Escala de Grises - Transversalidades

A pesar de los [superficiales] esfuerzos por disminuir la violencia en contra de las mujeres y del gremio periodístico, parece que la administración de Andrés Manuel López Obrador continúa sin atacar el problema de raíz. De acuerdo con el informe “Palabras Impunes: Estigmatización y Violencia contra las mujeres periodistas en México 2019-2022”, dos de los problemas estructurales más graves del país continúan sin atenderse.

El documento publicado por la organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), además de señalar los constantes ataques del mismo presidente al gremio periodístico, también retoma la postura del mandatario en lo que respecta al movimiento feminista.

De acuerdo con el informe, las declaraciones de López Obrador tienen efectos negativos en la opinión pública, pues generan desconfianza, incertidumbre y miedo. En comparación con los primeros tres años de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, en el gobierno de AMLO se ha registrado un incremento del 209% en ataques a las mujeres periodistas.

Además de las 767 agresiones denunciadas desde el 2019, también se consideran los cinco asesinatos a mujeres periodistas: Norma Sarabia, María Elena Ferral, Lourdes Maldonado, Sheila García y Yessenia Mollinedo. Tal como ocurre en todos los problemas sistemáticos, la violencia (independientemente de la persona que ocupe la silla presidencial) es transversal.

A pesar de los aparentes avances, como la disminución de los casos en 2021, la organización considera omisiones e indiferencia por parte del Estado en lo que respecta a las agresiones hacia periodistas (que van desde intimidaciones hasta el feminicidio); pues a pesar de las incontables denuncias, ninguna alternativa es garante de seguridad.

¿Cuál es la eficiencia de los mecanismos de protección? Todos los días el gremio periodístico se hace la misma pregunta y, aunque el tema se ha retomado en incontables ocasiones con los tres niveles de gobierno, todavía no hay respuestas. Entre algunas de las causas que se consideran en el informe se encuentran las políticas implementadas por el Estado, la militarización del país, los grupos criminales, la violencia sociopolítica y, por supuesto, la inacción de las autoridades.

En este mismo espacio hemos retomado los constantes ataques por parte del presidente mismo hacia el gremio periodístico en espacios como la conferencia matutina y la sección “¿Quién es quién en las mentiras?”. Lo que al principio podría haberse considerado como una muestra de nula tolerancia a la frustración o un disparate más de López Obrador, se ha convertido en una forma más de violencia por parte del Estado.

Si a los constantes señalamientos por parte del presidente agregamos las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la falta de capacitación para el personal y los abismos dentro del sistema de justicia, así como en los mecanismos de protección, la situación se vuelve cada vez más desoladora.

Según los datos considerados por CIMAC, desde que AMLO asumió el poder hasta julio de 2022, 30 de los 32 estados que conforman el territorio nacional ya tenían documentada, al menos, una agresión. En los primeros lugares de la lista aparecen la Ciudad de México, Puebla, Coahuila, Guerrero, el Estado de México, Veracruz, Oaxaca, Quintana Roo y Morelos.

Violencia de género

Ahora, en lo que respecta a la violencia en contra de las mujeres, nada parece avanzar con la urgencia suficiente. No hay estrategias efectivas, no hay protocolos que basten y, a decir verdad, tampoco parece ser un tema relevante en la agenda política. Me explico. Un día antes de que se conmemorara el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la[s] Mujer[es], Intersecta publicó un análisis de los recursos militares en México.

Bajo el nombre “Dinero para reducir la violencia hay, pero ¿en qué lo invierte el Estado?”, la organización feminista demostró que la apuesta militarista que se ha hecho en México no implica mayor seguridad para las mujeres (lo que se resume en nula seguridad para la población, en general).

A pesar de las constantes violencias ejercidas por las Fuerzas Armadas, todo parece indicar que la actual administración continúa destinando más recursos para dicho sector (en lugar de atender los problemas de fondo, como se prometió en campaña). Lo anterior, además de resaltar la desigualdad entre instituciones, también es una clara evidencia del nulo compromiso para disminuir (ya no digamos erradicar) la violencia de género.

Tan solo por poner un ejemplo de la fallida estrategia, a pesar del incremento de recursos a los cuerpos de seguridad, delitos como el feminicidio continúan en los mismos niveles. En México, en promedio, cada día son asesinadas 10 mujeres. ¿Realmente podemos hablar sobre una estrategia de seguridad?

Ahora, los feminicidios no son el único delito a considerar; desapariciones forzadas, tortura, abuso sexual y acoso son tan solo algunos conceptos que pueden aparecer en la conversación. Al igual que programas sociales insuficientes, negligencia por parte de las autoridades, criminalización y revictimización… Por mencionar algunos.

En este espacio hemos repetido —hasta el cansancio— que la violencia en contra de las mujeres está presente en cada esfera, en cada espacio y, aún así, el panorama nacional no parece resultar lo suficientemente alarmante como para contemplar una redistribución de los recursos o un análisis de las violencias que se viven cada día a nivel nacional.

Problemas como las agresiones a periodistas o la violencia de género nos atraviesan a todas, todos y todes; sin importar el área en la que nos especialicemos, por eso son estructurales, por eso son urgentes de intentar resolver con estrategias que vayan más allá de las armas o de hacer nada.

Aunque suene a pleonasmo:

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