Observador político - La debacle del TSJ de Morelos

La reciente crisis que azota al Poder Judicial de Morelos no es simplemente el resultado de una mala gestión, sino una muestra clara de la corrupción y el favoritismo que han arraigado profundamente en las estructuras del poder en nuestra entidad, impulsadas por los integrantes de la Legislatura LV que ampliaron el periodo del titular del TSJ y los mismos que, eligieron en medio de un proceso desaseado a sus amigos como magistrados y la presunta venta de magistraturas en cinco millones de pesos.  

DEBEN FRENAR DIPUTADOS ELECCIÓN DE MAGISTRADOS.- Y pese a ello, los promotores de esta crisis que no son otros que los diputados de la Legislatura LV, debido a que ellos autorizaron la ampliación de 2 a 4 años de Luis Jorge Gamboa Olea, y son los mismos, desafortunadamente, quienes designaron de forma burda a sus “cuates” es decir, a varios de sus trabajadores sin dejar pasar que hubo señalamientos de presuntas acusaciones por la venta de magistraturas en el Poder Judicial de Morelos.

Y fue tan real esta presunta venta de magistraturas que la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, inició una carpeta de investigación sobre el caso. Fue un vil cochinero el que hicieron los legisladores quienes por fortuna y gracias a Dios ya se van, aunque antes de decir adiós, ya se relamen los bigotes porque quieren elegir otra vez, para  continuar con su negocio y elegir a otros dos magistrados que hacen falta en el Tribunal Superior de Justicia y dos más del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por lo tanto, sería sano, que ya dejaran ese tipo de acuerdos que es para lo único que se ponen de acuerdo los actuales diputados, sin importarles la parálisis legislativa en la que se han visto inmersos y solo, a través de sus intereses económicos y acuerdos políticos que les benefician, es cuando logran increíblemente, una coincidencia pocas veces vista en la presente legislatura. El pueblo de Morelos les agradecerá que terminen y concluyan su periodo, sin embargo, deben pensar en el daño que le ocasionaron a la sociedad con los yerros cometidos en su trienio y decidan, de forma sabia, que sean los de la Legislatura LVI quienes elijan a estos cuatro togados que faltan del TSJ y TJA para evitar seguir haciendo tanto daño, porque seguro estamos, que otra vez la designación sería con el mismo método sin elegir a los más aptos y preparados entre los profesionistas del derecho.

EL ORIGEN.- El pasado junio del 2023, los diputados del Congreso de Morelos, pertenecientes a una legislatura ya en el olvido, tomaron la decisión de modificar las leyes constitucionales para otorgar un regalo envuelto en falsos pretextos al magistrado Luis Jorge Gamboa Olea, extendiendo su mandato en la presidencia del Poder Judicial de Morelos de dos a cuatro años. ¿La razón detrás de esta jugada política? Simplemente el amiguismo y los favores entre camaradas. Es evidente que estos diputados, lejos de velar por los intereses del pueblo, optaron por satisfacer sus propios intereses y los de sus allegados, socavando así la integridad de una institución vital para el Estado de Derecho.

No es sorprendente, entonces, que los mismos diputados eligieran a sus amigos y colaboradores como magistrados, creando así un entorno propicio para la mediocridad y la falta de imparcialidad. La situación ha llegado al punto en el que estos magistrados nombrados a dedo se encuentran enfrentados con el titular del Tribunal Superior de Justicia, sumiendo al Poder Judicial de Morelos en un caos sin precedentes.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos intentó, en su momento, impugnar estas acciones consideradas como actos de inconstitucionalidad, recurriendo a la máxima autoridad judicial del país. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación validó la vergonzosa maniobra, dejando al descubierto la fragilidad de nuestro sistema de justicia frente a los intereses mezquinos de unos pocos.

Lo cierto es que la gestión de Jorge Gamboa Olea ha sido un desastre y su negligencia ha alcanzado niveles alarmantes, como lo demuestra su reciente omisión en expedir una convocatoria justa y transparente, prefiriendo invitar a dedo a individuos a modo. El resultado de esta acción unilateral ha sido devastador: el 17 de mayo del presente año, el 81% de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Morelos brillaron por su ausencia en su informe.

El desempeño del Poder Judicial de Morelos se encuentra en el sótano de las estadísticas nacionales en materia de impartición de justicia. La pregunta que todos nos hacemos es: ¿cuándo dejará de ser un lastre para la sociedad? Es evidente que mientras individuos como Jorge Gamboa Olea sigan al mando, la respuesta será "nunca". Es hora de que el pueblo exija cuentas a aquellos que han traicionado su confianza y han sumido a nuestra entidad en la oscuridad de la injusticia y la corrupción.

LA OPACIDAD EN EL TSJ.- A pesar de las crecientes manifestaciones y acciones de los magistrados que exigen un cambio en la dirección del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el presidente en funciones, Luis Jorge Gamboa Olea, parece decidido a aferrarse al poder, haciendo caso omiso de las llamadas a la transparencia y la renovación.

La ampliación de su mandato por única ocasión, aprobada por el Congreso del estado, ha generado una ola de descontento y desconfianza entre la comunidad jurídica y la ciudadanía en general. ¿Qué mensaje envía esta decisión? ¿Acaso la perpetuación en el poder es más importante que la rendición de cuentas y el respeto a los principios democráticos?

En una entrevista reciente, Gamboa Olea intentó justificar su posición asegurando que su trabajo está en beneficio de los morelenses que buscan justicia pronta y equitativa. Sin embargo, sus palabras no logran ocultar la falta de legitimidad y la sombra de duda que rodea su gestión.

Es hora de que el Poder Judicial de Morelos vuelva a ponerse del lado de la ciudadanía y de los principios democráticos. La persistencia de Gamboa Olea en su cargo solo perpetúa la opacidad y la falta de confianza en nuestras instituciones. Es responsabilidad de todos exigir un cambio real y una renovación verdadera en el liderazgo judicial de nuestro estado.

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