Deudores alimentarios quedan Impedidos de entrar a comicios
Tampoco, los violentadores de género, dijo Gilberto González
Ello debe hacerse con un control basado en sentencias confirmadas
Gerardo Suarez Dorantes 
Un exhorto a las autoridades electorales y del Poder Judicial acumplir rigurosamente con las disposiciones constitucionales para prevenir la participación de deudores alimentarios y personas con sentencias por violencia de género en futuras elecciones y nombramientos de cargos de elección popular, hizo Gilberto González Pacheco, presidente de la Barra de Abogados Electorales en el Estado de Morelos.
González Pacheco expresó su preocupación por la situación actual en Morelos y subrayó la importancia de un mayor control basado en sentencias confirmadas tanto para los agresores de género como para los deudores alimentarios.
Recordó que si bien no es sencillo aplicar estas restricciones en el contexto de candidaturas, destaca que es esencial el tener que revisar de forma minuciosa el historial de cualquier individuo que aspire a un cargo de elección popular o designación.
"Tenemos cientos de funcionarios en Morelos que podrían caer bajo estas categorías, y no solo se trata de cargos de elección popular, sino también de cargos de designación", señala González Pacheco.
Asimismo, subrayó la necesidad de aplicar esta restricción a los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los 36 ayuntamientos en el Estado de Morelos, para garantizar que no se contrate a personas que estén en estas situaciones como lamentablemente ocurre actualmente en varias dependencias.
El presidente de la Barra de Abogados Electorales hizo un llamado a las mujeres que enfrentan situaciones en las que sus exparejas se nieguen a otorgarles la pensión alimentaria, así como a las víctimas de delitos de género, a denunciar automáticamente a los responsables.
Puntualizó que esto se hace necesario para evitar que estas personas intenten convertirse en representantes populares a través de los distintos partidos políticos, por lo que subrayó que es crucial llevar a cabo investigaciones exhaustivas para prevenir esta posibilidad.
Dicha iniciativa busca fortalecer la integridad de los procesos electorales y los cargos públicos, con el fin de proteger a las víctimas y garantizar una participación política libre de conflictos de interés y situaciones de violencia de género.
