Aumento financiero a CDHM no debe ser para el gasto corriente
Gerardo Suarez Dorantes 
En la 55ª legislatura, el Congreso del Estado de Morelos otorgó un incremento presupuestal al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Israel Hernández Cruz, pero este no fue utilizado para actividades en beneficio de los derechos humanos, sino para la mejora de las condiciones del titular de la institución, así lo señaló el director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, Roberto Salinas.
Roberto Salinas destacó que en 2022, la Comisión de Derechos Humanos de Morelos recibió un aumento de 14.8 millones de pesos (un 88% de incremento), sin embargo, el dinero no fue destinado a su propósito original, como ejemplo, mencionó que en ese mismo año la Comisión adquirió una camioneta Jeep Grand Cherokee por un total de 1.7 millones de pesos, lo que representó el 5.4% del presupuesto total de la Comisión.
Ante este escenario, Roberto Salinas hizo un llamado a las autoridades, ya que en 2025, la Comisión ha propuesto un aumento del 26% a su presupuesto, lo que representa 9.4 millones de pesos adicionales.
En este contexto, la determinación de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será clave. Los ministros han determinado que el presupuesto destinado a la Comisión de Derechos Humanos de Morelos debe ser utilizado exclusivamente para actividades relacionadas con la defensa y respeto de los derechos humanos, y no para gastos corrientes ni para la adquisición de vehículos, tal como ocurrió hace dos años con la compra de la camioneta.
Por tanto, el director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas subrayó que es fundamental que el presupuesto asignado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos sea utilizado de manera transparente y en beneficio de la ciudadanía, priorizando las acciones que fortalezcan la protección de los derechos humanos.
Roberto Salinas dejó claro que no debe repetirse la práctica de destinar recursos para el beneficio personal de los titulares de las instituciones públicas.
Asimismo, insistió en que, con el nuevo incremento propuesto para 2025, el gobierno estatal debe garantizar que los recursos sean destinados a las funciones primordiales de la Comisión, como la atención a víctimas de violaciones de derechos humanos y la promoción de la cultura de la legalidad y el respeto a las garantías fundamentales.
