Día del niño y la niña más que un día de festejo, un día de reflexión.

En opinión de Valeria Martínez Guzmán.

Día del niño y la niña más que un día de festejo, un día de reflexión.

La idea de celebrar el "Día del niño" surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU se reunió en Ginebra, Suiza. Ahí se decidió reafirmar los derechos de los niños, mediante la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención Sobre Los Derechos del Niño.

En nuestro país existen antecedentes de que en 1924, siendo José Vasconcelos,  secretario de Educación Pública celebró por primera vez el Día del Niño, exhortando a todas las instituciones a fomentar la fraternidad y la comprensión hacia esta población, así como a desarrollar actividades para la promoción de su bienestar de sus derechos.

México se ubica entre los diez países más poblados del mundo. De acuerdo con el censo del año 2020, tiene una población de aproximadamente 126.014 millones de habitantes. Según las cifras del propio censo, había 39.63 millones de niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años, cifra que equivale a 31.5 % de la población nacional.

 

La evolución jurídica de la figura de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos ha sido un proceso largo. En la actualidad, hay consenso respecto al reconocimiento de que este sector es titular de derechos, con autonomía propia y con capacidad para tomar sus propias decisiones. Esto abarca la prerrogativa de emitir sus opiniones en todas aquellas resoluciones que les involucre.

Esa perspectiva es de reciente creación ya que es consecuencia de una larga deliberación; la cual permite entender que la niñez no es una etapa de transición a la vida adulta sino, que la infancia y la adolescencia son, en sí mismas, formas de ser persona. En consecuencia, no pueden ser definidas a partir de la dependencia o subordinación a la gente adulta.

Gracias a los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, fue que comenzó la discusión sobre la necesidad de reconocer que la infancia posee autonomía que debe ser un reconocimiento constitucional. Esta perspectiva permitió que se dejara de ver a las niñas, niños y adolescentes como objeto de protección para dar paso a verlos como titulares de derechos. Esta nueva visión implicó reconocer que la niñez goza de una esfera de potestades oponibles a terceros.

Esto demuestra que la evolución del reconocimiento de la infancia y adolescencia como titulares de derechos ha sido un proceso jurídico largo que ha modificado nuestro sistema constitucional.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala en su artículo 4, párrafo 9, que: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez”.

En 2014 fue promulgada la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de reconocerle a la infancia y adolescencia la titularidad de derechos, dando mayor énfasis a los derechos especiales de los que gozan por su nivel de desarrollo; y principalmente por su edad. La importancia de esta ley, radica en que nuestro país por primera vez reconoce un catálogo de derechos, se crean instituciones que tienen la función de garantizar el cumplimiento de sus derechos, tal es el caso de las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes o la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Dicha ley, con los derechos que reconoce y las instituciones que crea, constituyó un hecho sin precedentes en la historia de nuestro país buscando transformar profundamente los derechos de niños y adolescentes en México.

 

No obstante lo anterior, y a pesar de que el interés superior de la infancia es un derecho fundamental y de que existe una ley general en la materia; las infancias de nuestro país se encuentran vulnerables y desprotegidas aunado a la terrible y profunda desigualdad que se vive.

 

Nuestra niñez esta expuesta a los niveles de violencia que existen en México y, particularmente, las reiteradas y generalizadas prácticas de agresión, maltrato, abuso y violencia que se ejercen cotidianamente en su contra.

Una muestra clara de esta exposición es el homicidio doloso como indicador para aproximarse a las condiciones de violencia en un país. Desde esa perspectiva, el índice de los derechos de la niñez señala que entre los años 2016 y hasta el mes de junio de 2021, el INEGI reporta 7,752 niñas, niños y adolescentes de cero a 17 años que habían perdido la vida por lesiones causadas de manera intencional.[1]

A pesar de la existencia de un marco jurídico que busca proteger a las niñas, niños y adolescentes, la distancia entre la realidad jurídica y la realidad social es abismalmente lejana. Debemos replantear la perspectiva y generar conciencia de que los niños, niñas y adolescentes son titulares de derechos; por ello la titularidad y garantía de sus derechos no deben ser abordados desde una perspectiva simplista. Las infancias no pueden esperar, es urgente redefinir prioridades para dar paso a un nuevo Estado de Bienestar en el cual sea la niñez el centro de todas las desiciones.

México fue y sigue siendo un país inapropiado para la niñez, pues existe un incumplimiento generalizado de sus derechos.

La infancia es la reivindicación misma, de la vida y la esperanza en el porvenir de la nación.

 



[1] Índice de los derechos de la niñez, 2022. Cinco años de incumplimiento de derechos.