Alcaldes irresponsables ante congruencia legislativa

Ser juez en materia fiscal como lo es el Congreso del Estado para decidir las cantidades de dinero que deben ser entregadas a cada Poder y a cada municipio no es una tarea fácil por lo intereses que atrás de cada presupuesto de ingresos y egresos se mueven. En especial, los ayuntamientos.

Pero no hay alternativa, porque para mal o para bien y en este caso especial,  más mal que bien, los legisladores tienen la representación del pueblo en tiempos no electorales. En esos señores está el poder del pueblo. Desde luego hemos visto cómo los vicios y corruptelas han sido el diario cotidiano de sus actos y por desgracia ninguno del pasado reciente, que se sepa, está en la cárcel purgando la condena tanto social como legal de sus actos señalados reiteradamente como corruptos.

Pero es que aquí en las esferas del gobierno es la casa del jabonero, porque  el que no cae, resbala, y los presidentes municipales en este caso y solo para tratar ese tema son parte de ese engranaje político que se ha pervertido en la sociedad de Morelos. Piden más dinero, más presupuesto y para eso quieren que al ciudadano se le incremente los impuestos, no hablan, ninguno de los más de 30, de cómo van a hacer para ahorrar y estirar el presupuesto que reciben. No hablan de reducir su planta laboral injustamente excesiva y producto de la actividad política, mas que de la necesidad administrativa, no hablan de autolimitarse y ajustar los salarios y prestaciones a la austeridad tan indispensable para hacer eficiente y funcional la administración pública.

Están los Presidentes Municipales acostumbrados a las canonjías del poder en sus máximas expresiones de abusos. Quienes llegan al poder saben que dispondrán a sus anchas y a voluntad de los recursos públicos y es por eso que se da una lucha feroz en tiempos de elecciones y es por eso que se invierten grandes fortunas y se rodean de una multitud de “colaboradores” que en su momento y una  vez obtenido el triunfo, gozarán de un cargo sin necesitarse, de una aviaduría o de cualquier servicio innecesario que solo recargará los costos abusivos al dinero de los contribuyentes.

Esa es la realidad de los municipios y es el problema por lo que muchos de los presidentes se ven orillados para obtener recursos de sus campañas incluso de recurrir al crimen organizado con tal de ganar. Una vez hecho el triunfo, pagan la cuenta o son sujetos  a las leyes no escritas de los criminales, como lo hemos visto reiteradamente en la entidad. Nos amenazan con tomar las calles si el Congreso no cambia de opinión y se somete a sus caprichos y deseos. Nos amenazan porque a algunos les llega la soga al cuello y no saben qué hacer, mas que hacer lo indebido, tomar la calle que es lo incorrecto, lo que deben de evitar y ser ejemplo de orden y no de desorden. No saben ser austeros, no saben de administración, solo saben de intereses: los suyos.

El Congreso hizo lo justo, aunque hay que reconocer que no es precisamente un buen Congreso por las enormes diferencias irreconciliables que en su interior se mueven y porque en su interior tienen sus serios señalamientos de tipo personal. Desde luego que es sano que existan  diferencias políticas y de criterio, de ahí la necesidad de que discutan, dialoguen y acuerde por mayoría. Hoy que excepcionalmente lo hicieron, las consecuencias de la democracia, saltan a la vista y eso molesta los alcaldes. Todos quieren un Congreso a modo y eso ni es posible ni debe ser posible en una democracia. Por desgracia y aun con lo aprobado, este Congreso está muy lejos de imponer el orden indispensable a la administración de todos los ayuntamientos.

Urge, y se ha dicho hasta el exceso, una ley que limite mínimos y máximos -en base a salarios mínimos- los emolumentos de los funcionarios públicos en general y sin excepción.

Urge que establezcan prioridades en la Ley de Egresos de cada municipio y en base a porcentajes definir  cuáles son los recursos que deben destinarse a la obra pública, cuáles a la administración y cuáles al rubro de endeudamiento.

También urge retirar constitucionalmente esa perversa autorización que se concede a los presidentes para endeudar a los municipios a futuro. Es injusto. Toda deuda que se contraiga debe ser saldada dentro de su administración y esto no se practica, al contrario, se elimina deliberadamente y los daños están a la vista. Urge que los ayuntamientos establezcan un programa de liquidación de laudos y limitar desde la ley  facultades de despido y de contratación de nuevas plazas. También urge su modernización administrativa. No lo harán mientras no sean forzados a hacerlo.

Quieren, eso sí, que los de siempre, los cautivos, los empresarios a los que no protegen de la delincuencia, no protegen del derecho de piso ni de los secuestros y extorsiones, quienes paguen los platos rotos de sus despilfarros.

Sus excesos son tales que incluso violan leyes, como en el caso de la Ley de Coordinación fiscal que les prohíbe en su artículo 10 cobrar por licencias para operar un negocio y les vale, imponen en los hechos los cobros en general cuando solo debe ser por excepción. Quieren todo y no quieren dar nada, anhelan presionar y exigir y no se exigen a sí mismos, así matan la gallina de los huevos de oro (pequeño y mediano empresario) que está languideciendo por los acosos fiscales del gobierno federal y del estatal. Ya están arrodillados con la delincuencia, ¿quieren extinguirlos con más impuestos? ¿No se cansan de abusar?