Universitarios analizan políticas públicas de frente a las desapariciones forzadas
Redacción
Los gobiernos han incumplido con su obligación de prevenir y localizar a las personas desaparecidas en México, afirmó Hermelinda Ruiz Compeán, madre buscadora del estado de Nayarit, al participar en el Conversatorio para la Paz. Los derechos humanos y las políticas públicas frente a la desaparición forzada, que realizó la Procuraduría de los Derechos Académicos (PDA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) durante la semana pasada.
En el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), se reunieron expertos en el tema de derechos humanos y las madres buscadoras en México expusieron sus puntos de vista sobre la desaparición forzada, la falta de políticas públicas para erradicarla y la falta de una legislación en México que prevenga este fenómeno.
En la apertura, Hermelinda Ruiz Compeán, madre que busca desde hace 15 años a su hijo Roberto Córdoba Ruiz, desaparecido en Tamaulipas, afirmó que las administraciones que han gobernado el país, incluido el actual, no han cumplido con su obligación de erradicar las desapariciones ni tampoco de crear políticas públicas para localizar o ayudar a localizar a las más de 127 mil personas desaparecidas en México.
La académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), experta en el tema de desapariciones, Estelí Martínez Consuegra, afirmó que existe una complejidad en las más de 127,000 personas desaparecidas en el país, no solo por el intento de ocultar la cifra que sitúa a México como un país peligroso, sino porque también hay niñas, niños y adolescentes desaparecidos, y es un número muy elevado; así como también se registran infancias buscadoras.
El titular de la PDA de la UAEM, Alberto Olivares Brito, destacó que el objetivo del conversatorio fue trabajar de forma colectiva para plantear soluciones concretas, “a través de políticas públicas efectivas que, en primer lugar, fortalezcan la protección de los derechos humanos; en segundo lugar, mejoren la respuesta institucional ante casos de desaparición forzada; y, finalmente, garanticen justicia y acceso a la verdad para las víctimas y sus familias”, dijo.
En el primer día de trabajo también participaron Óscar Valdepeña Mendoza, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del estado de Morelos, y Guadalupe Mancilla Hernández, del Programa de Derechos Humanos de la UNAM.
La clausura del conversatorio en el segundo día de actividades, transcurrió con el conversatorio “Diálogo social e inclusivo en la construcción de políticas públicas efectivas”, con las ponencias de Michelle Alejandra Onofre Díaz, profesora investigadora del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHU) y el profesor Roberto Martínez Regino de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), quienes presentaron análisis y propuestas desde la academia.
Además, Angélica Olivera Balderas, familiar independiente buscadora, proveniente de Guanajuato narró su experiencia como víctima indirecta.
La desaparición forzada es un grave problema en México que ha generado gran preocupación tanto a nivel nacional como internacional. Según datos oficiales, miles de personas han sido víctimas de desaparición forzada en el país, muchas de ellas durante el gobierno de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, aunque el problema persiste en la actualidad.
Las autoridades federales han implementado diversas medidas para abordar este problema. En 2017, se creó la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, que tiene como objetivo localizar a las personas desaparecidas y esclarecer los hechos. Además, el gobierno federal ha establecido protocolos para la búsqueda y localización de personas desaparecidas, y ha brindado apoyo a las familias de las víctimas.
Sin embargo, algunos grupos de la sociedad han criticado duramente la respuesta del gobierno federal ante este problema. Consideran que las medidas implementadas son insuficientes y que la falta de transparencia y rendición de cuentas en las investigaciones es un obstáculo para lograr la justicia. También han denunciado la impunidad en la mayoría de los casos de desaparición forzada y la falta de protección para los defensores de derechos humanos que trabajan en este tema.
Las organizaciones de derechos humanos han señalado que la desaparición forzada es un crimen que puede ser cometido por agentes del Estado o por grupos criminales con la aquiescencia o tolerancia de las autoridades. También han destacado la importancia de investigar y sancionar a los responsables de estos crímenes, así como de brindar apoyo y justicia a las víctimas y sus familiares.
La búsqueda de personas desaparecidas es un proceso complejo y doloroso para las familias y amigos de las víctimas. La incertidumbre sobre el paradero y el destino de sus seres queridos genera un gran sufrimiento y angustia. Las organizaciones de la sociedad civil han jugado un papel fundamental en la búsqueda de personas desaparecidas y en la exigencia de justicia y verdad para las víctimas.
La reciente creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas es un paso importante para centralizar la información y mejorar la búsqueda de personas desaparecidas en México. Este registro permitirá tener un panorama más claro de la magnitud del problema y facilitará la coordinación entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil para abordar este grave problema.
