Acusan al fiscal por el Cefereso de Coatlán internacionalmente
En audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
El ombudsman estatal aseguró que la FGE no exploró líneas de investigación necesarias
Héctor Rangel Terrazas 
Una parte de la responsabilidad en la caótica situación en el Centro Federal de Reinserción Social 16 (Cefereso 16) en la comunidad de Michapa, municipio de Coatlán del Río, Morelos, recae en la Fiscalía General de Morelos, que encabeza Uriel Carmona Gándara. Así quedó establecido en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este martes 12, donde se abordó el asunto.
El ombudsman de la entidad, Raúl Israel Hernández Cruz, y Evangelina Hernández Duarte, coordinadora de Estrategia Institucional de la Secretaría de Gobernación (Segob) expusieron las carencias e irregularidades que han llevado a la muerte de alrededor de dos decenas de internas, por presuntos suicidios y decesos en contextos de sospecha de presuntos feminicidos.
Hernández Cruz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, acusó que, en la mayoría de los casos, la Fiscalía General del Estado, que inicialmente conoció del caso, nunca exploró las líneas de investigaciones necesarias para esclarecer los hechos, limitándose a la apertura de una carpeta y a la recolección de indicios básicos, sin considerar el contexto de vulnerabilidad de las mujeres privadas de la libertad, ni sus antecedentes de salud mental.
También señaló al Estado mexicano ha fallado gravemente en la implementación de medidas de prevención investigación y no repetición, a pesar que diversos organismos de protección de derechos humanos, como la comisión Nacional de los Derechos Humanos o el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han emitido recomendaciones e informes, los cuales no han sido atendidos, ni se ha mejorado la situación.
“Posteriormente las investigaciones fueron remitidas a la Fiscalía General de la República, sin que se conozca el avance de las mismas. Aunado a esto, las familias de las mujeres fallecidas en el Cefereso 16 han manifestado que no se les ha brindado información clara, ni detallada sobre las investigaciones, ni han recibido información suficiente sobre los servicios de atención a víctimas ni sobre el estado de los casos”, estableció.
Por su parte, Evangelina Hernández, de la Segob, apuntó al Poder Judicial de la federación, actualmente en una vorágine de reforma profunda e inédita, por las sentencias desproporcionadas y sin perspectiva de género “que emiten los jueces y magistrados”.
“Esta situación demanda la participación activa de la Defensoría Pública Federal, ya que se tienen testimonios del abandono de los casos… La falta de comunicación que les genera desesperanza al no conocer el estatus de sus procesos y la falta de promociones para garantizar su derecho a la justicia, además de las sentencias desproporcionadas y sin perspectiva de género que emiten los jueces y magistrados del Poder Judicial”, apuntó la funcionaria federal.
