Economía, Morelos, COVID19 e incapacidad

Han pasado tres meses del cierre de empresas y negocios. La actividad económica se ha detenido drásticamente, muchas personas han perdido su empleo, cientos de negocios tendrán que cerrar de forma definitiva al no tener un ingreso que les permita cubrir los gastos para su funcionamiento y cubrir su plantilla laboral.

No solo el problema de la inseguridad ha afectado a los 110 mil negocios que existen en Morelos (INEGI censo económico de 2017), ahora se suma la pandemia de COVID-19 que ha afectado a la mayoría de los negocios. De las 110 mil unidades económicas, 46,627 (42.35%) se dedican al comercio minorista, le siguen otros servicios con 16,648 (15.1%), servicios de hospedaje y preparación de alimentos y bebidas con 15,880 (14.4%) así como 10,398 (9.4%) negocios o industrias que se dedican a la manufactura.

De los más de 110 mil negocios que hay en Morelos, la mayor parte de ellas, son empresas que tienen hasta cinco empleados y representan el 90% de los negocios, de seis a 10 empleados son el 5.5%, el resto tiene más de esta cifra. Por lo tanto, la mayor parte de las empresas en Morelos son microempresas que se dedican al comercio y representan un alto número de empleos en nuestro estado.

En 2015 el INEGI estimaba cerca de 1.9 millones de habitantes en Morelos, de ellos 802 mil están en capacidad de trabajar y de ellos, 766 mil habitantes (95.48%) están ocupados en un empleo, el resto, es decir, 36 mil personas no tienen empleo. La mayor parte de la población ocupada se dedica al comercio y servicios diversos (45.5%), seguidos de quienes trabajan en gobierno, o son profesionistas, técnicos y administrativos (25%), quienes se dedican al trabajo en la industria representan el 20.5% y trabajadores agropecuarios el 8.1%

Ante la magnitud de la situación económica que se vive, se esperaría que las autoridades gubernamentales se mostraran preocupados y ocupados por ayudar a las personas y empresas a mantener su trabajo e ingresos que les permitan mantener a sus familias. Desafortunadamente la respuesta de los municipios y del gobierno estatal ha resultado pobre, no parece tener una estrategia seria y estratégica para impulsar la economía. Los recursos que ha puesto a disposición de las empresas son recursos federales (insuficientes) por cerca de 300 millones de pesos.

Hasta el 26 de junio, el Fondo Morelos había tramitado o entregado 331 créditos por 381 millones de pesos en dos programas, el primero denominado PE COVID19 del cual se han beneficiado 116 empresas a las cuáles se les otorgaron 10 millones de pesos en total y el segundo programa de créditos es de NAFIN, del cual hasta el mes de junio se han entregado o tramitado 371 millones para 197 empresas. La mayor parte de las empresas que han recibido crédito son de Cuernavaca con 185 créditos que suman 226 millones de pesos, le sigue Jiutepec con 28 empresas que suman 52 millones, Cuautla con 11 empresas que suman 11 millones, Emiliano Zapata con 6 créditos y suma de 10 millones lo mismo que Temixco y Tepoztlán, pero con 7 y 6 empresas. Se incluyen también Jojutla, Xochitepec, Tlaquiltenango, Ayala, Zacatepec, Puente de Ixtla, Yautepec, Tlaltizapán, Zacualpan, Yecapixtla y Tlayacapan que tienen menos de 7 créditos.

Los 313 créditos y 300 millones de apoyo en créditos que tendrán que ser reintegrados en los siguientes meses, parecen una muestra del poco interés del gobierno estatal en recuperar la economía del estado. Al igual que el gobierno federal se deja a las propias empresas que solucionen sus problemas, a salvarse por sí mismas, como si el propio gobierno no dependiera de los impuestos que pagan las empresas y los trabajadores. El problema del COVID19 no fue ocasionado por los funcionarios, pero cada día se vuelven actores que agudizan la crisis económica del estado y del país. Su mala atención en el combate de la pandemia, su mala información o información a medias, su incapacidad de dotar de insumos al sistema médico y su falta de capacidad para atender y apoyar a las personas y sus fuentes de ingresos aumentará la pobreza, desigualdad e inseguridad.

A la incapacidad gubernamental en el estado, se le suma la división política que no permite la coordinación entre los municipios y la operación de programas sociales para la atención de las familias que no cuentan con alimentos suficientes. A la incapacidad gubernamental se le suma la inactividad política del Congreso y el Poder Judicial que en lugar de atender los asuntos que le corresponden en áreas de redirección y fiscalización de recursos o bien de atención de la justicia, permanecen cómodos en medio de la crisis que vive el estado. Al menos lo que ya sabemos es que los ciudadanos no contamos con ellos y debemos buscar las soluciones entre nosotros mismos. ¡Pobre Morelos!

Roberto Salinas Ramírez