Juego de Manos - Guacamayas vs. gansos

Las Fuerzas Armadas estuvieron presentes dentro de la agenda de la semana pasada y, aunque el foco a estas instituciones de seguridad no ha sido atípico en los tiempos cercanos, en esta ocasión no se teorizó sobre escenarios futuros derivados de acciones presentes, ni de la importancia de su fortalecimiento (o freno), ni de debates en torno a sus responsabilidades y facultades. En este caso, fue la vulnerabilidad de la seguridad digital de la Secretaría de la Defensa Nacional lo que llegó al oído de quienes se informan día con día respecto al acontecer del país.

Y es que, para la mala fortuna de la Secretaría —y la imagen de fortaleza impenetrable que esta y todas las corporaciones dedicadas a la seguridad buscan tener— un grupo de hacktivistas denominado “Guacamaya” filtró 6 terabytes de información confidencial (es decir, lo equivalente a miles de horas de video, millones de fotografías o decenas de millones de documentos) que contenían, dentro de otras cosas, conversaciones privadas, correos electrónicos y —lo que más llamó la atención pública— documentos referentes al estado de salud del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que retratan un momento delicado a inicios de este año. Esta información ha sido confirmada por el propio mandatario federal quien, en otro momento, declaró que no se perseguirá a las personas encargadas de esta filtración masiva de información, puesto que a las y los habitantes no les gustan los actos de castigo.

Más allá de filias y fobias, centremos nuestra atención en lo que implica la vulneración de esta información, tomando en cuenta el sitio de donde proviene. Por un lado, las investigaciones con tintes políticos que se asegura han sido reveladas—que, vale la pena mencionar, no son nuevas ni exclusivas del gobierno mexicano en turno— son un punto de atención para quienes analizan el derecho a la libre expresión. Sin embargo, por el otro no debemos perder de vista que, dentro de este compilado de documentos, existirán nombres de personas cuya vida podría estar en riesgo por la naturaleza de su profesión, así como la de sus familias y personas cercanas; así como investigaciones en curso en torno a corporaciones criminales y rutas delictivas.

Lo delicado de este caso va más allá de la imagen presidencial o del gobierno en turno y sus Secretarías de Estado. La transparencia y el acceso a la verdad son derechos fundamentales, pero, entre la realidad y la utopía, hay vidas de por medio. Hasta el momento, la información se ha liberado a cuentagotas y únicamente a personas específicas; no obstante, una vez que esta ha salido de la fuente y ha sido anunciada a nivel nacional e internacional, se encuentra en riesgo su secrecía. Se debe actuar con discreción y prudencia.

Por cierto

Hablando de Derechos Humanos, el pasado 28 de septiembre se conmemoraron dos fechas importantes en la materia. Primeramente, el Día Internacional del Acceso Universal a la información, que tiene como finalidad visibilizar y promover los derechos al acceso a la información y a la libre expresión. En el contexto presente, donde el ejercicio periodístico es un riesgo y las amenazas en contra del gremio (provenientes de la delincuencia organizada y, lamentablemente, de figuras públicas) están al orden del día, vale la pena hacer hincapié sobre la necesidad de que este derecho sea garantizado, puesto que tiene injerencia directa en el derecho de las personas al acceso a la verdad, a las ideas y forma parte inamovible de nuestra democracia.

Ese mismo día se conmemoró el Día de Acción Global por un aborto Legal y Seguro, fecha marcada en el calendario desde finales del siglo pasado. Ante ello, se debe tener presente que la interrupción voluntaria del embarazo es un derecho humano reconocido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, a su vez, su penalización ha sido determinada como una acción inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En el año 2011, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estuvo sujeta a una reforma trascendental a su artículo 1º, en el cual se establece de manera explícita el derecho de todas las personas al respeto de sus derechos humanos, reconocidos dentro de la Carta Magna y en los tratados internacionales en los cuales nuestro Estado forma parte, con lo que se institucionaliza su protección y garantía. En ese sentido, el Estado Mexicano ha adoptado su marco normativo interno a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con lo que los primeros 30 artículos de su Carta Magna están centrados en la garantía de estos derechos para todas y todos sus habitantes.

Así, el Estado está obligado a establecer las condiciones necesarias para que las y los habitantes puedan gozar de sus derechos humanos. Los derechos que en algún momento fueron idealizados por un grupo de personas que cuestionaban las restricciones de sus tiempos, mientras que abogaban por derechos natales de todas las personas; se convirtieron en Convenciones, Declaraciones y Tratados suscritos e implementados por las naciones alrededor del globo. Las demandas sociales se convirtieron en garantías para las sociedades del futuro.

La sociedad evoluciona por su propio ímpetu:

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