Observador político - Bomba de tiempo por el transporte

En el ocaso del gobierno de Cuauhtémoc Blanco, el sector del transporte se ha convertido en un campo de batalla, dado que el conflicto social en torno al incremento del pasaje se encuentra al borde de la explosión, justo cuando Margarita González Saravia está a semanas de asumir la administración estatal.

¿AÑO DE HIDALGO EN SMyT? La pregunta que surge como ya es una tradición y cíclico cada seis años, continuara el famoso “Año de Hidalgo” pero ahora en la Secretaría de Movilidad y Transportes (SMyT), donde los últimos días de un gobierno se caracterizan por el saqueo y la corrupción desenfrenada.

A pesar de los presuntos acuerdos entre la administración saliente y los transportistas para un segundo aumento en la tarifa mínima, el gobernador Blanco Bravo declaró desconocer tales pactos. Esto ha intensificado las tensiones y desenterrado una serie de denuncias de corrupción en la SMyT, que dirige Eduardo Galaz.

Según Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte, los actos de corrupción en la SMyT no son solo rumores; son una realidad palpable que refleja la podredumbre administrativa de la gestión actual.

Hay que recordar que Eduardo Galaz está bajo el escrutinio de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, encabezada por José Blas Cuevas Díaz, y de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, dirigida por Juan Salazar Núñez. La investigación y auditoría especial se centran en presuntos malos manejos financieros, entre ellos la falta de pago para las placas de los automovilistas que ya habían cumplido con el procedimiento. Este caso ilustra cómo la falta de transparencia y la corrupción sistémica han afectado directamente a los ciudadanos.

El panorama se agrava con la aparición de prácticas ilícitas, como la venta clandestina de concesiones para rutas y taxis, y la proliferación de “coyotes” o gestores que operan con la supuesta complicidad de Eduardo Galaz; estos “coyotes” no solo se enriquecen a expensas de los ciudadanos, sino que también contribuyen a un entorno de impunidad y desorden en la SMyT.

Resulta imperativo que la nueva administración de Margarita González actúe con rapidez para desactivar esta bomba de tiempo, más porque la presión ejercida por los líderes del transporte para exigir un aumento en el pasaje podría atrapar a la nueva administración en un conflicto con las autoridades salientes. Los ciudadanos, quienes hoy marcharán en señal de repudio al aumento del costo del transporte, demuestran que están cansados de ser víctimas de decisiones que les afectan directamente sin consultarles ni considerar sus necesidades.

El rechazo a cualquier incremento en el pasaje no solo es un grito de desesperación frente a la crisis actual, sino también una defensa de los sectores económicos más vulnerables: un aumento en el pasaje será un golpe devastador para las familias trabajadoras que ya luchan por llegar a fin de mes, por lo que es crucial que la administración entrante se aleje de las prácticas corruptas y actúe con justicia para proteger a quienes más lo necesitan.

Cierto es que la administración saliente está dejando una herencia envenenada que debe ser abordada con urgencia, es decir, casos como la corrupción y la falta de consideración por las necesidades de los ciudadanos no pueden ser el legado que se deje para el nuevo gobierno; la lucha por un transporte justo y accesible debe ser una prioridad para cualquier administración que se respete a sí misma y a su pueblo.

¡QUE LES RETIREN LAS CONCESIONES!- En los últimos años, la ciudadanía ha sido testigo del desmoronamiento de la confianza en las instituciones locales, con los tres poderes de gobierno—Ejecutivo, Legislativo y Judicial—mostrando un preocupante nivel de excesos y abusos; en este contexto de descontento generalizado, surge un nuevo foco de protesta: el posible aumento en la tarifa mínima del transporte colectivo.

Hoy, la movilización social promete ser un claro grito de resistencia ante las maniobras oscuras que amenazan con incrementar el costo del transporte, mientras se perpetúa el control de unas pocas familias sobre las concesiones y la cual será encabezada por el regidor electo en Cuernavaca por Morena, Gabriel Rivas Ríos, quien además es vocero de la organización Gustavo Salgado, encarna el clamor popular contra cualquier intento de subir la tarifa mínima.

Él, argumenta que la ciudadanía, cansada de la injusticia y el desdén gubernamental, demanda que el gobierno del Estado actúe de manera decidida, retirando las concesiones a transportistas que han demostrado ser parte del problema y otorgándolas a conductores que realmente necesitan y desean trabajar; esta medida, argumenta Gabriel Rivas, no solo evitaría la concentración de concesiones en manos de unas pocas familias, sino que también promovería una distribución más equitativa y justa en el sector.

La marcha programada para esta tarde no es solo una expresión de descontento; es una exigencia de una revisión exhaustiva del sistema de transporte; los organizadores exigen un estudio socioeconómico profundo que no se limite a evaluar las necesidades de los transportistas, sino que también considere la situación económica de la población en general; en medio de una crisis económica que golpea a las familias trabajadoras, la idea de un incremento en el pasaje es una amenaza directa a su ya frágil estabilidad financiera.

Rivas Ríos también denuncia el carácter predatorio del actual sistema de concesiones, que se ha convertido en un negocio familiar desde su reforma en los años 80 por Lauro Ortega Martínez; las concesiones están en manos de unas pocas familias, como los Rivera Jaimes y Aurelio Carmona, que han acumulado riqueza a expensas del pueblo. La falta de renovación y el estado deteriorado de las unidades reflejan la negligencia crónica que el gobierno ha permitido durante años, priorizando el lucro sobre la calidad del servicio y el bienestar de los ciudadanos.

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