodonero.