Escala de Grises - La espiral de la violencia

Cauce Ciudadano, una organización cuya sede se encuentra en la Ciudad de México, encamina su labor al rescate de jóvenes (mujeres y hombres) víctimas del crimen, juventudes en riesgo y a la recuperación a nivel comunitario y educativo.

El pasado domingo, en la alcaldía Gustavo A. Madero, los cuerpos de dos personas fueron calcinados frente a la sede de la organización a las cinco y media de la mañana, aproximadamente. Según las declaraciones de sus integrantes, un grupo de personas colocó ambos cuerpos frente a una camioneta perteneciente a la institución y les prendió fuego. Las llamas consumieron el vehículo y, por supuesto, los restos de las personas asesinadas previamente.

Mediante su cuenta de Twitter, Cauce Ciudadano informó lo ocurrido, condenó [enérgicamente] los hechos y aseguró que este tipo de acciones están encaminadas a detener y comprometer el apoyo que se ha otorgado a cientos de víctimas.

Al respecto, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que los cuerpos corresponden a un hombre y una mujer. Abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio y, hasta el cierre de esta columna, continúa recopilando información que ayude con la identificación de los responsables.

En el comunicado realizado por la organización, se exigió protección inmediata para todo el equipo, pues estos actos son una clara intimidación (y amenaza) a su labor y a su integridad. Además, se exigieron las Medidas de Protección Urgente.

Estas medidas, según el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, consisten en: “acciones y medios para resguardar, de manera inmediata, la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de las personas”.

De acuerdo con el director de Cauce Ciudadano, Carlos Cruz Santiago, el diálogo con las autoridades ha sido cordial; sin embargo, afirmó que dichos acontecimientos son una secuela de la espiral de violencia que se vive en la capital del país; misma que se ha negado por tanto tiempo.

Y, tomando en cuenta las palabras de Cruz Santiago, me tomaré el atrevimiento de afirmar que esta situación no solo se vive en la Ciudad de México. La violencia se vive en todo el territorio mexicano. Las amenazas constantes y delitos en contra de las personas defensoras de los Derechos Humanos en el país son una constante.

Eso sin mencionar la falta de interés —no digamos de apoyo— por parte del gobierno a estas organizaciones y, por supuesto, para las víctimas de una violencia que sigue quebrando la delgada capa de hielo bajo la que se ha construido nuestra sociedad.  

Ahora, las organizaciones y las personas dedicadas a defender los derechos humanos lo único que hacen es tratar de contener todo el daño que las instituciones y el Estado per sé no han podido reparar. Dejemos de concebir los derechos humanos bajo una noción de dádivas, de algo que se otorga a unas cuantas personas, mientras otro porcentaje mucho mayor se esfuerza por lograr una garantía mínima de lo que le corresponde.

Violencia Digital

El pasado lunes, la organización social Luchadoras publicó un informe sobre la violencia digital que se vive en el país, el limbo de las investigaciones y la falta de justicia en crímenes relacionados con las nuevas tecnologías. En él, se recapitularon los avances y obstáculos que se ha tenido a partir de la aprobación de la Ley Olimpia en 28 estados del país.

Los calificativos para describir los resultados son varios, para esta columna elegí: lamentables y desoladores. Mediante una investigación, basada en solicitudes de información principalmente, Luchadoras encontró que el 83% de las carpetas de investigación por la difusión de imágenes sin consentimiento sigue en trámite.

Aunque usted no lo crea, la práctica de difundir fotografías o videos y el acoso digital son prácticas recurrentes. Por eso, la aprobación de la Ley Olimpia en el país era tan importante y tan urgente. Sin embargo, esta misma ley no sirve de mucho cuando el personal encargado de investigar y llevar el debido proceso no está capacitado para atender las denuncias ni sensibilizado con el tema.

La criminalización y revictimización de las mujeres también es una práctica cotidiana, no solo en las conversaciones entre familiares o amistades; sino por parte de las autoridades. El proceso para denunciar acoso en el Ministerio Público puede llevar más de 18 horas, en promedio. Durante las cuales, las mujeres son cuestionadas y criminalizadas por su forma de vestir, su forma de hablar, por viajar solas e, incluso, por usar el transporte público a esa hora del día.

Cuando se trata de violencia digital, la situación no mejora. La culpa y la responsabilidad de lo sucedido recae en las mujeres: por ejercer su sexualidad libremente, por confiar en quien no debían, por publicar cierto contenido, entre otras.

Para abordar la violencia de género en todas las esferas en las que se ejerce, se necesita una perspectiva diferente. Necesitamos personas especializadas en el tema, que comprendan la magnitud de los delitos. Necesitamos recursos para investigar y castigar a quienes estén involucrados. Necesitamos autoridades que se preocupen por resolver estos delitos, que dejen de minimizar los daños hacia las víctimas porque “nada más era una fotografía”.

El machismo y la misoginia están implícitos (explícitos, para ojos entrenados) en todas las áreas que conforman nuestra sociedad. Las mujeres estamos en riesgo constante de ser violentadas en todas las etapas de nuestro desarrollo. Es tiempo de voltear a ver el problema con la seriedad que merece, no solo en la teoría y en las leyes.

Ya es hora:

arendy.avalos@gmail.com

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