Escala de Grises - La impunidad en Ayotzinapa

El miércoles 6 de marzo, normalistas de Ayotzinapa acudieron a la Ciudad de México para exigir justicia por los 43 estudiantes desaparecidos en 2014. Frente al Palacio Nacional, el grupo se concentró para exigir justicia respecto a lo ocurrido hace casi diez años y para presionar al presidente para continuar con las investigaciones pertinentes.

Ante la nula respuesta del Ejecutivo, los manifestantes optaron por tirar uno de los portones del recinto. Las acciones de los normalistas fueron respondidas con gas lacrimógeno y una barricada humana, acciones encabezadas por los policías militares que custodiaban el lugar.

Al ser interrogado sobre el tema, Andrés Manuel López Obrador aseguró que él no se reunirá con los estudiantes ni con los padres de los 43 desaparecidos. “Nosotros no queremos para nada la confrontación”, aceptó en su conferencia matutina. Sin embargo, también informó que se está avanzando “mucho” en la investigación.

A pesar del presunto compromiso que tiene la Secretaría de Gobernación con “la verdad y la justicia” en este caso, los hechos indican todo lo contrario. Y es que las constantes evasiones por parte de AMLO, así como las trabas en la investigación realizada por especialistas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), no son más que un obstáculo para saber qué pasó realmente la noche del 26 de septiembre de 2014.

La solicitud de las familias de los 43 estudiantes es clara: la entrega de los documentos de espionaje que la Secretaría de Defensa Nacional niega para continuar con las averiguaciones. Sin embargo, la respuesta oficial sigue bajo los mismos términos establecidos por la Sedena: no existe más información, no existen los documentos.

Mientras el diálogo entre el Estado y las familias de los 43 estudiantes está cada vez más fragmentado, las protestas por conocer el paradero de los normalistas continúan a nivel nacional. Hasta el momento, las manifestaciones no han logrado su propósito y los avances respecto al caso Ayotzinapa son mínimos.

Como si la violencia en la desaparición de los 43 no fuera suficiente para la historia y el país entero, el viernes 8 de marzo se dio a conocer que un estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, conocida como la Normal de Ayotzinapa, había sido asesinado por la policía estatal.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, la noche del jueves, cuatro estudiantes circulaban en una camioneta con reporte de robo, por lo que las autoridades les solicitaron detenerse en un punto de revisión. Presuntamente, tras negarse, los jóvenes detonaron armas de fuego en contra de los policías, quienes respondieron de la misma manera.

El altercado provocó la muerte de Yanqui Kothan Gómez Peralta, un hombre de 23 años, cuyo asesinato indignó al estado y al país entero. El mismo López Obrador lamentó los hechos y aseguró que el caso se seguirá investigando hasta esclarecer los hechos. ¿Le creemos?

Por otro lado, Rolando Solano Rivera, secretario de Seguridad Pública de Guerrero, informó que los hechos no estuvieron relacionados directamente con “alguna otra institución, escuela, movimiento social, político o cultural”. Según él, todo se trató de una mera coincidencia.

Sin embargo, las dudas son inevitables, especialmente con un antecedente como el de los 43 normalistas de Ayotzinapa y los vínculos existentes entre la policía, las autoridades y grupos del crimen organizado. En un país que permite total impunidad en la desaparición de casi 50 estudiantes en una sola noche, ¿a quién le creemos?

Durante su campaña presidencial, Andrés Manuel prometió que encontraría a los estudiantes, que estaría siempre de lado de sus familias y que se haría justicia. El (todavía) presidente enunció múltiples críticas y señalamientos para el gobierno de Enrique Peña Nieto por lo ocurrido y, a pesar de todo, no ha cumplido sus promesas.

Mientras en Ayotzinapa exigen justicia por los estudiantes desaparecidos y por el normalista asesinado, las autoridades permiten que el policía estatal responsable de este último crimen escape sin ninguna consecuencia. ¿Qué nos queda por hacer? ¿Cuáles son las alternativas para encontrar la justicia en un país donde la impunidad es cosa de todos los días?

La rabia, la desesperación y la impotencia se han convertido en palabras repletas de sentido no sólo para los estudiantes de Ayotzinapa, sino también para sus familias. Es urgente que el presidente, su sucesora y el próximo gabinete acepten su negligencia y escuchen las solicitudes de las víctimas y, sobre todo, las atiendan.

La intervención de organismos internacionales y especialistas en el tema es cada vez más evidente, porque en México no existen autoridades lo suficientemente calificadas para poder enmendar las fallas del Estado. ¡Que se derriben todas las puertas para exigir justicia!

Vivos se los llevaron, vivos los queremos:

arendy.avalos@gmail.com

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